Héctor Ignacio Barrera Reyes
Expediente 141/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Héctor Ignacio Barrera Reyes
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *******haya recurrido el auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, por medio el cual se desechó su demanda de amparo, por lo que se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Ahora, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso por auto de quince de febrero pasado, para efecto de que señalara un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de éste juzgado, el cual le fue notificado por lista el veintidós posterior, transcurrió del veinticuatro al veintiocho de febrero del presente año, sin que el mismo hubiera desahogado dicho requerimiento; por lo tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y la notificación del presente y las subsecuentes notificaciones que deban hacérsele, incluso las personales, se realizarán por medio de listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por lista al quejoso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Segundo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 141/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Asimismo, la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia advertida. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio sucesorio **********, del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Desechamiento de la demanda. Al respecto este juzgado de distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque de acuerdo a su naturaleza, el acto reclamado no produce al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, los citados artículos establecen que: "ARTÍCULO. 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "(.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos), es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la resolución interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitida en el juicio sucesorio ********** del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por el que la responsable declaró insuficientes los agravios que hizo valer para modificar el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, en el cual se requirió a los coherederos para que dentro del plazo de ocho días, hicieran entrega a la albacea ********** los bienes que conforman la masa hereditaria, no constituye para la parte quejosa un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que hasta este momento no se ha afectado materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener resolución favorable al momento de resolverse el juicio de origen. En este sentido, es preciso advertir que los juicios sucesorios están conformados por cuatro etapas procesales. ? Etapa 1: Se determina si el testamento es válido y su existencia. Si existe tal documento, se otorgan los bienes a las personas nombradas ahí. También se nombra a la albacea. ? Si no existe un testamento, se debe acreditar la familiaridad de las personas que solicitan los bienes. ? Etapa 2: También llamada de inventarios y avalúos. En esta etapa la albacea debe presentar el inventario y avalúo de los bienes, los cuales deben ser aprobados por los herederos. ? Etapa 3: En esta etapa, la albacea debe presentar un informe de gastos e ingresos que se tuvieron durante el juicio. De igual forma debe ser aprobada por los herederos. ? Etapa 4: Se determina el reparto de los bienes, siempre en conjunto con los herederos. El reparto se debe hacer conforme a la ley en cuanto grado de parentesco. En cada una de las etapas, se emite una resolución la cual decide sobre cada una las cuestiones planteadas por las partes, por lo que adquieren firmeza plena para las partes, por lo que al violaciones procesales que se cometen dentro de las tres primeras etapas, son susceptibles de ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto, en tanto que la última a través del juicio de amparo directo; esto es así, ya que de impugnarse cada violación procesal a través del juicio de amparo, retardaría el juicio de origen. En ese sentido, la parte quejosa, señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual la responsable declaró insuficientes los agravios que hizo valer contra el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, en relación con el requerimiento de la responsable para que los coherederos entregaran a la albacea los bienes con conforman la masa hereditaria, ya que a la fecha no se ha aprobado el inventario de los bienes del causante de la herencia, como lo refiere el promovente. Por tanto, el acto que por ésta vía reclama el quejoso, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en el expediente de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra el referido requerimiento de entrega de los bienes materia de la herencia, por ende, se insiste, no se advierte que hasta el momento, exista alguna resolución que haya decido sobre la segunda etapa del juicio sucesorio, pues tal y como se advierte del propio escrito de demanda, no se ha aprobado el inventario de bienes, en consecuencia, no le provoca un daño de imposible reparación. Apoya el anterior argumento, por sus consideraciones la tesis aislada VII.2o.C.70 K (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2604, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO. EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE PARCIALMENTE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN SUSTANTIVA CONTRA LA CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PUES NO DA POR CONCLUIDA NINGUNA DE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN AQUÉL. Los juicios sucesorios están conformados por cuatro etapas procesales: I. Sucesión; II. Inventarios y avalúos; III. Administración; y, IV. Partición y adjudicación; en ellas, se deciden por separado y mediante una resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal, dichas resoluciones, adquieren firmeza plena para las partes que intervienen en esos procedimientos; por ende, al emitirse el auto respectivo no es posible cuestionar aspectos ya decididos en etapas previas. En este sentido, debe señalarse que las violaciones procesales acontecidas durante las tres primeras fases son impugnables en amparo indirecto, en tanto que la última en la vía directa. Por lo que para impugnar las violaciones procesales acontecidas en dichas etapas, debe esperarse a la emisión del auto que da por concluida la sección respectiva; esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En esas condiciones, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional. Lo anterior, ya que si el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos debe estarse a la espera de que se emita el auto que finaliza la etapa procesal respectiva (principio de definitividad). En congruencia con lo anterior, el auto mediante el cual se admite parcialmente el escrito inicial de un juicio sucesorio y no por el resto de su contenido, no constituye una violaciónsustantiva, pues si bien impide el ejercicio de algunas acciones, lo cierto es que esas cuestiones son de carácter meramente procesal que no vulneran de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; en consecuencia, resulta improcedente el juicio constitucional, pues dicha actuación no da por concluida ninguna de las etapas que conforman el juicio sucesorio". En efecto, el acto impugnado si bien podría causar una afectación de derechos adjetivos o formales, no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones de la parte quejosa, pueden quedar satisfechas una vez que se resuelva la etapa correspondiente en el juicio de origen, si obtiene resolución favorable, y en caso de que la resolución que se dicte en esas condiciones fuera adversa a sus intereses, sólo hasta entonces podría ser que trascendiera la violación procesal que aduce, caso en el cual, podrá hacerla valer en el juicio de amparo indirecto, atento a las consideraciones vertidas con antelación. En consecuencia, dado que el acto reclamado por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, al no tener una ejecución de imposible reparación, es evidente que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto, no obstante, se reitera, podrá impugnarse contra la resolución que decida la etapa procesal en la que se encuentre el juicio testamentario de origen en caso de que no le sea favorable. Apoya el anterior argumento, por sus consideraciones la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, mayo de 2003, página 1186 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Por otra parte, tampoco se está en el supuesto de excepción, derivado de que el acto procesal señalado como reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias afecten a las partes en grado predominante o superior, pues a juicio de la suscrita no se advierte que concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Por ende, este acto no puede ser calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por las consideraciones antes expuestas, y de conformidad con lo establecido en el artículo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del precepto 107, éste último interpretado a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Héctor Ignacio Barrera Reyes, por propio derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda; lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. No obstante lo anterior, atendiendo al sentido del presente proveído, con base en el ordinal 26, fracción I, inciso j), se comisiona al actuario adscrito para que, por única ocasión, notifique el contenido de este auto en el domicilio ubicado en **********. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizados a los profesionistas que indica en su libelo para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese personalmente al quejoso.
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AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO ACTUAL DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 141/2023 DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO Y EN VIRTUD DEL AVISO DE DIECISIETE DE LOS CORRIENTES
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