Héctor Hugo Tejeda Vázquez y Otros.
Expediente 1061/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Héctor Hugo Tejeda Vázquez y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
De la diligencia de notificación que antecede se advierte que el quejoso Héctor Hugo Tejeda Vázquez, desiste del juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase las anotaciones correspondientes e infórmese a las autoridades responsables.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 587/2014 del índice de este órgano jurisdiccional, y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca relativo al amparo en revisión 326/2014 de su estadística, de la que se advierte que los Magistrados integrantes del citado Tribunal Colegiado, al resolver determinaron revocar la sentencia dictada en este asunto y ordenaron reponer el procedimiento, para los efectos precisados en el resultando primero de esa resolución. Acúsese recibo, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la revisión y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. En atención a lo ordenado por el Tribunal Colegiado oficiante, con fundamento en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primero que obliga a toda autoridad, en el ámbito de sus competencias a proteger y garantizar que los derechos humanos de las personas ya a favorecer la protección más amplia de las personas y el restante que tutela el derecho humano de seguridad jurídica, relativo al acceso a la jurisdicción; asimismo, para evitar que se retrase la solución de este asunto, en perjuicio de los directamente interesados, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en términos del artículo 58 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dejando sin efecto la audiencia constitucional celebrada a las doce horas con cuarenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil catorce. REQUERIMIENTO Por tanto, en acatamiento a lo ordenado en el testimonio de mérito, requiérase a la parte quejosa, para que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracción IV y 114, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días realice lo siguiente: a) Señale de manera específica cuál es la norma, párrafo o porción normativa que estima lesiona su interés jurídico. b) Precise si señala o no como normas generales reclamadas a la Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. c) En caso de señalar a las normas generales referidas, indique si señala como autoridades responsables a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación y lo que a cada uno de ellos reclama (especificando la denominación de la autoridad que señale como responsable). d) Del escrito mediante el cual dé cumplimiento al inciso que antecede, deberá allegar las copias que resulten necesarias, para emplazar cada una de las partes en este asunto. Asimismo, se hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Resulta aplicable, la tesis siguiente: "Registro No. 174745 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 2006 Página: 348 Tesis: 2a./J. 88/2006 Jurisprudencia Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Se hace del conocimiento de la parte quejosa del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo mismo que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (.)" APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con lo prevenido, el juicio de amparo continuará su trámite con los puntos que específicamente aparecen planteados en su demanda de amparo. En mérito de lo anterior, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, lo cual se hace objetivamente, atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda que para el efecto se lleva.
- Principal
Analizada la demanda de amparo promovida por Héctor Hugo Tejeda Vázquez, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 37, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 1061/2015. SUSPENSIÓN DE PLANO De la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en la privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial por la supuesta falta o infracción cometida por el quejoso, y la suspensión de estímulos a que tiene derecho; por lo que comuníquese a las autoridades responsables que la suspensión de plano se hace extensiva a dichos actos; de conformidad con los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se suspenda la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial; asimismo, deberán restituir los estímulos y beneficios penitenciarios que hayan sido suspendidos; salvo que exista alguna causa justificada en contrario; lo cual deberá efectuarse bajo su más estricta responsabilidad, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en el artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro hómine. INCIDENTE Sin tramitarse incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Con el mismo fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo que antecede, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Para el caso de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado nieguen la existencia de los actos reclamados, deberán acreditar su dicho con las constancias respectivas. Además, de ser el caso, deberán anexar copias certificadas del reporte que dio origen al correctivo disciplinario impuesto al quejoso, el citatorio con el que se hizo de su conocimiento la fecha y hora en que se resolvería sobre la infracción que le atribuyeron y que originó dicha sanción y, en su caso, de las constancias relativas a la inconformidad que haya formulado contra la misma. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento y su omisión entorpece el procedimiento, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir su respectivo informe justificado remitan copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan los estímulos proporcionados al quejoso en ese centro penitenciario; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, con fundamento en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta a quinientos días; asimismo, se hace de su conocimiento lo previsto por el artículo citado el cual establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita el quejoso, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el lugar de su reclusión, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, lo anterior de conformidad con lo que dispone la fracción I, inciso a), del artículo 26 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIDAD INEXISTENTE En términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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