Héctor Israel De Anda Orozco

Expediente 2618/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2618/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Héctor Israel De Anda Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..., por derecho propio, contra actos de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos constitucionales que refiere. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el orden 2618/2019. Decisión sobre la instancia constitucional (desechamiento parcial). Del análisis integral de la petición constitucional, se advierte que el juicio de amparo respecto de la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en los autos del juicio laboral 1552/2015/13-G, del índice de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2074/91. Martina Zárate Cobián y coagraviada. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 2074/90. Aluminios y Plásticos de Morelia. 4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1084/90. Abraham Isaac Lokier Feferman. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán." Del análisis integral de la demanda de amparo se concluye que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Acto del cual se advierte se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Del precepto legal trascrito se aprecia, en lo que interesa, que se actualiza la mencionada causal de improcedencia cuando se satisfacen los siguientes supuestos: Que exista otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación. Que se intente contra el mismo acto o actos reclamados. 3. Que dichos actos hayan sido materia de una ejecutoria en el anterior juicio. Los artículos invocados disponen que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos; de modo tal, que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio promovido, pues ello atentaría contra el principio de seguridad jurídica contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Por su parte, el principio de cosa juzgada en el juicio de amparo, que se alude en líneas anteriores, consiste en que los actos reclamados en un juicio de amparo, que hayan sido materia de otro, el cual se encuentre concluido por resolución ejecutoriada, lo cual haga inobjetable por todos los conceptos el nuevo juicio que se promueva, esto es, que convierta en verdad legal lo resuelto y no pueda válidamente ser sometida a nuevo juicio. Pues bien, de la certificación de cuenta y de las constancias extraídas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que Héctor Israel de Anda Orozco, presentó diversa demanda de amparo registrada con el número 2868/2018, del índice de este juzgado de distrito, lo que constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto tramitado ante este mismo órgano jurisdiccional, el cual puede invocarse válidamente para fundar una determinación sin necesidad de que se ofrezca como prueba o lo aleguen las partes, pues basta esas circunstancias para conocer su contenido. Lo anterior tiene sustento por las razones que la informan, en la tesis P. IX/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y nueve, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN." Igualmente, corrobora lo expuesto la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, Enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN." En las relatadas condiciones, de la demanda relativa al amparo 2868/2018, se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a la Décima Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y como acto reclamado el siguiente: La omisión de acordar el escrito de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el que formuló planilla de liquidación. De lo anterior, se pone de manifiesto con las constancias reseñadas, que el mismo quejoso Héctor Israel de Anda Orozco, promovió tanto la demanda de amparo que se provee (2618/2019), así como la diversa 2868/2018, ambas de este Juzgado de Distrito, contra idéntica autoridad responsable, y contra el mismo acto reclamado. De lo aquí expuesto, queda claro que el referido juicio de amparo fue promovido por el mismo quejoso, en contra de la misma autoridad responsable y el mismo acto reclamado, reiterando, como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, que en el juicio de amparo 2868/2018, de la estadística de este juzgado, previa aclaración, se admitió a trámite el quince de octubre de dos mil dieciocho; el doce de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio al haber cesado el acto reclamado, sentencia que no fue recurrida y que por ejecutoria de tres de diciembre del mismo año, se archivó como asunto totalmente concluido. Lo cual se traduce en que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 237445 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 91 COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías.". Asimismo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página doscientos veinticinco, del Tomo XII, Julio de mil novecientos noventa y tres, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepcion virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página doscientos ochenta y siete, del Tomo VII, Junio de mil novecientos noventa y uno, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS QUE YA FUERON MATERIA DE OTRA EJECUTORIA EN LA QUE SE DETERMINARON EXPRESAMENTE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Es verdad que nuestro más alto tribunal del país, en forma reiterada ha sustentado criterio en el sentido de que, por regla general, el juicio de garantías no es improcedente cuando se reclaman actos que han sido materia de otro amparo que fue sobreseido, dado que al no haberse entrado al estudio de su constitucionalidad, no puede estimarse que tales actos hayan sido materia de otra ejecutoria, sin embargo, cuando el juzgador en la primera sentencia no se adentra al estudio de la constitucionalidad de los actos, pero determina expresamente la existencia de circunstancias que hacen improcedente el amparo, y tal determinación es consentida o causa ejecutoria, convirtiéndose en irrevocable, sí es aplicable la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, se aprecia que se actualiza la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado en análisis, con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional analizada. Admisión parcial de la demanda de amparo. Por otra parte, vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en los numerales 1, 2, 107, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la citada demanda, únicamente por la omisión de acordar los escritos presentados el nueve y dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral 1552/2015/13-G. Señalamiento de audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan, para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Precisión de la autoridad responsable. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a la autoridad responsable (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no exista con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento que se le haga, precedida de la notificación personal correspondiente, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LA AUTORIDAD RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del plazo de QUINCE DÍAS. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Consideraciones respecto de la notificación a la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia. "Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Tercero interesado. No se tiene como tercero interesado a persona alguna, sin perjuicio de lo que se pueda determinar con posterioridad. Requerimiento a las partes para que informen causales de sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes, el deber de informar de inmediato a este juzgado, sobre el conocimiento que tengan de alguna causa de sobreseimiento, y de ser el caso, y estar en posibilidad, acompañar las constancias que la acrediten. Asimismo se les hace saber lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la parte que tenga conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa relativa a la cantidad que resulte equivalente de treinta a trescientos unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales adjuntas a la demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, sin que haya necesidad de verificar si se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en la Materia Penal, Civil, Mercantil y Administrativo, en razón de la de la materia que trata el asunto que nos ocupa, y la quejosa manifestar ser la parte actora-trabajadora del juicio de origen y en términos restringidos del citado numeral, a la personas que refiere por así haberlo solicitado expresamente. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, no se tramita incidente de suspensión del acto reclamado por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Medios electrónicos. De conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el presente juicio de amparo, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, en el entendido, de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos). Asimismo, dígasele al solicitante que si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada y además que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las diversas partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente.

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