Héctor Iván Moreno Villegas
Expediente 1803/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1803/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Héctor Iván Moreno Villegas
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 22778/2022, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que aceptó la competencia declinada dentro del juicio de amparo 1803/2022-III, promovido en favor de Héctor Iván Moreno Villegas, del cual deriva el presente cuadernillo; ahora bien, toda vez que como ya se dijo la autoridad oficiante aceptó la competencia planteada, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, debiéndose hacer las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del Artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se declinó la competencia para seguir conociendo del mismo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. .... Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinte de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Emmanuel Rea González, como defensor particular del directo quejoso Héctor Iván Moreno Villegas, contra actos de este órgano judicial, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, con el número 1803/2022-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. En primer término debe establecerse que el promovente señala al suscrito juzgador como autoridad responsable, lo que implica la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto como más adelante será detallado; sin embargo, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, procede proveer sobre la suspensión de plano solicitada, al reclamarse un acto que el promovente considera como una privación de la libertad personal fuera de procedimiento (detención), incomunicación y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Sobre el particular debe destacarse que el promovente hace depender el acto reclamado de los hechos siguientes: ".En la noche del día de ayer, recibí una llamada telefónica por parte del quejoso HÉCTOR IVÁN MORENO VILLEGAS quien me informaba que le habían notificado su sentencia pero que el jurídico del CEDES de Reynosa no lo dejaba salir, pues según su criterio, ahora tiene que cumplir la pena de prisión federal, de la que únicamente le habrán de abonar dos años de prisión preventiva al haber cumplido con su pena del asunto estatal, es decir, los CINCO AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN, desde el pasado veintiuno de septiembre de dos mil veinte y por tanto, que le restaban por cumplir cuatro años más por el asunto federal, pese a que el Juez Séptimo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas ya ordenó su inmediata libertad..". Lo anterior denota que su detención deriva de la compurgación de penas impuestas por autoridades estatales y federales en causas penales que fueron instruidas en contra del quejoso, bajo la premisa de que al haber ya compurgado las respectivas penas procede su libertad; es decir, el promovente considera que ya no existe procedimiento para tenerlo detenido y, por ende, señala como acto reclamado la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. Precisado lo anterior, en concepto del suscrito es improcedente conceder la suspensión de plano solicitada, pues determinar la legalidad de la manera en que la autoridad pentienciaria está computando las penas impuestas al quejoso, será materia del fondo del asunto y no de una suspensión de plano, que de otorgarse en los términos solicitados dejaría sin materia el juicio de amparo. En razón de lo anterior procede NEGAR la suspensión de plano solicitada. Es aplicable al caso, la tesis aislada VI.1o.A.19 K emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación la página 1458, del Tomo XX, relativo a Diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1.3.AJ/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación la página 951, del Tomo III, Segunda Parte, relativo a Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretase en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusiere en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es el juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida su destierro, deportación, o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la constitución surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio, en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como autoridad responsable, entre otras, al Juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas. Ante lo anterior, este órgano judicial considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Emmanuel Rea González, como defensor particular del directo quejoso Héctor Iván Moreno Villegas, pues al señalar como autoridad responsable al suscrito corresponde conocer de dicha demanda al Juez de Distrito más próximo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." En tal virtud, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que, como se dijo, el suscrito fue señalado como autoridad responsable dentro del escrito de amparo que nos ocupa, siendo el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, el más inmediato dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. Por tanto, se declina la competencia al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, por ser éste quien debe conocer de la presente demanda, según lo expuesto en el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por lo que, se le solicita, de no existir inconveniente legal alguno, informe a este órgano de control constitucional si acepta o no la competencia planteada. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 88/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2006; publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Penal, visible en la página 75, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos restringidos a Ana Patricia Velázquez Vázquez, quien no cuenta con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En atención a la solicitud realizada por la parte promovente, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico, así como recibir notificaciones personales por dicha vía, dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, autorizando para tales efectos a Emmanuel Rea González, quien cuenta con el nombre de usuario "REA_GLEZ", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.
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