Héctor Isaac Legorreta Ortega
Expediente 63/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Héctor Isaac Legorreta Ortega
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintidós de febrero pasado, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena archivar el presente asunto como concluido..."
- Principal
"....Agréguese el escrito del promovente *--*-*-*, mediante el cual desahoga la prevención formulada en quince de los cursantes y, al efecto, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el instrumento notarial número veinticinco mil novecientos setenta y uno, de doce de junio de dos mil diecinueve, pasada ante la fe de Notario Público número Tres, con demarcación territorial en esta ciudad, que lo acredita su personalidad como *-*-*-*-*-*-es copia íntegra e inalterada del documento impreso; misma que al mismo tiempo exhibe en autos. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente respecto de la admisión o no de la demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo impone el numeral 113 de la Ley de Amparo, el cual autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ....Sobre esa consideración, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación del artículo transcrito se desprende que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución, además contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] De la literalidad del artículo trascrito se desprende que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Y aclara que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos precisados. En ese orden de ideas, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece una regla general y dos específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio. La regla general de procedencia del juicio de amparo se advierte del primer párrafo de la fracción IV, del artículo 107, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio. Cabe destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Por su parte, las dos reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto derivan de los párrafos segundo y tercero de la fracción en cita, en cuanto establecen la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en los siguientes casos: a. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, b. En tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; pudiendo en ambos casos reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Fundamenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1066 de rubro y texto: " Asimismo, cabe señalar que en relación con la fracción IV del precepto en comento, la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en razón de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho procedimiento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las mencionadas reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto fueron instrumentadas por el legislador al expedir la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, ahora abrogada, así como en la ley de la materia actualmente en vigor, con la finalidad que se desprende de la exposición de motivos respectiva, consistente en evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el mencionado juicio constitucional se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía la verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, y tratándose de remates, que sólo procedería contra la resolución que lo aprobara o desaprobara. Importa también precisar que nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha emitido criterio en el sentido de que por última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia(s): Común, página: 31, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, es aplicable por las razones que la informan la tesis aislada 2a. XLIX/96, publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, Materia(s): Común, página: 367, de epígrafe y sinopsis: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la Ley de Amparo, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que brinde una interpretación diferente." Igualmente, apoya lo anteriormente expuesto la tesis aislada 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Común, página: 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Ahora bien, en el caso, el disconforme hizo consistir el acto reclamado en: "[.] I. Del C. Junta Especial Número III con sede en Poza Rica de Hidalgo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reclamo la orden de embargo dentro de las actuaciones del juicio laboral ordinario 49/III/2018 en contra de mi representada hasta por la cantidad de $470,482.39 (cuatrocientos setenta mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 39/100 M.N.), cuando el adeudo que tenía la misma era por la cantidad de $200.000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N). Del C. Actuario adscrito a la Junta Especial Número III de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reclamo el aseguramiento de los derechos del contrato se Servicios para el: "Manejo de hidrocarburos, condensados y agua por auto tanques de los campos de los activos integrales de producción bloques norte y/u otros activos de la subdirecciones con operaciones en campos terrestres, el cual se le asignó el No. 644048801 y 6440488010, suscrito entre mi representada Zago Transportes Especializados, S.A. de C.V. y la empresa Pemex Exploración y Producción, dentro de las actuaciones del juicio laboral ordinario 49/III/2018, hasta por la cantidad de $470,482.39 (cuatrocientos setenta mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 39/100 M.N.) cuando el adeudo que tenía la misma era por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil peses 00/100 M.N.) [.]" Para una mejor exposición de lo anterior, es necesario atender los antecedentes del acto reclamado que el promovente narró en su escrito de demanda, de los cuales se desprende: Que la persona moral representada, Zago Transportes Especializado, S.A. de C.V., es parte demandada en el juicio laboral de origen 49/2018, radiando ante la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, promovido por Abel Vázquez Sánchez; La moral ahora quejosa compareció a dicho juicio y dio contestación a la demanda; Seguido el juicio en su cauce legal, se dictó laudo y, a fin de dar cabal cumplimiento al mismo, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, ambas partes, ante la presencia del Presidente y Secretario de Acuerdos de dicha junta, suscribieron un convenio para finiquitar la cantidad de 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); en el que se asentó que se entregaba a la parte actora $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N. Posteriormente, el veinticuatro de enero de dos mil veinte, se le hizo entrega al actor el pago de 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), quedando como adeudo restante 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); De ahí que en audiencia de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, realizó un requerimiento y embargo por la cantidad de $470,482.39 (cuatrocientos setenta mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 39/100) a los contratos números 644048801 y 6440488010. Actuar que constituye el acto reclamado. Si bien, dicho acto fue emitido después de concluido el juicio (regla general), lo cierto es que no se actualiza alguna de las dos hipótesis específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio, a raíz de lo siguiente: A. El acto reclamado no constituye un acto con autonomía propia, pues en realidad tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia del juicio natural, en el cual los quejosos figuran como parte demandada. B. En efecto, el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, dado que con éste no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena el archivo definitivo del expediente. C. Además, el acto reclamado tampoco constituye la última fase del eventual procedimiento relativo, considerando que no se trata de aquellas que decrete el cumplimiento total de la sentencia ejecutoria. Es decir, se trata de una actuación dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia firme pronunciada en el juicio natural, pero no constituye la última resolución en el mismo, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial,sino que se procedió a garantizar la eficacia de la sentencia emitida en el juicio laboral antes precisado máxime que los quejosos no son terceros extraños al juicio natural en ningún sentido. Apoya esa última consideración la Tesis Aislada I.3o.C.865 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. SU NATURALEZA JURÍDICA. La naturaleza jurídica que deriva del embargo y secuestro judicial atento a su regulación legal y los efectos que surgen dentro del proceso en que se verifican, tienen como características las siguientes: I. Se trata de instituciones procesales que tienen un carácter procesal transitorio y temporal porque nacen y se agotan con el proceso mismo en que se dicta; II. Tienen como propósito asegurar cosas, muebles o inmuebles, que son objeto de una pretensión, o bien, garantizar la eficacia de las sentencias de condena de dar sumas de dinero, dictadas en un proceso. Su ratio legis atiende tanto a la tutela de un interés individual como público, porque garantiza que la pretensión del enjuiciante encuentre satisfacción en la vía de ejecución de la sentencia, de manera que la efectividad de lo resuelto no sea ilusorio o vano, sino que exista la posibilidad real de ejecutar aquélla, lo que contribuye a la paz social con la plena satisfacción de los intereses en litigio; III. Son medidas cautelares similares que se rigen por las mismas reglas y están reguladas indistintamente por el ordenamiento jurídico pero, en ciertos casos, se distinguen en atención a los bienes sobre los que recaen; IV. El secuestro judicial tiende al desapoderamiento físico del bien en poder del demandado o ejecutado que es materia de la controversia, fundamentalmente, hasta que se decide a quién debe pertenecer y su entrega a otro, lo que implica una individualización del bien y también es una medida asegurativa o conservativa -de tipo patrimonial- de la ejecución forzosa; V. El embargo tiene como naturaleza propia el desapoderamiento del bien y se convierte en una medida asegurativa para hacer efectiva la condena de cosas ciertas y determinadas así como la ejecución, derivada de la sentencia de remate o la vía de apremio, además, su inscripción es oponible a terceros. En este último caso, se constituye en un derecho de garantía del cual su titular está facultado para exigir al Juez, en su caso, su ejecución. También tiene la finalidad de impedir al deudor ponerse en estado de insolvencia o disminuir su posibilidad de pago, con daño del ejecutante; VI. El secuestro judicial adquiere diversas modalidades cuando recae sobre una finca rústica o una negociación mercantil o industrial, porque en ese supuesto, las facultades del depositario son de vigilancia, inspección, ministración de fondos, depósito