Héctor Hugo Mendoza Pino
Expediente 721/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Héctor Hugo Mendoza Pino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
:: Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el doce de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.
- Principal
:: En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con cuarenta minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 721/2022-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable; asimismo, da cuenta con la promoción con número de registro 15339, a lo que el Juez acuerda: agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta mediante la cual la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Coordinadora Jurídica Zona Dos de la Dirección Jurídica, con sede en Chetumal, rinde informe justificado, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el mismo y se acordó lo conducente en cuanto su contenido. Por otra parte, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció pruebas documentales, así como la inspección ocular y la testimonial a cargo de Enrique Javier Preciado Madeiro y las demás partes no ofrecieron algún medio de convicción; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales. Luego, se desechan las pruebas consistentes en: i) la inspección ocular y ii) la testimonial a cargo de Enrique Javier Preciado Madeiro, en razón de que se encuentran encaminadas a demostrar la posesión, del bien inmueble que la parte quejosa describe en su escrito inicial de demanda, esto es, el interés jurídico de la peticionaria de amparo. Sin embargo, no son idóneas para acreditar la existencia de las omisiones relclamadas, las cuales fueron negadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, a saber: a) La omisión de brindar y/o proporcionar información de forma escrita respecto al desalojo del bien inmueble ubicado en colonia Nohoch Kah, región 15, manzana 09, lote 003, en Tulum, Quintana Roo, emitido en la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022 del índice de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. b) La omisión de brindar y/o proporcionar información de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra, respecto de los derechos y las obligaciones relacionadas con la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022 del índice de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. c) La omisión de recibir el escrito presentado por el quejoso el doce de mayo de dos mil veintidós, ante las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. d) La omisión de notificar a la parte quejosa a la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022 del índice de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Por lo que, es evidente que no tendría efecto práctico recabar dichos medios de convicción, pues como se dijo, son inconducentes para acreditar la existencia de las actuaciones reclamadas en mención. Dado su carácter ilustrativo, se cita como apoyo el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 175823 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.14 K Página: 1888 PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." Finalmente, téngase por concluido el periodo probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no realizaron manifestaciones a manera de alegatos; luego, el Juez provee: se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 721/2022-IV, promovido por Héctor Hugo Mendoza Pino, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido el diecinueve de julio siguiente por razón de turno a este juzgado de distrito, Héctor Hugo Mendoza Pino, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la 1) Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y 2) Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ambas con residencia en Chetumal, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. - - - a) La omisión de brindar o proporcionar información de forma escrita respecto el desalojo de mi propiedad hechos relacionados con el expediente FGE/QRO0/TUL/03/406/2022, mismos que fueron requeridos acreditando la personalidad y fueron negados en fecha veintisiete de marzo de dos mil veintidós, en el lugar de los hechos marcado como Colonia Nohoch Kah, ubicado en la Región 15, manzana 09, lote 003, Ciudad de Tulum, Quintana Roo, con una superficie de 509.979, negándose a revisar documentación y utilizando la coerción para su cometido. - - - b) La omisión de brindar o proporcionar información (de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra) respecto de los derechos y las obligaciones relacionadas con el expediente FGE/QROO/TUL/03/406/2022, mismos que fueron requeridos acreditando la personalidad y fueron negados en fecha doce de mayo del dos mil veintidós en las instalaciones del la Fiscalia General del Estado de Quintana Roo, negándose a recibir escrito y estableciendo que no se contaba con la personalidad para saber que sucedía. - - - - c) La omisión de notificación y derechos de audiencia, por parte de la Fiscalía General del Estado, Quintana Roo y de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo relacionados con el predio establecido en el Convenio de pago anticipado por la expropiación de 56-41-69.768 hectáreas de tierras de uso común que en términos de observancia de los articulos 29, 93, fracción I, /V, V, VIl y VIll, 95 de la Ley Agraria 66 y 67 de su reglamento de ordenamiento de la propiedad rural que celebran por una parte el núcleo de población agraria denominado Jacinto Pat del municipio de Solidaridad estado de Quintana Roo a través del Comisario Ejidal representando en ese acto por los CC. Gilberto Maas Cupul, Tomás López Tun y Manuel Jesús Noh Kuyoc en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente y los CC. Oscar May Cahuich, Pedro Rodríguez y Uitzil y Luis Reyes Kumul Pat en su carácter Presidente, primera (sic) y segundo Secretario del Consejo de vigilancia respectivamente aquí en la sucesivo indistintamente se les denominará como el núcleo y de otra parte el gobierno del Estado de Quintana Roo a través de su entidad descentralizada denominada instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública por sus siglas IPAE quién fue representado en el acto por la C. Arquitecta Gina Patricia Ortiz Blanco en su carácter de Directora General, a quienes se les denomina como el estado, celebrado en fecha 30 de noviembre de dos mil seis e inscrito en bajo el folio 184 y 185 del libro de Inscripción de Convenios tomo I, en el Registro Agrario Nacional, en fecha 16 de enero de 2007 - - -d) La omisión de resolución en cuanto a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho de propiedad privada, emanado