Héctor Hugo Vázquez Guarneros

Expediente 1215/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1215/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Héctor Hugo Vázquez Guarneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    2) Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. No exhibió. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    5) La Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, manifiesta rendir su informe justificado y adjunta diversas constancias que justifican el mismo. Acuerdo Agréguense sin mayor proveído el oficio y anexo de cuenta, en razón de que el seis de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia y, se está en espera de que cause estado la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    3) La quejosa solicita copias certificadas de los informes rendidos por las autoridades responsables y de la sentencia emitida en el presente asunto. Copias. Sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir las copias certificadas que solicita, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Ahora bien, atendiendo a que resulta indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional, a efecto de recibir las copias certificadas solicitadas, al latente riesgo sanitario que subsiste en la actualidad, y que es necesario y obligatorio garantizar la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus CoV-SARS-2, resultan aplicables las reglas del modelo de atención presencial basado en citas, previsto y regulado en el Capítulo II "Atención al público en general" del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, deberán generar la cita para la entrega correspondiente, en el sistema "Agenda OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias, requerimientos o cuando, como en el caso, resulta indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional, a efecto de recibir las copias certificadas de las actuaciones solicitadas. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ingrese al órgano jurisdiccional, ingreso que estará condicionado a que la persona que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin embargo, el acceso podrá restringirse a quien acuda fuera del horario previsto o no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Además, se deberá practicar la diligencia de entrega recepción de documentos garantizando la sana distancia entre el compareciente y el personal de este órgano jurisdiccional. En el entendido que la entrega de las copias certificadas dependerá NECESARIAMENTE del volumen del expediente y de las condiciones en que SE ENCUENTRE FUNCIONADO EL CENTRO DE FOTOCOPIADO, así como de la carga de trabajo del personal reducido, que físicamente labora en el Juzgado de Distrito, el cual, conforme la autorización del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde al treinta por ciento de su plantilla, por lo que podría suceder que, EN LA PRIMERA CITA, que se le otorgue a través del sistema "Agenda OJ", se presenten impedimentos administrativos, materiales, técnicos y/o humanos, que eviten la entrega de la totalidad de las constancias que se soliciten, derivado ello de las circunstancias apuntadas, por lo que tendrá que generarse una nueva cita, para continuar con el proceso de entrega de las copias solicitadas. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese en el portal judicial del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL SEIS Y VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. De las normas señaladas se advierte que el juicio de amparo indirecto, contra actos en el juicio, sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen ni genera su paralización total, circunstancias que si actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión para dictar la resolución definitiva en forma de laudo, dentro del juicio laboral 1143/2019, y su notificación. Es así, que para el momento en que se presentó la demanda (esto es, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno), la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente la Junta debió pronunciarse respecto de la prosecución del procedimiento. Ello, atento a que si fue el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno cuando se cerró la instrucción en el procedimiento de origen y desde entonces -a decir del promovente- se ha omitido la emisión del laudo; el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (dieciséis de agosto de la misma anualidad), no revela la existencia de una abierta dilación en la resolución del juicio y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa, pues si bien dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal respectivo, en específico el proceso de emisión de la resolución en forma de laudo; en este aspecto debe considerarse el periodo vacacional de la Junta responsable. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de acuerdos, de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria de su parte, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto no se trate de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Al caso se cita la jurisprudencia que emana de la contradicción de tesis 294/2018, resuelta por la Segunda Sala de rubro y contenido: "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Laboral, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Página: 1643 "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Criterio que resulta aplicable al caso concreto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Lo anterior es así, ya que en relación al plazo para dictar laudo dentro, los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo establecen las formalidades y los plazos para el dictado del laudo en el juicio laboral, de donde destacan estas hipótesis: 1.- Cerrada la instrucción del juicio laboral, dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que debe contener los elementos previstos en el artículo 885 de la ley de la materia. 2.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto de laudo, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquier diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. 3.- La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 4.- Transcurrido el plazo anterior concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 5.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente a las partes. De ahí que es válido inferir como estándar mínimo objetivo, que, la Junta cuenta con un total de treinta y tres días hábiles correspondiente al cúmulo de plazos y términos delimitados en las disposiciones aludidas. Empero; no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos encargados de gobierno, así como los órganos facultados impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador, así como la suspensión de labores y plazos que han tenido dichos órganos. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador considera que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de las autoridades responsables. Plazo de cuarenta y cinco días naturales que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó aquél en el que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; esto es, después de concluido el diverso de treinta y tres días hábiles antes apuntado, que tenía la responsable para dictar laudo. Ahora bien, en el caso concreto, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte en lo que interesa, que la parte promovente aduce que el día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se concluyó con la etapa de instrucción en el procedimiento de origen, por lo que ha transcurrido en exceso el marco legal previsto por los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, en el que las responsables debieron dictar el laudo correspondiente. Establecido lo anterior, resulta inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -dieciséis de agosto de dos mil veintiuno- no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, en específico el dictado del laudo en el juicio laboral de origen; que en el caso sería el nueve de julio de dos mil veintiuno. Máxime, que mediante oficio 10663 la Presidenta de la Junta Especial Numero Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, informó a este órgano jurisdiccional que el periodo vacacional de dicha autoridad responsable comprendió del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintiuno; lo que se trae como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior es así, habida cuenta que los treinta y tres días hábiles correspondientes al cúmulo de plazos y términos delimitados en las disposiciones contenidas en los artículos 885 a 890 para el dictado del laudo en el juicio laboral 1143/2019, transcurrieron del veintiséis de mayo al nueve de julio de dos mil veintiuno, dado que el día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se concluyó con la etapa de instrucción en el referido procedimiento de origen, como se advierte indiciariamente de la manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa en ese sentido. De lo que se sigue que el término de cuarenta y cinco días a considerar como dilaciones presuntamente excesivas inició el diez de julio de dos mil veintiuno, por lo que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo -dieciséis de agosto de dos mil veintiuno- han transcurrido veintidós días, amén de las precisiones anteriormente advertidas en torno al periodo vacacional de la Junta responsable, el cual, cabe considerar, incide de forma razonable en el referido plazo debido a la suspensión de labores que conlleva tanto legalmente como de facto. Por ello, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, se insiste, los veintidós días en mención han transcurrido del diez al quince de julio (6 días) y del uno al dieciséis de agosto (16 días) del año en curso. ..... De lo anterior se visualiza que del diez de julio al dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, han transcurrido veintidós días del plazo de cuarenta y cinco aquí considerado; por lo que no es posible tomarse aún como retardo en la impartición de justicia, como lo hace valer el ocursante (omisión de la que se duele). En consecuencia, al no haber trascurrido los cuarenta y cinco días naturales de la omisión de la que se duele la parte quejosa, es innegable que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa al quejoso. .... Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley que rige la materia. ..... Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Tercero interesado. Finalmente, no es óbice a lo anterior que no se haya reconocido y emplazado a la parte tercera interesada, toda vez que el presente auto no le perjudica. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ********** Estado procesal. Visto el estado de autos se advierte que el seis de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin embargo, a la fecha no se advierte que la parte quejosa se le haya notificado el citado auto. En consecuencia, y a fin de no retardar el procedimiento en el presente juicio, se ordena a los actuarios notifiquen personalmente el auto de seis de septiembre del año en curso, a la parte quejosa, a fin de que se imponga de su contenido. Notifíquese personalmente al auto de seis de septiembre del año en curso a la parte quejosa.

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