Héctor Jesús Lugo López
Expediente 470/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Héctor Jesús Lugo López
Actuaciones
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Héctor de Jesús Lugo López, se acuerda: Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 470/2019-V y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En la especie, el signante de la demanda que ha dado origen al presente expediente, reclama del Director General y de la Encargado de la Coordinación de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato: La negativa u omisión de autorizarle tenis ortopédicos; La negativa u omisión de autorizarle incapacidad para poder rasurarse el cuero cabelludo una vez por semana; y, La negativa u omisión de canalizarlo a interconsulta con un médico especialista en psiquiatría. De dichos numerales, se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales. se estima que el quejoso ya sea como procesado o sentenciado previo a promover demanda de amparo, debió formular las peticiones administrativas ante el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, para que reciba los tenis que refiere, así como la atención médica necesaria de acuerdo a los padecimientos que describe en su demanda (incapacidad para rasurarse y atención médica psiquiátrica); ello, por ser éste la autoridad penitenciaria encargada de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Sin que sea obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que el impetrante se encuentre interno en un centro penitenciario y reclame violación al derecho que tiene de estancia digna dentro de éste, pues, debe tomarse en consideración que se encuentra sujeto a un proceso penal (en prisión preventiva o en ejecución de la pena), y por tanto, se trata de un acto u omisión que se le atribuye a una autoridad administrativa pero ocurrido dentro de un proceso penal, situación que provoca que el interno deba acudir a los mecanismos que establece la ley ordinaria para resolver cualquier afectación a su esfera de derechos. Por lo anterior, si el amparista cuenta con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que tiene que seguir el quejoso a fin de resolver su controversia, al tener regulación expresa en la materia. De manera que, como de la demanda de cuenta se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con los actos reclamados, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Héctor de Jesús Lugo López.
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