Héctor Iván Gámez Navarro
Expediente 1225/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Héctor Iván Gámez Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Causa estado auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, se ordena destruir el cuadernillo único del incidente de suspensión, en términos de los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso d), del referido ordenamiento legal, en virtud de que se declaró sin materia el incidente de suspensión, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Incidental
Audiencia incidental.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y fundado en el artículo 138, fracción II, en relación con el diverso 144 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión.
- Incidental
Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ya transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós a efecto de que precisara, aclarara o corrigiera el nombre de la autoridad responsable que designó como "Jefe del Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, con sede en León", en razón a que dicha denominación resultó inexacta; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento inserto en auto de referencia, y se tiene por inexistente a dicha potestad suspendiéndose toda comunicación oficial con la misma.
- Principal
Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ya transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós a efecto de que precisara, aclarara o corrigiera el nombre de la autoridad responsable que designó como "Jefe del Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, con sede en León", en razón a que dicha denominación resultó inexacta; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento inserto en auto de referencia, y se tiene por inexistente a dicha potestad suspendiéndose toda comunicación oficial con la misma. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En otro contexto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, quien resuelve estima que en el presente juicio se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados se encuentran consumados de modo irreparable. Para demostrar lo anterior es necesario precisar lo que se entiende por acto consumado de modo irreparable para efecto del juicio de amparo, lo cual deriva a partir de lo dispuesto en la fracción XVI en comento, en relación con el numeral 77, fracción I, de la ley de la materia, cuyo contenido literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)". La interpretación relacionada de los dispositivos reproducidos evidencian que el juicio de amparo será improcedente cuando se hayan consumado de manera irreparable los efectos del acto reclamado; lo anterior, en razón de que la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal tiene la naturaleza de ser restitutoria a favor de la quejosa de los efectos sufridos por el acto declarado inconstitucional, esto es, el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que los efectos protectores serán el de restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado material que guardaban antes de la violación cometida cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Luego, si los efectos materiales del acto reclamado ya produjeron sus efectos de modo irreparable, esto es, sin poder existir posibilidad jurídica o material alguna de volver al estado de cosas preexistente, el juicio constitucional no tendría la eficacia restitutoria fáctica que lo debe caracterizar; así, para estimar actualizada la causa de improcedencia que ahora se explica, es necesario realizar un ejercicio reflexivo en torno a la situación material que posiblemente se plantea como efecto consumado del acto reclamado. En ese sentido, cabe distinguir entre efecto consumado de modo reparable e irreparable; para explicar lo anterior conviene tener en cuenta el texto de la tesis I.3º.A.150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto sostienen lo siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Del criterio invocado se entiende por acto consumado de modo reparable aquel que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, las mismas sí pueden ser reparadas por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser revocada, restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, siendo procedente el juicio constitucional; por el contrario, el consumado de forma irreparable es aquel que sus efectos y consecuencias formales y materiales ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En ese sentido, con la finalidad de demostrar que en la especie efectivamente el efecto y consecuencia de los actos reclamados por el justiciable tienen el carácter de consumados de modo irreparable, esto es, sin posibilidad material alguna para dejarse sin efectos, se hace necesario precisar de modo particular cuál es el motivo fáctico y de queja constitucional de los que se duele la parte quejosa a fin de analizar si con respecto a la situación material que ahora acontece -de ser inconstitucionales tales motivos- pueden ser reparados con motivo de la protección de la Justicia Federal. En efecto, el solicitante de amparo medularmente aduce infracción en su perjuicio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues apunta que el acto reclamado consistente en el citatorio girado en su contra a efecto de que se presentara a rendir entrevista en carácter de "imputado", carece de las formalidades legales necesarias (fundamentación y motivación). El objeto material que la parte quejosa pretende sea reparado en su beneficio con motivo de la instauración del juicio de amparo que ahora se resuelve, se advierte de modo literal con lo que precisó en sus antecedentes, de los que puede revelarse que el objeto a proteger en la especie lo es su citación para el efecto de comparecer ante la autoridad responsable, en su calidad de indiciado, para rendir entrevista en la carpeta de investigación ********************. Por otro lado, de las constancias que integran el presente juicio, particularmente de la documental certificada que remitió la autoridad responsable ordenadora a su comunicación recibida en este juzgado el uno de diciembre de dos mil veintidós (fojas 22 a 38), a la que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por así disponerlo el artículo 2° de la Ley de Amparo, al constituir un documento expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que el justiciable compareció ante la autoridad responsable a rendir su entrevista en calidad de imputado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, así como la ampliación de dicha entrevista el uno de diciembre de la presente anualidad, tal y como se advierte del acta de entrevista y ampliación de entrevista que obran en autos (fojas 29 a 37 de autos). Pues bien, a juicio de quien esto determina, como se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados son de carácter consumado de modo irreparable, toda vez que a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad de los mismos si la situación material que ahora prevalece hace imposible lograr la pretensión básica del quejoso consistente en no presentarse ante la autoridad responsable para rendir su entrevista en calidad de imputado, si como quedó evidenciado en párrafos precedentes, se pone de manifiesto que el acto reclamado ya surtió sus efectos, esto es, se consumó de un modo irreparable al haber comparecido el justiciable a declarar ante la Agente del Ministerio Público 10 Unidad de Investigación de Tramitación Común Fiscalía Regional "A" en León, Guanajuato. Por tanto, si como se demostró, la orden de detención para declarar que fue dirigida en perjuicio del quejoso ya logró su cometido, esto es, que el justiciable se presentara ante la Agente del Ministerio Público de mérito a rendir su declaración y/o entrevista en calidad de imputado, lo cual sucedió el veinticuatro de noviembre y uno de diciembre de dos mil veintidós, debe concluirse que dicho acto surtió sus efectos, esto es, se consumó de un modo irreparable porque el quejoso se presentó ante la citada autoridad, lo cual materialmente es imposible de restituir o reparar, de ahí que sobrevenga la causa de improcedencia en estudio. En las relatadas consideraciones, se impone necesario sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional promovido contra la autoridad y actos que quedaron precisados, por las razones establecidas en párrafos precedentes, lo anterior, con base en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para estudiar los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 del Tomo XXII- XXIV, Octubre- Diciembre de 1989, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Igualmente, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Finalmente, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
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