de productos propios de la actividad, adopción de medidas provisionales para garantizar el ejercicio adecuado de la administración y nombramiento de personal auxiliar por parte del depositario; VII. Los bienes objeto de esas medidas quedan afectos al orden de la jurisdicción, que origina un conjunto de deberes y facultades del Juez que inciden sobre el ejercicio de los derechos que antes de la medida pertenecían exclusivamente al titular del bien; VIII. Ambas figuras exigen la individualización de los bienes o cosas objeto de secuestro o embargo y reconocen el derecho de señalar los del ejecutado y ejecutante, cuando no se ejerce por el primero." (Lo subrayado es propio) En esas condiciones, es claro que el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución que recaiga en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el que se podrán impugnar las violaciones que se hayan cometido durante ese procedimiento y que hayan dejado sin defensa a la quejosa, lo que en el caso no aconteció. Por consiguiente, se estima que en el caso que nos ocupa se surte en forma notoria y manifiesta la citada causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la misma ley. Por otro lado, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna. Notifíquese como corresponda, en virtud que el artículo 21 del Acuerdo General autoriza para hacer por lista electrónica las notificaciones y el artículo 23 de la Ley de Amparo establece que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.
- Principal
"... Visto el escrito de demanda presentada por... quien aduce acudir a esta instancia como Apoderado General Judicial para pleitos y cobranzas y para actos de administración de la persona moral... contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 63/2021-III-A. PREVENCIÓN Ahora, a efecto de proveer respecto a la admisión del escrito constitucional, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Con base en el artículo que precede, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: Irregularidades, como el omitir acreditar la personalidad con que se ostenta la promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera. Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, como el señalamiento preciso de la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Imprecisión del acto reclamado, así como la falta de exhibición de las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. En vinculación con lo anterior, el artículo 108, en sus fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.] V. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.]" De lo anterior, se conoce que el promovente del amparo tiene la insoslayable obligación de precisar en su escrito de demanda el nombre de la persona que pide la protección constitucional y en su caso, de quien promueva en su nombre, acreditando su representación, así como de expresar con claridad el acto que de cada autoridad se reclama. Sobre esa base, este órgano jurisdiccional estima pertinente prevenir al promovente, en atención a las siguientes consideraciones: De la demanda de amparo, se advierte que acude a esta instancia a promover la acción constitucional como Apoderado General Judicial para pleitos y cobranzas y para actos de administración de la persona moral... S.A. de C.V., y aduce acreditar su personalidad con la copia certificada del instrumento notarial que anexa a su demanda. En efecto, acreditar la personalidad es un imperativo para las partes porque ésta constituye un presupuesto procesal, es decir, un requisito indispensable sin el cual no puede iniciarse, ni substanciarse válidamente un procedimiento, por lo que debe ser analizada de oficio por el juzgador en cualquier estado del mismo. En el caso, del escrito de demanda se advierte que el ocursante acude a esta instancia ostentándose como Apoderado General Judicial para pleitos y cobranzas y para actos de administración de la persona moral... en términos del instrumento notarial número... pasada ante la fe de Notario Público número Tres, con demarcación territorial en esta ciudad; consistente en el poder que, refiere, otorgó la citada moral. Sin embargo, dicho documento fue exhibido en copia simple vía electrónica y ello impide a este juzgado el reconocimiento de la personalidad con que se ostenta el promovente, pues tal documento carece de valor probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/216, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 58, Octubre de 1992, página 55, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR, CARECEN DE VALOR. Las copias fotostáticas sin certificar resultan) insuficientes para acreditar cuando menos en forma presuntiva el interés jurídico, ya que tales documentos carecen de valor legal alguno, por ser necesario que se encuentren autorizados por el funcionario respectivo." Lo anterior, toda vez que el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, señala lo siguiente: "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: (.) VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. (.)". Del artículo transcrito, se advierte que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico conservarán su valor probatorio siempre y cuando al presentarse vía electrónica, la parte promovente manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Lo cual no aconteció en el presente asunto, toda vez que la parte promovente no realizó manifestación alguna respecto al instrumento público exhibido vía electrónica y anexado a la presente demanda, sin que obste el hecho de que el mismo contiene la firma criptográfica del promovente, ya que el artículo citado en párrafos anteriores establece como requisito para la validez de los documentos públicos la manifestación bajo protesta de decir verdad de quien los ingrese a un expediente electrónico. Por lo que, al no cumplir con las formalidades establecidas, las copias que fueron integradas al expediente electrónico únicamente pueden ser tomadas como copias simples del instrumento público que fue exhibido por la parte accionante. Por ende, es inconcuso que en el caso particular este juzgado federal se encuentra imposibilitado para validar en esta instancia jurisdiccional la copia del instrumento que exhibe el promovente, ya que se entiende se trata de una copia simple. