Héctor Jesús Ramírez Soria
Expediente 1604/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1604/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Héctor Jesús Ramírez Soria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Héctor Jesús Ramírez Soria solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y su Presidente. Acto reclamado: "La omisión o negativa de dictar la resolución que impone la medida de destitución., a que se hizo acreedor el Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos., por el incumplimiento al laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 01/261/06." SEGUNDO. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1604/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; tomando en consideración que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama, la omisión de la autoridad responsable en dictar la sanción correspondiente al Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos, por el incumplimiento al laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 01/261/06. TERCERO. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de título: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido, se tiene que las autoridades señaladas como responsables, al rendir el informe justificado, aceptaron la existencia del acto que se les atribuye, remitiendo en apoyo del mismo, copia certificada de diversas documentales que integran el expediente laboral 01/261/06; a la cual se le otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2, además de que hace prueba plena de los hechos afirmados por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO.- Previo al estudio de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, lo aleguen o no las partes resulta necesario analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio oficioso, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 3/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". En efecto, como ya se precisó, se advierte que el acto reclamado por el peticionario de amparo, en esencia, se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable en dictar la sanción correspondiente al Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos, por el incumplimiento al laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 01/261/06; sin embargo, el ocho de febrero del dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente, por la falta de cumplimiento del laudo dictado, mismo que le fue notificado personalmente al quejoso en su domicilio procesal, el catorce del mismo mes y año, tal y como se demuestra con las copias certificadas que se remitieron por parte de las autoridades responsables, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la especie. Determinación que incluso fue combatida por el quejoso, a través del escrito de ampliación de demanda de tres de marzo pasado, misma que este juzgado federal, ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, a fin de que se le diera el trámite correspondiente como demanda independiente. De lo anterior, se evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si bien es cierto que el tres de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que presentó la demanda, la autoridad responsable no había dictado el acuerdo correspondiente; también es cierto, que el mismo ya fue dictado y notificado los días ocho y catorce de febrero del año en curso, respectivamente; lo cual permite arribar a la conclusión de que en el presente asunto, al haberse dictado y notificado tal acuerdo, han cesado los efectos del acto de molestia reclamado. En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia antes mencionada, se impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración, la Tesis 2ª/J.9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 63, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Jaime César Pereyra Román, hasta hoy veintitrés de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes a los que haya lugar, el oficio signado por la Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; al respecto, téngase por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito signado por Salvador Versañez Resendiz, apoderado legal de la parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual, amplía su demanda de amparo. Al respecto, este juzgador considera que los actos reclamados en la demanda de amaro inicial y en su consecuente ampliación no guardan estrecha relación. Para tal efecto, a continuación se transcriben para pronta referencia: Acto reclamado en el escrito de demanda "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión o negativa de dictar la resolución que impone la medida de apremio de destitución decretada mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno a que se hizo acreedor el Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos, de conformidad al artículo 124 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por el incumplimiento al laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 01/261/06" (sic). Acto reclamado en la ampliación de demanda "IV.- ACTO RECLAMADO.- El acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós respuesta o contestación incongruente que no constituye la resolución que determine sobre lo que corresponda en relación a la aplicación o no del apercibimiento de la sanción contenida en el artículo 124 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos por auto de ejecución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno diligenciado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, como fuera solicitado por este quejoso se pronunciaran por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno, dentro de autos de juicio natural 01/261/06". Precisado lo anterior, del análisis integral a ambos escritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa son los siguientes: Acto reclamado en el escrito de demanda Acto reclamado en la ampliación de demanda La omisión de la autoridad responsable consistente en no acordar el escrito presentado el quince de octubre del dos mil veintiuno, en el expediente 01/261/06. registrado con el folio 11341, por el que solicitó la destitución del presidente municipal de Amacuzac, Morelos. El acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable en el expediente 01/261/06. En ese contexto, para determinar la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 111 fracción II de la Ley de Amparo: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley.". Del precepto anterior se desprende que la demanda de amparo podrá ampliarse siempre que el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial. Así las cosas, la expresión "estrecha relación", no es sino otra forma de decir que la suerte de algo está en extremo unida a la de otra cosa. Por lo que si se traslada esa definición al requisito establecido en el artículo aludido, puede sostenerse que dos actos tienen "estrecha relación" entre sí, cuando: 1) el segundo en el tiempo es consecuencia, en todo o en parte, del primero; 2) modifica, amplía o restringe los alcances del primero, total o parcialmente; 3) explica los términos del primigeniamente reclamado; 4) permite su subsistencia, aunque fuere sólo en algún aspecto; o, 5) la destrucción de uno, suponga la del otro, en todo o en partes. Con base en lo hasta aquí expuesto, este juzgador considera que la ampliación que se acuerda, no guarda estrecha relación con la omisión reclamada en un primer momento, ya que si bien los actos reclamados derivan del mismo expediente laboral, los motivos y fundamentos que sostienen el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, que la quejosa pretende controvertir, no son consecuencia de la omisión primeramente reclamada; ni tampoco modifica, amplía o restringe la omisión; no explica los términos del acto primigeniamente reclamado; ni permite la subsistencia de la omisión; y mucho menos la destrucción de la omisión hará que la respuesta de la responsable corra la misma suerte. Bajo esta óptica, el acuerdo reclamado, constituye un acto autónomo e independiente a la inactividad demostrada en un primer momento, cuya constitucionalidad deberá ser analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio número I.14o.T.2 K (10a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1434, con número de registro 2017321, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ESTRECHA RELACIÓN", PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ampliar la demanda contra diversos actos si guardan "estrecha relación" con los inicialmente reclamados. A efecto de precisar el significado de dicha expresión, conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el verbo "relacionar" tiene como sinónimo "vincular", que significa "atar o fundar algo a otra cosa"; por su parte, la palabra "estrecho" se define como "ajustado", que es lo que está en extremo unido. De lo anterior, se concluye que la expresión "estrecha relación", no es sino otra forma de decir que la suerte de algo está en extremo unida a la de otra cosa, por lo que si se traslada esa definición al requisito establecido en el artículo aludido, puede sostenerse que dos actos tienen "estrecha relación" entre sí, sin que sea limitativo, cuando 1) el segundo en el tiempo es consecuencia, en todo o en parte, del primero; 2) modifica, amplía o restringe los alcances del primero, total o parcialmente; 3) explica los términos del primigeniamente reclamado; 4) permite su subsistencia, aunque fuere sólo en algún aspecto; o, 5) la destrucción de uno, suponga la del otro, en todo o en partes. En todas esas hipótesis, la suerte del acto reclamado en la demanda original está en extremo unida a la del acto o actos por los cuales pretende ampliarse y, permiten determinar, en cada caso, si es factible admitir la ampliación referida". Sin perjuicio de lo anterior, y con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de garantizar el acceso a la justicia, remítase el escrito de ampliación de demanda firmado electrónicamente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, a fin de que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente y la remita a este órgano jurisdiccional. Esto es así ya que, independientemente de que no se actualice la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo, lo cierto es que, en aras de proteger el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, dicha ampliación de demanda no puede desecharse, ya que no existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 7/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes nueve de octubre de dos mil veinte a las diez horas con diecinueve minutos, con número de registro 2022181, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla". Notifíquese personalmente Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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