Hector Humberto Davila Mendoza
Expediente 101/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/09/2023
Partes del expediente
- Hector Humberto Davila Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA II Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos del expediente electrónico y al físico el oficio de cuenta, por el cual el defensor público ********************, acepta y protesta el cargo referido con motivo de la revocación de la defensora pública Luceli del Carmen Mendoza Martínez, además, señala domicilio procesal, correo electrónico y número telefónico. para oír y recibir notificaciones. Expuesto lo anterior, tomando en consideración que constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, el oficio 233C1A000H/2283/2023, a través del cual, la Encargada del Área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, informó a este Juzgado de Distrito la designación del defensor público ******************** en sustitución de la defensora pública Luceli del Carmen Mendoza Martínez; por tanto, se tiene por aceptado y protestado el cargo conferido a ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, téngase como domicilio procesal el que indica y con apoyo en el ordinal 12 de legislación invocada, se tienen por autorizados en términos amplios a******************** y ******************** porque cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a los demás profesionistas señalados por el promovente, por no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación con los correos electrónicos oficiales y números telefónicos que proporciona el representante especial, se toma conocimiento de dicha circunstancia, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a estos toda vez que la ley de la materia no contempla dichos medios para la práctica de notificaciones. Bajo esas consideraciones, las notificaciones a la parte quejosa que deban ser personales, emanadas del presente expediente, se harán por conducto del defensor público designado, en términos del artículo 26 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y, por oficio al defensor público ********************.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual comunica que por auto de dos de marzo del año en curso, el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia planteada por este juzgador y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y otras autoridades. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita). Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual hace del conocimiento el proveído dictado el veintidós de febrero del año en curso, en donde en lo que interesa, registró la demanda de amparo promovida por Héctor Humberto Dávila Mendoza con el número de juicio de amparo directo 53/2023; asimismo, se advierte que requirió al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, el toca de apelación del que deriva la resolución reclamada a fin de estar en aptitud de pronunciarse respecto de la competencia declinada por este juzgado de distrito.****************************************En esa tesitura, este juzgado de Distrito toma conocimiento de dicha circunstancia, y se encuentra en espera de lo que se determine al respecto.****************************************Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio.****************************************Notifíquese.****************************************
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico, el escrito de cuenta firmado por el quejoso ********************, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 114 de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la prevención de que fue objeto el promovente mediante auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés y déjese sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda y de su aclaración, se obtiene que por esta vía se tilda de inconstitucional lo siguiente: "La sentencia definitiva de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el Toca de Apelación ********************, en el cual se resolvió confirmar la sentencia condenatoria de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la causa penal ********************." Tal precisión se realiza con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." INCOMPETENCIA. En ese sentido, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por su parte, los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Esto es, procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por estas últimas las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En el caso, el impetrante del amparo ********************, reclama la sentencia definitiva de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el Toca de Apelación ********************, en el cual se resolvió confirmar la sentencia condenatoria de fecha catorce de septiembre de dos mil veinte emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la causa penal ********************; la cual se trata de una determinación que pone fin al juicio. En tal virtud, con fundamento en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la ley de la materia, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por lo que corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, en vía de amparo uni-instancial. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, con apoyo en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en estudio. Solicítese de manera atenta a la superioridad el acuse de recibo correspondiente y fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que en caso de que se presenten promociones de manera física, verifique que las mismas sean coincidentes con el contenido del expediente electrónico, de igual forma, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese al quejoso por conducto de ********************, Defensora Pública adscrita al Área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, por medio de oficio.
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