Hector Jerico Rodriguez Loredo
Expediente 853/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Hector Jerico Rodriguez Loredo
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieran inconformado con el contenido del proveído de nueve de enero de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; con fundamento en el precepto legal invocado, se tiene por consentida la mencionada resolución. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes de acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, sentencia que fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mismo que por ejecutoria de diecisiete de noviembre del mismo año, resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; este expediente es susceptible de depuración. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, glósese el original del cuaderno incidental a los presentes autos, en el cual, se concedió la medida cautelar solicitada; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en los citados expedientes algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese el duplicado respectivo por separado; con la indicación de que es susceptible de destrucción, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Se ordena glosar copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, correspondiendo conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien en sesión de diecisiete de noviembre del año próximo pasado, determinó en un primer punto, revocar la sentencia recurrida y en segundo lugar, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese tenor, la concesión del amparo por la Superioridad en comento fue para los efectos siguientes: ".I. Deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación extraordinaria del servicio de carrera de procuración de justicia y policial de trece de junio de dos mil dieciséis en el expediente SGI/QA/32/VI/2015, así como las actuaciones subsecuentes; - - - II. En su lugar, emita otro. - - - III. Atienda a la circunstancia de que en las constancias remitidas por el superior jerárquico del elemento policial no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) que evaluó al quejoso; y, - - - IV. Con la libertad de jurisdicción, determine la incidencia de dichos aspectos en la instauración del procedimiento de separación, fundando y motivando su conclusión, en el entendido que deberá hacerlo en términos de la normatividad aplicable." Mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido la aludida ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable, por el cumplimiento de la misma. En atención a lo anterior, la Secretario General Instructora del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante oficio SGI/119/2017, recibido en este Juzgado el seis de diciembre del año anterior, remitió copias autógrafas de las determinaciones de cinco del mismo mes y año, la primera, por la que dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de origen, y la segunda, por la que se acordó no incoar procedimiento administrativo de separación en contra del quejoso Héctor Jericó Rodríguez Loredo, al no encontrarse satisfechos los requisitos para iniciar el mismo, requiriendo al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, para que informe el nombre completo de las personas que realizaron todas y cada una de las evaluaciones e informes de resultados en relación con el aquí disidente. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, correspondiendo conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien en sesión de diecisiete de noviembre del año próximo pasado, determinó en un primer punto, revocar la sentencia recurrida y en segundo lugar, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese tenor, la concesión del amparo por la Superioridad en comento fue para los efectos siguientes: ".I. Deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación extraordinaria del servicio de carrera de procuración de justicia y policial de trece de junio de dos mil dieciséis en el expediente SGI/QA/32/VI/2015, así como las actuaciones subsecuentes; - - - II. En su lugar, emita otro. - - - III. Atienda a la circunstancia de que en las constancias remitidas por el superior jerárquico del elemento policial no aparece referencia alguna en cuanto a la acreditación vigente del personal del Centro de Control y Confianza de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) que evaluó al quejoso; y, - - - IV. Con la libertad de jurisdicción, determine la incidencia de dichos aspectos en la instauración del procedimiento de separación, fundando y motivando su conclusión, en el entendido que deberá hacerlo en términos de la normatividad aplicable." Mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido la aludida ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable, por el cumplimiento de la misma. En atención a lo anterior, la Secretario General Instructora del Consejo de Carrera de Procuración de Justicia y Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante oficio SGI/119/2017, recibido en este Juzgado el seis de diciembre del año anterior, remitió copias autógrafas de las determinaciones de cinco del mismo mes y año, la primera, por la que dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de origen, y la segunda, por la que se acordó no incoar procedimiento administrativo de separación en contra del quejoso Héctor Jericó Rodríguez Loredo, al no encontrarse satisfechos los requisitos para iniciar el mismo, requiriendo al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, para que informe el nombre completo de las personas que realizaron todas y cada una de las evaluaciones e informes de resultados en relación con el aquí disidente. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente."
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