Héctor Hugo Rodriguez Gonzalez

Expediente 791/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
791/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Héctor Hugo Rodriguez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de febrero de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que logra advertirse que transcurrió para las partes el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Incidente de suspensión. Sin que en el presente asunto se hubiere solicitado la apertura del incidente de suspensión. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Documento original. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Se comisiona al actuario. En el entendido de que, en el supuesto que el domicilio oficial de la autoridad responsable se encuentre cerrado o no cuente con correo institucional donde pueda recibirse el oficio que se gire; instrúyase a los actuarios adscritos para que practiquen la notificación del presente proveído en el domicilio oficial, una vez que reanude sus labores, sin necesidad de nuevo acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, ante la oficialía Común de los Juzgados de Distritos, con residencia en esta ciudad, recibida al día siguiente hábil en este Juzgado, a (1) ************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y acto que precisó en su escrito de demanda. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto se violaron, siendo el contenido en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo fue admitida mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se registró con el número 791/2020, y se ordenó la formación del expediente relativo, admitiéndose en sus términos, se solicitó el informe justificado correspondiente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido que fue el juicio por sus fases procesales, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa al tenor del acta que antecede. Considerando: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Acuerdo General 03/2013, en relación con el 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, luego del examen integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias que integran este juicio, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa expuso sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía, podemos concluir que en el caso se reclama: La omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Tribunal de Arbitraje del Estado en esta ciudad, de emitir acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente laboral burocrático 296/2019-V. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado, procede verificar la existencia del acto precisado, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, dado que al rendir el informe justificado, reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además está corroborado con las constancias relativas al juicio de origen, que en copia certificada fueron allegadas a este contradictorio federal por la propia junta responsable, las que como documentos públicos, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Respecto acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Ahora bien, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado en esta ciudad, de emitir acuerdo en el que se pronuncie respecto la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente laboral burocrático 296/2019-V. Sin embargo, de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad señalada como responsable en apoyo al informe justificado, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el nueve de noviembre de dos mil veinte, dictó el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en cuestión, cuya falta de emisión ahora se duele el amparista, y fijó las audiencias correspondientes para desahogar las pruebas admitidas; por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. Razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista improcedencia en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; ello impone sobreseer en el presente asunto en términos del diverso ordinal 63, fracción V, de esa legislación. Resulta puntualmente aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página 210, con rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Luego, al actualizarse la causal de improcedencia de antecedentes, se está impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación argumentados por la parte quejosa. En ese aspecto, se cita el contenido que informa la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto, son: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el encargado del Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora, así como sus anexos, mediante los cuales envía diversas constancias en apoyo al informe justificado rendido por la autoridad en cuestión. Vista. Atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de sus contenidos y manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis: XXI. 2º. 16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Notifíquese. Así, lo acordó y firma, el licenciado Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del acuerdo general de que se trata. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del expediente original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depuración", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destrucción", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese.

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