Héctor José Guiza Alday

Expediente 677/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
677/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2015

Partes del expediente

  • Héctor José Guiza Alday

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el que envía testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja civil 134/2015 de su índice, que en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y acúsese recibo a la superioridad. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de trece de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por ********, apoderado legal de ********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se le tiene presentando recurso de queja contra el proveído de trece del presente mes y año, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, residente en Guanajuato, capital, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para la substanciación del recurso de mérito. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó, el trece de los actuales, acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo promovida por el antes nombrado.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso Héctor José Guiza Alday, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en providencia de siete de agosto de dos mil quince. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, cabe precisar que atendiendo a la técnica que impera en el juicio constitucional, tratándose del ejercicio de la acción de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, en principio debe analizarse si el juicio es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, esto es, que no se actualice alguna causa de improcedencia por lo que a éste se refiere, pues de acontecer así, debe decretarse el desechamiento de la demanda. Ello, porque no es posible desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la norma considerada en abstracto, pues la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro. Bajo ese contexto, se estima que respecto del acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la legislación en comento, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama la promulgación y publicación del artículo 323 del Código Civil del Estado de Guanajuato, con motivo del su primer acto de aplicación en el auto de tres de agosto de dos mil quince, dictado por el Juez de Oralidad Familiar de esta ciudad, en el expediente F1344/2015, de su estadística, en el que se admitió la demanda de divorcio presentada por el quejoso, dándole tramite de divorcio necesario. Como se puede observar, el acto de aplicación reclamado no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Cabe mencionar que un auto admisorio de demanda, como el que constituye el acto reclamado, únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda , ofrecer pruebas y alegar, pero no provoca una afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, por lo que se refiere al acto de aplicación de la norma reclamada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Finalmente, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo.*

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