en este mismo articulado, en relación a lo establecido en el artículo 16 de este mismo ordenamiento." SEGUNDO. Radicación, prevención y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el diecinueve de julio de dos mil veintidós ante este juzgado de distrito, en auto de veinte siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 721/2022-IV; se negó la suspensión de plano solicitada y se previno a la parte quejosa para que la aclarara. Luego, toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento a la precención formulada, por auto de ocho de agosto del año en curso se admitió a trámite la demanda únicamente por la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman omisiones de una autoridad adminitrativa, que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consisten en: a) La omisión de brindar y/o proporcionar información de forma escrita respecto al desalojo del bien inmueble ubicado en colonia Nohoch Kah, región 15, manzana 09, lote 003, en Tulum, Quintana Roo, emitido en la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022 del índice de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. b) La omisión de brindar y/o proporcionar información de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra, respecto de los derechos y las obligaciones relacionadas con la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022 del índice de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. c) La omisión de recibir el escrito presentado por el quejoso el doce de mayo de dos mil veintidós, ante las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. d) La omisión de notificar a la parte quejosa a la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022 del índice de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. La autoridad responsable Fiscal General del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Coordinadora Jurídica Zona Dos de la Dirección Jurídica, con sede en Chetumal, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia, sin que la parte quejosa ofreciera prueba idónea en contrario. En efecto, para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable respecto a la existencia de los actos reclamado, la parte quejosa estaba obligada a aportar en el presente juicio de derechos fundamentales, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos que por esta vía impugna, y en segundo término, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales, sin que en autos obre constancia alguna de que así lo hubiera hecho el amparista, no obstante que el informe justificado le fue puesto a la vista, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, el cual le fue notificado el veinticinco de ese mismo mes y año y surtió efectos el veintiséis de agosto siguiente. Cobra aplicación, por no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 187728 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.A.4 K Página: 903 PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En efecto, el quejoso exhibió como medios de convicción los siguientes: Pruebas 1. Fotocopia sin certificar de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor de Héctor Hugo Mendoza Pino. 2. Fotocopia sin certificar de la cédula profesional 7375804 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en favor de Karina Mayela Casas Gutiérrez- 3. Fotocopia sin certificar de la "Constancia de vigencia de derechos" de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el Registrador Integral de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Delegación Quintana Roo. 4. Fotocopia sin certificar del Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común No. 000000028282, en favor de Héctor Hugo Mendoza Pino de trece de noviembre de dos mil trece. 5. Fotocopia sin certificar del Convenio de Pago anticipado que celebra el núcleo agrario denominado "Jacinto Pat" del Municipio de Solidaridad y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de su Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública para la Indemnización previa a la expropiación o enajenación a titulo oneroso de la propiedad de 56-41-69-768 hectáreas de tierras de uso común en las formas permitidas por la legislación agraria. 6. Fotocopia sin certificar del acuse con sello de recibido del escrito dirigido al Delegado del Registro Nacional Agrario, Quintana Roo, suscrito por Héctor Hugo Mendoza Pino. 7. Fotocopia sin certificar del "Acta de Entrega de Recepción de 18-169-29.90 hectáreas e igual 181,629.90 metros cuadrados de terreno que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública, IPAE, realiza a nombre del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a Título de pago en especie al Ejido "Jacinto Pat" del Municipio de Tulum, Quintana Roo, por la expropiación de 56-41-69.768 de hectáreas de uso común de seis de diciembre de dos mil ocho. 8. Fotocopia sin certificar del oficio suscrito por el Presidente Comisariado Ejidal "Ejido Jacinto Pat" de dos de marzo de dos mil once. 9. Fotocopia sin certificar del oficio suscrito por el Presidente Comisariado Ejidal "Ejido Jacinto Pat" de veinticinco de octubre de dos mil diez. 10. Fotocopia sin certificar del oficio TMDC/304/2010 de tres de noviembre de dos mil diez, suscrito por el Director de Catastro Municipal de Tulum, Quintana Roo. 11. Fotocopia sin certificar del oficio IPAE/CT/150/2010 de siete de abril de dos mil diez, suscrito por el Coordinador Técnico del Instituto de Patrimonio Estatal "IPAE", con residencia en Chetumal, Quintana Roo. 12. Impresión sin certificar de diversas capturas de pantalla de correos electrónicos. 13. Fotocopia sin certificar de diversos planos. 14. Impresión a blanco y negro de cuatro fotografías Documentales que cuentan con valor probatorio indiciario en términos del numeral 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para demostrar que posiblemente sea una reproducción de su original; sin embargo, no son aptos para acreditar la existencia de las omisiones atribuidas a la autoridad responsable. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. Por lo anterior, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de la autoridad responsable, queda demostrada la inexistencia de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Héctor Hugo Mendoza Pino, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, precisados en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
:: Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Coordinadora Jurídica Zona Dos de la Dirección Jurídica, con sede en Chetumal, rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 9°, párrafo primero, de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que refiere.