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.48 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 2379 del Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, con registro: 2021159, de epígrafe y sinopsis como sigue: "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE LES RECONOZCA PLENO VALOR PROBATORIO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE, AL MOMENTO DE SU ENVÍO, SU OFERENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO. De conformidad con el actual artículo 3o. de la Ley de Amparo, es optativo para las partes presentar sus promociones en forma impresa o electrónica, siendo que, en el segundo supuesto, el escrito deberá presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, en términos de la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al desarrollar las atribuciones que sobre el particular le fueron conferidas por la ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el citado órgano expidió, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General Número 1/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013, de cuyo artículo 12, primer y segundo párrafos, e inciso f), se desprende que la presentación de documentos, para ser agregados al expediente electrónico, requiere, primero, que sean enviados a través de los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica y, segundo, que, para su envío, se utilice, precisamente, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo que será suficiente para que produzcan los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Sin embargo, tratándose de las documentales públicas, el acuerdo de referencia prevé que no perderán su valor probatorio, siempre y cuando se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso, es decir, respecto de esa clase de documentos se estableció una condición especial para que produzcan pleno valor probatorio en el juicio de amparo, consistente en la indicada protesta, sin la cual, el único valor probatorio que tendrán será el de copias simples." Por tanto, resulta evidente que para proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo, es indispensable que el promovente, al acudir como Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración de la persona moral... S.A. de C.V., adjunte con las formalidades correspondientes la documentación que lo acredite, es decir, aquélla que permita verificar los términos en que se le hubiera otorgado la representación, dado que la misma puede ser materia de objeción por las partes. Lo anterior es así, tomando en consideración que el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar en la demanda el nombre del quejoso o de quien promueve en su nombre, acreditando su representación. En ese orden, con fundamento en los citados artículos 108, fracción I, 114, de la Ley de Amparo, así como en la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, de rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA.", se previene al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD realice lo siguiente: Anexe el documento necesario, con las formalidades de ley, con el que acredite su representación como Apoderado General Judicial para pleitos y cobranzas y para actos de administración de la persona moral... S.A. de C.V., para cotejo y compulsa, y en su caso las copias correspondientes para poder correr traslado a las partes. Lo anterior, a fin de fijar correctamente la litis constitucional y no restringir el derecho de defensa de la autoridad responsable y garantizar en su momento, la rendición correcta y completa del informe que le sea peticionado, a más de determinar la procedencia de este controvertido constitucional. En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda. Cabe aclarar que al escrito mediante el cual dé cumplimiento a la prevención que se le formula, deberá acompañar seis copias del mismo, así como de la constancia con la que acredite su personalidad, para cada una de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de la materia, esto es, dos para las autoridades responsables, una para el tercero interesado, dos para el incidente de suspensión, y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el entendido que de no presentar la totalidad de las aludidas copias, las faltantes, se entenderán las relativas al incidente de suspensión, cuya apertura en todo caso será postergada. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado ordinal 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." Se precisa al parte promovente, que de incurrir en hechos falsos al desahogar la prevención formulada, este juzgado procederá conforme lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]."
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