Héctor Hugo Ramírez Peña

Expediente 643/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 29 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
643/2018
Año
2018
Actuaciones
29
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Héctor Hugo Ramírez Peña
  • Agente I del Ministerio Público Especializado en Homicidios de Celaya, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de nueve de noviembre del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió y se negó la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio que suscribe la Encargada de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en Salvatierra, mediante el cual, en alcance al diverso presentado el siete de noviembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, informa que el uno de noviembre del año en curso se dictó auto de no vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Asimismo, adjunta un disco compacto, el cual con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se admite y se tiene por desahogado, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de la reproducción del disco compacto que adjunta la oficiante, el cual adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, consultable en la página 703, bajo el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL", se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo IV, Apéndice 2000, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. La orden de aprehensión reclamada emana del proceso penal **********, de la estadística del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en Salvatierra. II. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el uno de noviembre del dos mil dieciocho, el Juez de la causa dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Héctor Hugo Ramírez Peña, dentro de la causa penal **********. III. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. IV. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de no vinculación a proceso puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, se deja insubsistente el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de octubre del año en curso.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio que suscribe la Encargada de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en Salvatierra, mediante el cual, en alcance al diverso presentado el siete de noviembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, informa que el uno de noviembre del año en curso se dictó auto de no vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Asimismo, adjunta un disco compacto, el cual con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se admite y se tiene por desahogado, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de la reproducción del disco compacto que adjunta la oficiante, el cual adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, consultable en la página 703, bajo el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL", se advierte que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo IV, Apéndice 2000, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. La orden de aprehensión reclamada emana del proceso penal **********, de la estadística del Juzgado de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en Salvatierra. II. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el uno de noviembre del dos mil dieciocho, el Juez de la causa dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Héctor Hugo Ramírez Peña, dentro de la causa penal **********. III. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. IV. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de no vinculación a proceso puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, se deja insubsistente el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de octubre del año en curso.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio que signa vía electrónica el Jefe de la Unidad de Causa y Gestión del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en Salvatierra, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de treinta de octubre del año en curso, informa que el uno de noviembre del año en curso se dictó auto de no vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, se ordenó su inmediata libertad, por lo que dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se le había impuesto y adjunta un disco compacto. Ahora bien, de la reproducción del disco compacto que adjunta el oficiante, se advierte que no obra la continuación de la audiencia de vinculación de uno de noviembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase al Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita la constancia mencionada, o en su caso, manifieste el impedimento que tuviere para ello, pues dicha constancia podría actualizar alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

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