Héctor Jesús Gutiérrez Castelazo

Expediente 568/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
568/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Héctor Jesús Gutiérrez Castelazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el Representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México; asimismo, en atención a sus manifestaciones; se ordena estar a lo acordado en proveído de catorce de junio de dos mil dieciocho, en el cual se decretó sobreseimiento fuera de audiencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad: Representante Legal del Gobernador Constitucional del Estado de México. Con apoyo en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que exhibe. Ahora, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte la improcedencia del presente juicio de amparo respecto al acto del que se duele el justiciable consistente en la omisión del Gobernador Constitucional del Estado de México, de dar contestación a la petición del quejoso de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, a la cual se le dio contestación el seis de junio de dos mil dieciocho; lo anterior, considerando que de las constancias que remitió la oficiante como apoyo a su informe con justificación, se advierte la actualización del supuesto previsto en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley invocada, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia en comento, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho vulnerado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley que rige el juicio constitucional, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su comunicado de cuenta, se advierte que la omisión de dar contestación a la petición por parte del quejoso el veintidós de enero de dos mil dieciocho, ha sido colmada al haber emitido la resolución correspondiente. Toda vez, que la petición del quejoso fue canalizada por la Coordinación de Atención Ciudadana mediante el folio 13159, con número de turno 16737 a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien a su vez la envió a la Fiscalía Regional de Tlalnepanta, Estado de México; asimismo el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Segunda del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla, Estado de México, dio respuesta al escrito de petición planteada por el quejoso; mediante oficio 2131C000-35-2018, de seis de junio de dos mil dieciocho; misma que fue notificada a Héctor Jesús Gutiérrez Castelazo, el siete de junio de dos mil dieciocho, al interior del Centro Penitenciario Varonil de San José el Alto Querétaro. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de documentos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, se reitera, han cesado los efectos del acto reclamado, pues como ya se dijo la autoridad señalada como responsable, canalizó por la Coordinación de Atención Ciudadana mediante el folio 13159, con número de turno 16737 a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la petición del quejoso; autoridad que a su vez la envió a la Fiscalía Regional de Tlalnepanta, Estado de México; y, el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Segunda del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla, Estado de México, dio respuesta al escrito de petición planteada por el quejoso; mediante oficio 2131C000-35-2018, de seis de junio de dos mil dieciocho, la cual fue notificada el siete de ese mismo mes y año; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, atendiendo a que el numeral y fracción referidas, prevén que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Sin que obste a lo anteriormente determinado, el contenido de la jurisprudencia 136/2011, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 801, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 160116, que indica: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que obra en autos el acuse de recibo del oficio 14339/2018, dirigido a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de México, correspondiente al proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho en que se admitió la demanda promovida por la parte quejosa y se le requirió informe justificado. En consecuencia, requiérase a la mencionada autoridad responsable, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo, rinda informe justificado. A fin de dar celeridad, con fundamento en el artículo 28, fracción III de la invocada ley, se autoriza la emisión de telegramas correspondientes, sin perjuicio de las comunicaciones por la vía ordinaria, en el entendido que la autoridad requerida puede dar contestación por la vía telegráfica, o en su defecto, al correo institucional 3jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior, con el apercibimiento legal que en caso contrario, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente, de conformidad con el artículo 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, a fin de dar oportunidad a que se cumpla lo establecido y no violar las reglas fundamentales del juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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