Héctor Javier Gallegos Rabago

Expediente 870/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
870/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/08/2019

Partes del expediente

  • Héctor Javier Gallegos Rabago

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo presentada el línea, promovida por... contra actos del Juez de Distrito en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad. Registro. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 870/2019-IB, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se determinan la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, de acuerdo al inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, o que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo), entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En el caso, debe señalarse que los actos reclamados consistentes en la resolución de once de julio de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del toca penal 179/2018, por la cual, el juez responsable desechó por extemporánea la prueba consistente en la entrevista con la víctima de secuestro en el procedimiento de origen, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, para que sean considerado como acto de imposible reparación, pues en su caso, sólo producen efectos intraprocesales. Lo anterior es así, pues de la lectura de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que no se ha dictado sentencia definitiva en los autos del toca penal 179/2018 y, por ende, resulta incuestionable que los efectos de la determinación reclamada, no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento del toca penal en los que se emitió esa determinación. Así, en todo caso, no será sino hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva en la causa penal de origen, cuando pudiera influir o no el sentido de la decisión de la autoridad judicial responsable y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte peticionaria del amparo. Por consiguiente, debido a que la emisión de la resolución reclamada en esta vía constitucional, constituye una violación procesal intermedia, respecto de la cual, en términos del artículo 107, fracción V, no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto, sino que de resultar desfavorable a los intereses de la parte quejosa la sentencia respectiva que se pronuncie, debe hacer valer la cuestión como concepto de violación al hacer valer la transgresión en el juicio de amparo directo contra la mencionada resolución incidental. Además, la emisión del proveído reclamado sólo produce infracción a derechos adjetivos o procesales relativo a cuestiones atinentes a probanzas, lo cual puede ser reparado, como ya se refirió, si la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses, o en su defecto, puede ser reclamable a través del juicio de amparo directo, en términos de lo previsto por el artículo 173, apartado A, fracción VII de la Ley de Amparo. Efectivamente, la no admisión de pruebas en el proceso penal, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo directo, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con el fallo definitivo que llegue a pronunciarse en el juicio natural, si éste le es favorable. Máxime que, como ya se señaló, en caso de serle adversa dicha sentencia a sus intereses, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del juicio de amparo directo, en la que podrá hacer valer tal violación procesal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173, apartado A, fracción VII de la Ley de Amparo. De ahí que, al versar el acto reclamado sólo respecto de violaciones procesales, es de estimarse que el juicio de amparo interpuesto en su contra resulta improcedente; por lo que, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con relación al artículo 113 ya invocado, se desecha la demanda de amparo por su notoria improcedencia. Se libra exhorto. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atentos exhortos a los Jueces de Distrito, con residencia en Xalapa, Veracruz y San Andrés Cholula, Puebla, éste ultimo en Materia Penal, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirvan ordenar al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en los siguientes domicilios... Envío de la comunicación oficial. En el entendido que las comunicaciones oficiales que en esta determinación se ordenan, deberán enviarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haciendo uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículo 107 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; tomando en consideración la naturaleza de la misma, de conformidad con el numeral 110 del referido acuerdo, no existe la necesidad de que los juzgados exhortados acusen de recibo vía ordinaria; asimismo, se destaca que la devolución de las constancias respectivas deberán realizarse únicamente mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Habilitación días y horas. Conforme con lo establecido en los numerales 282, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles en cita, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario autorizado practique las diligencias correspondientes. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

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