Héctor Isaac Legorreta Ortega

Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
644/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Héctor Isaac Legorreta Ortega
  • Héctor Isaac Legorreta Ortega y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria la citada determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional y en cuanto a la definitiva por una parte se negó, y por otra, se concedió; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la depuración del juicio de amparo y del original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Una vez que transcurran seis meses, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno indicental y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Ahora, tomando en consideración que se recibió un tomo de pruebas consistente copias certificadas del expediente 679/2017, del índice de la autoridad responsable Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por tanto, al no existir trámite pendiente por acordar, remítase a la citada autoridad, la documental de referencia, que adjuntó como apoyo a su informe justificado; lo anterior, toda vez que carece de objeto su permanencia en este juzgado; sin necesidad que acuse recibo pues para tal efecto se contará con la constancia de notificación a dicha autoridad en la cual se deberá plasmar la entrega del mismo. Por otra parte, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria Judicial a que firme el oficio que derive del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 644/2021, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, el siete de octubre de dos mil diecinueve, a quien por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Héctor Isaac Legorreta Ortega, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamos al Fiscal General del Estado de Jalisco y otras autoridades, de quien reclamó esencialmente las órdenes de aprehensión, arresto, comparecencia, citación, presentación y/o cualquier acto de molestia derivado de carpeta de investigación y/o averiguación previa en donde aparezca señalado con el carácter de denunciado. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó esencialmente como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 14, 16, 217, 18, 19 y 20 Apartado B, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 949/2019, y previno a la parte quejosa, para el efecto que aclarara su demanda de amparo, en los términos ahí precisados. Por ello, una vez cumplida la prevención formulada, mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad Federal determinó por una parte, desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en integración de carpetas de investigación o averiguaciones previas que se encuentren siendo integradas por cualquiera de las autoridades que señala como responsables; y por otra, admitió la demanda de amparo por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión, arresto, comparecencia, citación y/o presentación, dictadas por cualquiera de las autoridades que señala en su demanda. Dicho desechamiento causó estado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, virtud que no se interpuso el recurso de queja contra el mismo. Por ello, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, celebró la audiencia constitucional, en la que resolvió declararse legalmente incompetente para conocer del asunto, y declinó la competencia en favor del Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno. Sin embargo, mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, consideró no aceptar la competencia declinada; por ello, mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado declinante planteo el conflicto competencial; en el cual, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el tres de junio de dos mil veintiuno, en el conflicto competencial 9/2021, determinó declarar competente al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno. En consecuencia, en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, éste órgano jurisdiccional, aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del presente asunto; se convalidaron las actuaciones existentes en el sumario constitucional; y en el mismo auto en atención a que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 949/2019, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Ciudad Judicial Federal, Zapopan, se instruyó a la secretaria encargada del presente juicio a efecto de que elabore el proyecto de sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por tratarse de un acto atribuido a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. Aunado a que así lo determinó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el tres de junio de dos mil veintiuno, en el conflicto competencial 9/2021. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la suscrita secretaria en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, pues está facultada para dictar sentencia aún en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Atento a lo anterior, del análisis de la demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, con independencia de las manifestaciones o calificativos que se realizan, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama de la autoridad responsable: Las órdenes de aprehensión, arresto, comparecencia, citación y/o presentación, dictadas por cualquiera de las autoridades que señala en su demanda de amparo. Así como la orden de arresto, emitida el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la jueza Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, emitida en el expediente 679/2017, de su índice. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda violatorio de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. En ese contexto, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que se les reclama. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable. En consecuencia, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 236, Tomo VI, del Apéndice 2000, Sexta Época, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual forma por sus esenciales consideraciones, la Jurisprudencia VI.2 J/18, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 154, número 19-21, Julio- Septiembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable jueza Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". Lo anterior, incluso se corrobora con las documentales que remitió la aludida autoridad, consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente 679/2017, de su índice, el cual obra en un tomo de prueba anexo que obra por separado, del cual se advierte la existencia del acto reclamado; mismo que tiene valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, que versa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni advertirse, de oficio, la actualización de alguna de ellas, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es más que suficiente que se le dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Aquí, se estima oportuno precisar que en el caso concreto no se advierte se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, esto es, que opere en beneficio de la parte quejosa la suplencia de la queja deficiente, por ende, sus conceptos de violación se analizarán bajo el principio de