Hector Jesús Ortíz

Expediente 944/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
944/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Hector Jesús Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, en que acusa recibo de los autos del juicio ***** e informa que aceptó la competencia y asumió el conocimiento del asunto, registrándolo con el número *****. De lo expuesto, este Juzgador toma conocimiento, por lo que previa anotación que se haga en el libro de gobierno, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia, que será a partir del doce de julio de dos mil veintiuno, ya que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Por recibidos los oficios signados respectivamente por el delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el estado de Chihuahua, Secretaría de Bienestar y por la Directora de Procesos y Amparos de la Secretaría de Bienestar; por medio de los cuales informan a este órgano jurisdiccional las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como delegados a las personas que precisan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan. Finalmente, se tiene por recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el oficio 11667/2020, signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 81/2020 con número de orden 81/2020 del índice del presente juicio de amparo; del que se advierte que el quejoso ratifico la demanda. Acúsese el recibo de estilo. Por otra parte, vista la demanda de amparo que promueve ***** por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Bienestar Federal y otras autoridades, por considerarlos violatorios del artículo 1, y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta importante destacar que de la información que se desprende del escrito inicial de demanda y sus anexos, así como de la causa de pedir, se advierte que, presuntamente, ****, acude a esta instancia constitucional a reclamar los actos que a continuación se mencionan: "1.- La omisión que subsiste hasta el momento de incorporarme al programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. 2.- La omisión que subsiste hasta el momento de respetar y garantizar mi derecho reconocido en el artículo 4°, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General. 3.- La omisión que subsiste hasta el momento de realizar todas las gestiones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, para que la parte quejosa tenga acceso a los medios necesarios para su subsistencia." Ahora bien de los hechos narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: "Tengo la enfermedad denominada Espondilitis Anquilosante, que afecta al sistema osteomuscular y me limita para la realización de mis actividades básicas diarias, lo cual acredito con el certificado médico expedido por el doctor ****, con cédula profesional 3654096 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales los de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual anexo a la presente demanda." Asimismo, se advierte que su domicilio se ubica en ****. Derivado de lo anterior, este órgano de control constitucional determina carecer de competencia legal por territorio para conocer del asunto en que se actúa, tal como se expone a continuación. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO. En ese sentido, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación establece las reglas de competencia siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto."1 De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, los referentes a la competencia por territorio. COMPETENCIA POR TERRITORIO. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Al efecto, debe tenerse presente el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Los procedimientos y formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstos en el artículo 37 la Ley de Amparo, que establece las tres reglas siguientes para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: - Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; - Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el supuesto de que el acto reclamado sea susceptible de ejecución, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, surgiendo diversas hipótesis atendiendo al lugar en donde el acto: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se haya ejecutado; o, d) se ejecute. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo."2 De lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador consideró dos criterios principales para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: un criterio primario y otro subsidiario. El criterio primario tiene que ver con la ejecución del acto reclamado. El criterio subsidiario guarda relación con el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto reclamado, y solo se surte cuando éste no requiera ejecución material. Por consiguiente, a fin de establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el precepto legal invocado resulta aplicable para resolver ese tipo de temas de índole competencial. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa, en esencia, reclama: la afectación que se causa en su salud, como persona vulnerable -en la demanda se señala que la quejosa tiene una enfermedad denominada Espondilitis Anquilosante, que afecta al sistema osteomuscular la cual le limita para la realización de las actividades básicas diarias, que padece una discapacidad permanente y que no tiene acceso a los insumos necesarios para la satisfacción de necesidades básicas-, al no brindársele el apoyo económico que deriva del Programa de Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Afectación a los derechos fundamentales a la salud y al bienestar social que claramente se actualizan en la demarcación territorial en la que se encuentra la parte quejosa -Juárez, Chihuahua-, pues es en dicho lugar en el que se ejecutan los actos reclamados. De manera que los actos reclamados por la parte quejosa sí tienen ejecución material y que ésta se da en el estado de Chihuahua, pues en atención a las supuestas manifestaciones de la parte quejosa, es ahí es en donde se encuentra y en donde se ven afectados su salud y su bienestar por la falta de apoyo económico presumiblemente que se ha actualizado en su perjuicio. Aunado a lo anterior el promovente señala como autoridades responsables, entre otras a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de Juárez, Chihuahua. Por tanto, debe considerarse que es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde los actos reclamados tienen ejecución, lo que en el caso acontece en el estado de Chihuahua. En razón de lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL POR TERRITORIO, PARA CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE ESTE JUICIO DE AMPARO, declinando su conocimiento a favor del JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento al numeral 48, de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, acompañándole el original de la demanda de amparo, con sus anexos, tal como fueron presentados en este órgano de control constitucional con el objeto de informarle la presente resolución, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Con copia de todo lo actuado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veinte. Por recibidos los oficios de cuenta suscrito por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el estado de Chihuahua y Directora de Procesos y Amparos, ambos de la Secretaría de Bienestar, por el cual se informan las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veinte. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en atención al contenido del oficio de la Secretaría de Bienestar Federal se hace del conocimiento de dicha autoridad, que mediante proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, únicamente se le requirió el cumplimiento de la suspensión de plano, y no así el informe justificado, por no haberse admitido la demanda. No obstante, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, remítase copia a la autoridad oficiante, copia de la demanda de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como delegados a las personas que precisan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan. Notifíquese.

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