HÉCTOR JOSUE GARCÍA MEDRANO y Otros.

Expediente 331/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
331/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • HÉCTOR JOSUE GARCÍA MEDRANO y Otros.
  • Héctor Josue García Medrano
  • Juez Segundo de lo Penal y de Preparación Penal del Estado de Nuevo León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, residente en Monterrey, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, así como dos cuadernos de pruebas, y del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número 532/2018; además como lo solicita, remítasele los otros dos cuadernos de prueba que obran en este Juzgado. En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el exhorto 307/2018, procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, recibido vía electrónica, por el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 356/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, remitido para notificar al quejoso .... el proveído de uno del actual; sin necesidad de acusar recibo del medio de comunicación, en virtud de que fue recibido vía SISE, por el que se generó el acuse respectivo. Dese de baja este medio de comunicación, en el libro oficial respectivo.

  3. Principal

    MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio suscrito por la Juez Segundo de lo Penal y de Preparación Penal del Estado, residente en Monterrey, Nuevo León, por el que remite copia certificada de las constancias que integran la causa penal 43/2013 acumulada al expediente 554/2015, así como copia certificada de diversas constancias relativas a la solicitud de orden de arraigo del quejoso... Con las constancias adjuntas, y a efecto de facilitar su manejo, fórmense los anexos I y II, respetándose folio, rúbrica y entresello; las cuales, dada su voluminosidad no se digitalizarán, por lo que en términos del artículo 91 del "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal". En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que el quejoso ....., reclama del Juez Segundo de lo Penal y de Preparación Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en San Pedro Garza García, las órdenes de arraigo dictadas en su contra dentro del expediente 43/2013-VII. Asimismo, de las constancias recibidas, se advierte que es cierto el acto reclamado, toda vez que en la citada causa penal 43/2013 acumulada al expediente 554/2015, con fecha diecinueve de marzo de dos mil trece, el Juez Segundo de lo Penal y de Preparación Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con sede en San Pedro Garza García, decretó medida precautoria de arraigo contra el aquí quejoso HÉCTOR JOSUÉ GARCÍA MEDRANO y otros, por el plazo de treinta días (fojas 51 a 62 anexo II), y por diversa data de dieciséis de abril del citado año dos mil trece, se prorrogó la citada orden de arraigo por un plazo de quince días más (foja 76 anexo II), arraigo que fue ejecutado en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, ubicadas en Avenida Gonzalitos número dos mil trescientos, colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, Nuevo León (fojas 50, 63 y 77 anexo II). Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención, esto es, de quien previno primero en el conocimiento del asunto. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que como ya se indicó el peticionario del amparo, esencialmente, reclama a través del presente juicio de amparo las órdenes de arraigo dictadas en su contra dentro del expediente 43/2013-VII, por el entonces Juzgado Segundo de lo Penal y de Preparación Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado (actualmente Juez Segundo de lo Penal y de Preparación Penal del Estado, residente en Monterrey, Nuevo León), y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte, que dicha orden de arraigo tuvo ejecución en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, ubicadas en Avenida Gonzalitos número dos mil trescientos, colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, se ejecutó en Monterrey, Nuevo León, y de ninguna manera dentro de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realizó. En apoyo a lo anterior se cita la ejecutoria sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Ahora bien, en términos del punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, lugar donde se ejecutó el acto reclamado. En tales condiciones, al haber quedado de manifiesto que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecutó el acto reclamado, esto es, en Monterrey, Nuevo León, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, último párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por .... ; por ende, se ordena remitir al Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno, en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al que se estima competente; para lo cual remítase el presente juicio de amparo, así como los anexos I y II. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes correspondiente. A fin de notificar este proveído a... , quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "ORIENTE", con residencia en Villa Aldama, Veracruz; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto vía SISE al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, residente en Xalapa, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a HÉCTOR JOSUÉ GARCÍA MEDRANO, por lo que se le solicita tenga a bien ordenar deducir copia certificada de este auto para efecto de entregarla al requerido, y sin que se estime necesario acusar recibo, en atención a que éste se consulta electrónicamente. Hecho que sea lo anterior, devuelva por la misma vía la comunicación oficial respectiva. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de octubre de dos mil dieciocho. Toda vez que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional (foja 120), y en proveído de veinte de junio pasado se requirió al Juez Segundo de lo Penal y de Preparación Penal del Estado de Nuevo León, residente en Monterrey, remitiera a este Juzgado copia certificada y legible del expediente 43/2013-VII del inventario del entonces Juzgado Segundo Penal y de Preparación Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado; solicitud de la cual tuvo conocimiento el veintiocho de agosto pasado (foja 148), sin que a la fecha haya dado cumplimiento con lo pedido. Por lo anterior, requiérase nuevamente a la citada autoridad para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo solicitado, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le puede imponer multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las nueve horas del seis de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. En otro aspecto, incorpórese a los autos la copia del oficio con firma autógrafa signada por la Jefa del Centro de Atención al Público de Correos de México en la ciudad de Oaxaca de Juárez, por el que, en atención al requerimiento que se le hizo, solicita una prórroga de cinco días, a fin de remitir el acuse de recibo del registrado postal MN6801143651MX; al efecto, indíquesele que no es necesario concederle dicha prórroga, toda vez que la pieza postal ya obra agregada a los autos (foja 148). A fin de notificar este proveído a HÉCTOR JOSUÉ GARCÍA MEDRANO, quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "ORIENTE", con residencia en Villa Aldama, Veracruz; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto vía SISE al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, residente en Xalapa, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a HÉCTOR JOSUÉ GARCÍA MEDRANO, por lo que se le solicita tenga a bien ordenar deducir copia certificada de este auto para efecto de entregarla al requerido, y sin que se estime necesario acusar recibo, en atención a que éste se consulta electrónicamente. Hecho que sea lo anterior, devuelva por la misma vía la comunicación oficial respectiva. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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