estricto derecho. Una vez expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional, estima que resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Ello se considera así, pues se tiene que la parte quejosa, en esencia, se pronuncia en el sentido de que la autoridad responsable viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues esencialmente: Que la autoridad responsable la trata nuevamente de privarla de su libertad sin haber seguido juicio ante los tribunales previamente establecidos, ello derivado de alguna carpeta de investigación o averiguación previa, donde aparezca señalado con el carácter de denunciado, investigado o imputado. También señala que se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues no le concedió los medios necesarios para su defensa legal, ello derivado de alguna carpeta de investigación o averiguación previa, donde aparezca señalado con el carácter de denunciado, investigado o imputado; y, Señala que le priva del derecho legal de una defensa adecuada pues, de modo alguno le ha brindado información respecto de la acusación que existe en su contra. En este punto se estima necesario señalar que en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación se estudiaran en su conjunto dada su estrecha relación. En ese sentido, recuérdese que el acto aquí reclamado, consiste esencialmente la orden de arresto, emitida el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por la jueza Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, emitida en el expediente 679/2017, de su índice, consistente en la solicitud de declaración de estado de interdicción, nombramiento de tutor de Lydia Gómez García viuda de García o Lidia Gómez García. Así las cosas, conviene precisar que los conceptos de violación se pueden calificar inoperantes al actualizarse algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, lo que puede derivar, entre otros supuestos, de los que se precisan a continuación: 1. Ante la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; 2. Ante la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; 3. Para el caso de existir expresión de agravios, su formulación material resulte incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) Por no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) Por introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) En caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; 4. Ante la existencia de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser: a) Cuando se desatienda la naturaleza del juicio de amparo y del órgano que emitió la sentencia; o, b) Cuando exista jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Las consideraciones vertidas, encuentran sustento esencial, por sus consideraciones, en la jurisprudencia 188/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 424, Tomo XXX, Noviembre de 2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Así, dichos conceptos de violación sintetizados en párrafos que anteceden, devienen ineficaces para los fines que fueron planteados, puesto que se considera que la parte accionante del amparo no expresa el motivo o las razones por las cuales considera violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos que cita, omitiendo refutar las determinaciones de fondo de la autoridad responsable. En efecto, se insiste, la parte quejosa en sus conceptos de violación no controvierte las consideraciones en que se sustenta la resolución reclamada, sólo se limita a sostener que resulta violatoria de sus derechos fundamentales, porque la autoridad responsable nuevamente trata de privarla de su libertad sin haber seguido juicio ante los tribunales previamente establecidos, viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, así como de modo alguno le ha brindado información respecto de la acusación que existe en su contra, todo ello derivado de alguna carpeta de investigación o averiguación previa, donde aparezca señalado con el carácter de denunciado, investigado o imputado, lo cual, como ya se expuso, deviene inoperante como tal. Además, cuenta habida que, ningún razonamiento frontal esgrime, tendente a combatir las indicadas consideraciones en que la responsable sustentó la determinación reclamada, las cuales en esencia se considera son: Que la parte quejosa, sin causa justificada, no presentó a su representada la señora Lydia Gómez García viuda de García o Lidia Gómez García, para el desahogo de la diligencia señalada para ese día, en la cual se harían constar su condición física y mental. Que dicha medida se le apercibió mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, toda vez que, como se ha expuesto, la parte quejosa no se ocupa de controvertir esos específicos argumentos, sino, por el contrario, solo manifiesta que, desde su perspectiva, la autoridad responsable trata nuevamente de privarla de su libertad sin haber seguido juicio ante los tribunales previamente establecidos, así como de modo alguno le ha brindado información respecto de la acusación que existe en su contra, todo ello derivado de alguna carpeta de investigación o averiguación previa, donde aparezca señalado con el carácter de denunciado, investigado o imputado; cuestiones que como ya se ha dicho se consideran, devienen inoperantes. Por tanto, al no encontrarse combatidas en la demanda las consideraciones y fundamentos de la resolución impugnada, se mantienen intocadas para continuar rigiendo el sentido de dicho acto; máxime, como se expuso en el presente asunto, se estima no opera la suplencia de la queja deficiente. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia número 173, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 116, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta queja que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada en contra del acto reclamado atribuido a la jueza Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Las tesis y criterios aquí enunciados se aplican en la medida en que no se oponen a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en términos del Artículo Sexto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Máxime que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Isaac Legorreta Ortega, respecto del acto reclamado, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa Héctor Isaac Legorreta Ortega, contra los actos y autoridad precisada en el resultando primero, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    EN VIRTUD A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ CITATORIO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, LA SENTENCIA DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CUAL SE RESOLVIÓ: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *****, respecto del acto reclamado, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa ***, contra los actos y autoridad precisada en el resultando primero, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito recibido vía electrónica, con evidencia criptográfica de Héctor Isaac Legorreta Ortega, parte quejosa, por medio del cual designa domicilio para recibir notificaciones; al respecto se provee: Como se solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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