Hector Jesus Escobedo Euan

Expediente 1226/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1226/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Hector Jesus Escobedo Euan

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual formula diversas manifestaciones en relación a la cantidad propuesta por el Apoderado Legal para la Defensa Jurídica de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mismas que a continuación se reproducen: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito de mérito para los efectos legales a que haya lugar. A efecto de contestar las manifestaciones formuladas por el autorizado de la parte quejosa, conviene reproducir en lo que interesa, la planilla de cuantificación remitida por el Apoderado Legal para la Defensa Jurídica de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recibida en diverso auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós: Ahora bien, de la imagen que se reproduce, se advierte que, tal como lo manifiesta la parte quejosa, la cuantificación por el periodo del uno de agosto de dos mil veintiuno, al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, contempla el concepto "otras prestaciones"; mientras que en el resto del cálculo, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al veintinueve de julio de dos mil veintidós, no fue considerado dicho concepto; aunado a que no realiza un desglose detallado, de qué prestaciones integran esas "otras prestaciones". Por otra parte, respecto a las manifestaciones en el sentido de que la autoridad responsable no integró el concepto "gratificación al servicio", al momento de realizar el cálculo; cabe precisar, que en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, este juzgador determinó que para efectos del cálculo, la autoridad responsable, debía tomar en consideración los mismos conceptos contemplados por la perito oficial, en su dictamen pericial. De ahí que, una vez estudiado el dictamen pericial de once de agosto de dos mil veintiuno, rendido por la perito oficial, se advierte lo siguiente: De ahí que se advierta, que el concepto "Gratificación al Servicio", no forma parte de los haberes, respecto de los cuales, el Director General de Recursos Humanos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debía realizar el cálculo por concepto de haberes y demás prestaciones, por el período comprendido entre el uno de agosto de dos mil veintiuno, al veintinueve de julio de dos mil veintidós. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo; se REQUIERE al Subdirector de Recursos Humanos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, aclaren a qué "otras prestaciones" se refiere en el cálculo de la cantidad que le corresponde a la quejosa, desglose esas prestaciones y , de ser el caso, las incluya para cuantificar todo el periodo comprendido del uno de agosto de dos mil veintiuno al veintinueve de julio de dos mil veintidós. Apercibida que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se hará efectivo el diverso apercibimiento decretado en el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vistos los oficios signados por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos y por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, realizan diversas manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo protector y la primera solicita una prórroga. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en torno a las manifestaciones realizadas por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la fiscalía citada, relativas a que se encuentra a la espera de que la Dirección General de Recursos Humanos le remita la reimpresión de la planilla de liquidación para el presente ejercicio fiscal, así como la solicitud de suficiencia presupuestal y el oficio emitido por la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal en que informen que se han agotado todos los medios de impugnación, se hace de su conocimiento ya obran en autos tales documentos, máxime que la reimpresión de la planilla de liquidación actualizada no es necesaria toda vez que la misma ya se había otorgado al presente ejercicio fiscal. No obstante lo anterior, a efecto de evitar mayores dilaciones en el cumplimiento del fallo protector, remítase al director en mención copia simple de los oficios 20098 y 20354, en los que obra la documentación que solicita. En ese sentido, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 297, fracción I, del supletorio código adjetivo federal, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber otorgado la suficiencia presupuestal correspondiente, por la cantidad que asciende a $*****. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito, y cualquier trámite interno que ahora deba realizar, deberá hacerlo dentro del término legal que fue concedido, a efecto de evitar mayores dilaciones, por lo que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión contra la determinación de quince de junio de dos mil veintidós, en la que se decidió sobreseer en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que se concedió la medida cautelar, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recogerlos, previo desglose de los mismos, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia. En el entendido de que la persona que acuda a recibirlas, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa

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