Héctor Ildefonso Monsiváis González

Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
836/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Héctor Ildefonso Monsiváis González

Actuaciones

  1. Principal

    Se ordena el archivo del presente asunto...

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de quince de julio de dos mil veintidós, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto de 15/07/2022 1. Demanda. Téngase por recibido el escrito signado por ...mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos de Comisión Federal de Electricidad, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza y del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas y Progreso, Coahuila SIMAS. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 836/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 La jurisprudencia citada expone que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Premisa de hecho. Del análisis integral de la de la demanda de amparo 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. se advierte que la parte quejosa reclama la orden y ejecución de las autoridades que señala como responsables Comisión Federal de Electricidad, con sede en Sabinas, Coahuila y del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas y Progreso, Coahuila SIMAS, de retirar los medidores del servicio correspondiente a cada dependencia, que se encuentran instalados en el domicilio ubicado en calle Acuña, número 24, colonia Comercial en la Ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, sobre el cual señala tiene el carácter de arrendador. 3.2 Causal de improcedencia. En ese contexto, se considera que respecto del acto reclamado atribuido a la Comisión Federal de Electricidad derivado de la relación contractual que el quejoso asevera mantiene con esa empresa productiva del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII3, en relación con los diversos 1, fracción I4, y 5°, fracción II5, de la Ley de Amparo. 3.2.1 Actos de autoridad. En ese sentido, los numerales 1 y 5, fracción II de la ley de la materia, prevén la procedencia del juicio de amparo, entre otros, contra actos de autoridad, que vulneren derechos fundamentales, entendiendo por aquélla, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo que hace al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente, además de los expresamente contemplados, en los demás casos que establezca la Constitución Federal y en lo dispuesto en la ley de la materia. En cuanto a la concepción de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas notas a fin de distinguir cuándo se tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia número 2a./J. 164/20116, a saber: i) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ii) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. iii) Que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 4 Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 5 Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. ???????? iv) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente; a menos que los mismos se equiparen a los actos de autoridad, por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sin que pase inadvertido lo señalado en el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, en el sentido de que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante la Jurisprudencia 2ª./J 30/2018 (10ª)7, que cuando se reclamen actos que guarden relación con contratos de suministro de energía eléctrica entre particulares y la Comisión Federal de Electricidad, las controversias suscitadas entre las partes deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de modo que dicha comisión no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa tesitura, si el acto reclamado por la parte quejosa en la demanda de cuenta, se hace consistir en un aspecto de incumplimiento de contrato u orden de retirar el servicio de suministro de energía eléctrica previamente contratado con la Comisión Federal de Electricidad, asumiendo que pretenden privarlo de los servicios sin contar con una orden por escrito pese a 7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 200767, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a. CVI/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 1093, Tipo: Aislada. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". realizar los pagos del servicio de manera puntual, resulta evidente que se trata de una cuestión derivada de la relación contractual del servicios de suministro de energía eléctrica entre el particular usuario -quejoso- y la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Sabinas, Coahuila. Por lo que la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil, porque es una cuestión que se deriva de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato respectivo o con motivo de este. Por lo tanto al no existir la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad, de ahí que Comisión Federal de Electricidad, con sede en Sabinas, Coahuila, no tenga el carácter de autoridad responsable dentro del juicio de amparo. 3.2.2 Criterios aplicables. Resultan aplicables a lo anterior, las tesis XLII/20158 y 2a. CVI/2014 (10ª.)9, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3.3 Antecedentes. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en el apartado titulado "HECHOS", hace consistir su reclamo, en la presunción de que las autoridades responsables pretenden cancelar los servicios de luz eléctrica y agua potable, sin tener certeza de ello, no obstante aduce que las mismas violan sus derechos individuales y derechos humanos. 3.3.1 Causal de improcedencia. En mérito de lo anterior, este órgano de justicia considera que se actualizan de igual manera las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo10. 3.3.2 Actos futuros e inciertos. De acuerdo con lo establecido en los numerales invocados, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del quejoso es decir, 8 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 19, junio de 2015, tomo I, página 1071, registro electrónico 2009410. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. 9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 200767, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a. CVI/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 1093, Tipo: Aislada. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. 10 ARTÍCULO. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en a fracción I del artículo 5° de la presente Ley; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) cuando no produce una afectación real y actual a sus derechos ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Para demostrar lo anterior, debe precisarse que en el caso, en atención a las manifestaciones realizadas por la propia parte quejosa "bajo protesta de decir verdad", en relación a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en repetidas ocasiones señala que tiene conocimiento que las autoridades responsables pretenden cancelar o retirar los medidores de los servicios de luz eléctrica y agua potable, lo que como consecuencia lo privaría de su suministro. En efecto, señala que el seis de julio de esta anualidad acudió a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad de Nueva Rosita, Coahuila, a solicitar la reconexión del servicio, por lo que la responsable le reinstaló el servicio de energía eléctrica el doce de julio de esta anualidad; sin embargo le informo de manera verbal que en el eventual caso de ser solicitada la cancelación del servicio por la propietaria del bien inmueble deberían proceder a retirar el medidor. Asimismo, añade que el doce de julio de los actuales, acudió al inmueble del que se jacta como arrendador, personal de SIMAS para informarle que le tendrían que cortar el suministro de servicio de agua potable porque la dueña había solicitado su cancelación; sin embargo, la autoridad no lo hizo, en atención a la petición del quejoso, por lo que únicamente le comunicaron de manera verbal que le darían una oportunidad para que arregle la situación con la propietaria del inmueble, pero de ser nuevamente solicitada la cancelación de ese servicio por la propietaria, se llevaría a cabo el retiro del medidor. De lo que se advierte que actualmente los medidores que regulan el suministro de los servicios de energía eléctrica y agua potable no han sido retirados y el promovente del amparo cuenta con ambos servicios En ese sentido, es dable indicar que de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso acude a instar este juicio de amparo contra una posible afectación al suministro de esos servicios lo que en su concepto atetaría contra sus derechos humanos. Sin embargo, es evidente de su propia narrativa que su reclamo se encuentra basado en lo que el quejoso presume que lo que acude a reclamar va a acontecer, lo que es indicativo de que los actos reclamados aún no se han llevado a cabo, sino que se trata de actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales no procede el juicio de amparo, toda vez que el agravio que da derecho a instar esta vía constitucional debe ser directo y actual, es decir, de realización presente o pasada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no acontece, porque la circunstancia de que el quejoso aduzca tener conocimiento de que se pretenden llevar acabo los actos concernientes al retiro de los servicios de suministro de energía eléctrica y agua potable del domicilio que aduce que actualmente renta, no implica, ni de suyo ni de facto, que las autoridades que señala como responsables hayan realizado los actos que les reclama, menos aún poder afirmar que así lo vayan a realizar. Por lo anteriormente expuesto, es dable dejar establecido que la vía constitucional intentada por el quejoso parte de meras suposiciones y no de datos veraces y objetivos, sino que lo presume por el presunto dicho de los empleados de las dependencias responsables; sin embargo, de ello se aprecia que no tiene mayores detalles, es decir, de los cuales se pudiera considerar que efectivamente se haya ordenado ejecutar en su contra los actos que reclama, porque solamente los supone. De ahí que se consideren dichos actos reclamados como de naturaleza futura e incierta, al no existir dato objetivo alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados existan o puedan llegar a existir. No debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en el caso. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no contra actos concretos o de realización cierta e inminente. De ello, es claro que los actos reclamados en este juicio de amparo, no le causan un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser actos futuros e inciertos, en virtud de que su realización no es segura, por lo que, los actos que se estudian, no son inminentes, al no existir certeza de que se vayan a ordenar y menos ejecutar. 3.3.3 Criterios aplicables. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11, así como el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis12. 4. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causales de improcedencia antes invocadas. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Hidalgo, número 100, zona centro, en esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Jacobo Cruz Gloria y Ulises Paredes Villarreal, por tener sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5.1 Correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte quejosa señalando los correos electrónicos y números telefónicos los que proporciona en el libelo de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11 Visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables 12 Publicada en la página trescientos sesenta y dos, del Volumen XXI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: ACTOS FUTUROS. No pueden ser materia del juicio de garantías. Publicada en la página ochocientos treinta y nueve, del Volumen XX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 10. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 11. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.

  3. Principal

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