Héctor Isaac Monge López
Expediente 1319/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Héctor Isaac Monge López
Actuaciones
- Principal
...Causa estado que desechó demanda de amparo... Se ordena hacer las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archivar este expediente como asunto concluido...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, EN VIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA HÉCTOR ISAAC MONGE LÓPEZ, EL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Juan Francisco Vargas Valle, en su carácter de defensor particular de HÉCTOR ISAAC MONGE LÓPEZ. En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1319/2019 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , se desecha de plano la demanda, ante lo manifiesto e indudable de su improcedencia. De acuerdo con dicha disposición legal, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En principio, debe precisarse que del análisis integral al escrito de demanda se advierte que Juan Francisco Vargas Valle, en su carácter de defensor particular de Héctor Isaac Monge López, señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional, la calificación de legal de la detención, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y el auto de vinculación a proceso de veintidós de septiembre de dos mil diecinueve. Precisado lo anterior, este Juzgador determina que respecto de dichos actos se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo anterior se sigue que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días. Asimismo, el cómputo de dicho término, depende básicamente de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas, como se desprende del artículo 18 de la propia ley, que dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, tal conocimiento del acto reclamado, para efecto del cómputo del término, comenzará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedora de ellos; por ende, las mismas no requieren indispensablemente un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden de ese artículo 18 de la ley de la materia, pueden acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. A lo anterior es ilustrativa, por la identidad de su contenido a la legislación, la tesis visible a fojas 1890, del Tomo XXII, agosto de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De igual modo, tiene aplicación la jurisprudencia 30/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 286, Tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". Ahora bien, resulta importante destacar que de las manifestaciones que la parte promovente realizó bajo protesta de decir verdad, y por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que tuvo conocimiento de los actos reclamados al menos desde el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, cuando se celebró la audiencia de control de detención y vinculación a proceso, donde se calificó de legal la detención, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se dictó auto de vinculación a proceso. Por consiguiente, si la demanda de cuenta se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Hermosillo, Sonora, hasta el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, es evidente que ésta se presentó fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo cual, opera de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento legal citado. Se afirma lo anterior, en razón de que del escrito de demanda se advierte, que en veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de control de detención y vinculación a proceso, de ahí que el término con el que contaba el quejoso para interponer el juicio de amparo-quince días-, transcurrió del veintitrés de septiembre al once de octubre, sin contar los días veintiocho y veintinueve de septiembre, así como cinco y seis de octubre del año en curso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo promovida por Juan Francisco Vargas Valle, en su carácter de defensor particular de Héctor Isaac Monge López, respecto a los citados actos reclamados. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle García Sánchez y bulevar Rodríguez número 30, plaza Notaria, local I, colonia San Benito, de esta ciudad. Ahora bien, se tiene a Jesús Alfredo Cazares Cañez, como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos de los artículos 12, párrafo segundo, hasta en tanto acredite contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso.
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