Héctor José Castañeda Cerón

Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
98/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Héctor José Castañeda Cerón

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, por medio del cual solicita a este órgano jurisdiccional se ordene la vinculación del expediente electrónico del presente asunto, con el diverso 865/2023-I de su estadística, por los motivos que expone. En consecuencia, a fin de que el Titular del juzgado antes señalado cuente con la información que requiere, ya se encuentra disponible el presente expediente electrónico, para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por lo que puede consultar todas las actuaciones de este sumario. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido de Rosario Verónica Ramírez Cárdenas, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, contra el auto que desechó la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que éste ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por Héctor José..., por derecho propio, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese con el número 98/2023-IV. ACTOS RECLAMADOS De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - La sentencia interlocutoria dictada en fecha veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente 904/2022, que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de cinco de diciembre del mismo año, a través del cual se apercibió a la parte quejosa con la imposición de una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización, para el caso de violar las medidas de protección decretadas el uno de agosto de esa anualidad. DESECHAMIENTO En ese tenor, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 1° y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. De los preceptos citados, se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica los derechos fundamentales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. En ese sentido, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Así, el acto reclamado, debe entenderse como un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En ese orden, un acto susceptible de impugnación a través del juicio de amparo debe de ser un hecho voluntario, y no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin; es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De lo anterior, es válido dilucidar que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que éstos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. Ahora bien, como se precisó, la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria dictada en fecha veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente 904/2022, que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de cinco de diciembre del mismo año, a través del cual se apercibió a con la imposición de una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización, para el caso de violar las medidas de protección decretadas el uno de agosto de esa anualidad (precisión que se hace atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los escritos iniciales para desentrañar la verdadera lesión materia de queja y de esa manera emitir un pronunciamiento congruente e integral). De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado es futuro y de realización incierta, respecto del cual es improcedente el juicio de amparo indirecto; habida cuenta de que el sólo hecho de que el quejoso se encuentre apercibido con dicha multa en caso de desacato, no ocasiona una afectación inminente o actual, real y directa a sus derechos fundamentales. Por tanto, no se actualiza categóricamente un perjuicio en la esfera jurídica del justiciable ante una supuesta multa como medida de apremio, máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al gobernado en el goce del derecho fundamental transgredido y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario implicaría permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Amén de que la totalidad de la demanda, se refiere únicamente a la perspectiva del aquí quejoso en el sentido de que se le podría imponer una multa en caso de que incumpla con lo establecido, más no refiere acto alguno de molestia por parte de las responsables que actualice una afectación a sus derechos fundamentales; esto es, no menciona que se le haya impuesto esa medida de apremio, es decir, que la misma se haya ejecutado, lo que implica que únicamente pretende prevenir actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.308 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-1, febrero de 1995, página 138 que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Asimismo, apoya el criterio del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registro digital: 2010813, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321, que indica: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia apuntada, lo procedente es desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones un correo electrónico el cual no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo, por única ocasión y dada la naturaleza de esta determinación se ordena notificarle su contenido en el domicilio ubicado en calle de los Alfanjes número 22, colonia Izcalli Acatitlán, Tlalnepantla, Estado de México. Asimismo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, señale un usuario para recibir notificaciones vía electrónica a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, designe domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), bajo apercibimiento que, de no hacerlo dentro del plazo otorgado, sin previo acuerdo, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se tiene señalado el correo electrónico que indica, únicamente para establecer comunicación no procesal en los casos en que este juzgado lo estime necesario. Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario "bacar73"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Se autoriza a la persona que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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