- Principal
:: I. No se desahogó prevención. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en auto de veinte de julio de dos mil veintidós, se previno a la parte promovente a efecto de que cumpliera con lo siguiente: a) Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado destacado la diligencia de veintisiete de marzo de dos mil veintidós, realizada por elementos de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tulum, Quintana Roo, en la que se ejecutó el desalojo del bien inmueble ubicado en colonia Nohoch Kah, región 15, manzana 09, lote 003, en Tulum, Quintana Roo, en autos de la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022. b) En caso de que señale dicho acto, deberá señalar a qué autoridad se lo atribuye. c) Además, refiera con precisión cuál es la resolución contemplada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y específicamente qué autoridad ha sido omisa en emitirla. d) Exprese con precisión cual es el acto o actos que reclama de la autoridad responsable Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. e) Exhiba cuatro fotocopias sin certificar del escrito mediante el cual desahogue la prevención formulada, para correr traslado a todas las partes (dos para las autoridades responsables, una para el tercero interesado y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción) y una copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, para el caso de que se señale una autoridad diversa a la señalada en la demanda de amparo. Luego, vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención que le fue realizada en el referido proveído; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que el presente juicio se sustanciará únicamente respecto de los actos reclamados expresamente señalados en la demanda de amparo y de la autoridad Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. En ese tenor, se tiene a Héctor Hugo Mendoza Pino, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. II. Decisión sobre la acción de amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. III. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: Héctor Hugo Mendoza Pino. 2. Autoridad(es) responsable(s). a. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que no hacerlo se le(s) impondrá multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en caso de que tenga conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. c. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. d. Telegrama. Con fundamento en los artículos 17 constitucional y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, comuníquese vía telegráfica a la(s) autoridad(es) responsable(s) foránea(s) el inicio del presente juicio de amparo, y solicítese que de ser posible, en aras de una pronta impartición de justicia, remita(n) su correspondiente informe por el mismo medio, en el entendido que los actos reclamados se hacen consistir en: a) La omisión de brindar y/o proporcionar información de forma escrita respecto al desalojo del bien inmueble ubicado en colonia Nohoch Kah, región 15, manzana 09, lote 003, en Tulum, Quintana Roo, emitido en la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022 del índice de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. b) La omisión de brindar y/o proporcionar información de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra, respecto de los derechos y las obligaciones relacionadas con la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022 del índice de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. c) La omisión de recibir el escrito presentado por el quejoso el doce de mayo de dos mil veintidós, ante las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. d) La omisión de notificar a la parte quejosa a la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/03/406/2022 del índice de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. En el entendido que, a efecto de agilizar la integración del presente juicio de amparo, la(s) autoridad(es) responsable(s) podrá(n) rendir el informe solicitado mediante correo electrónico a la dirección 7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx. 3. Tercero(s) interesado(s). a. Quién. Se reserva proveer respecto a quién(es) le(s) recae el carácter de tercero(s) interesado(s) hasta en obre en autos el(los) informe(s) justificado(s). 4. Representación Social. Con apoyo en los artículos 5, fracción IV, y 26 fracción II de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que por proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de varios administrativo 2022 del propio índice, se determinó que a partir de esa fecha se autorizaría la consulta de todos los expedientes que se radiquen en este órgano jurisdiccional a Aracely Noemí Oxte Chimal, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "ARACELY.OXTE" y que las notificaciones personales en esos expedientes, se le realizarían vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del auto de admisión correspondiente, la cual deberá verificarse de manera personal. Por tanto, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 6, 16, 34 a 37 y 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a Aracely Noemí Oxte Chimal, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "ARACELY.OXTE" y que las notificaciones personales en el presente juicio de amparo, se le realicen vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del presente acuerdo, la cual deberá verificarse personalmente. En la inteligencia que la autorización contenida en este acuerdo surtirá efectos siempre y cuando la mencionada fiscal se encuentre adscrita a este órgano jurisdiccional; de lo contrario, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo, se revocará dicha autorización. V. Incidente de suspensión. No es el caso abrir incidente de suspensión porque la parte quejosa no lo solicitó, máxime, que en proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se proveyó lo conducente respecto a la suspensión de plano solicitada. En consecuencia; con fundamento en el artículo 116 de la Ley de Amparo, remítase fotocopia sin certificar de la demanda de amparo a la autoridad responsable, a fin de que esté en aptitud de rendir su informe justificado. VI. Pruebas. a. Pruebas documentales. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la(s) prueba(s) documental(es) que anexó a su demanda de amparo y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional. b. Inspección ocular y prueba testimonial. Luego, por lo que respecta a la inspección ocular y la prueba testimonial ofrecidas por la parte quejosa, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables. c. Solicita se requieran constancias. Ahora, por lo que respecta a la solicitud de la parte quejosa, en relación a requerir a las autoridades 1] Dirección de Catastro del Municipio de Tulum, 2] Registro Agrario Nacional y 3] Tribunales Agrarios, respectivamente, fotocopia certificada de diversas constancias, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, dígase a la parte quejosa no ha lugar a acceder a su solicitud, en virtud de que no acreditó ante este juzgado haber solicitado las constancias de referencia a las autoridades referidas, a fin de que sean requeridas por este órgano jurisdiccional para que sean ofrecidas como pruebas. Ahora, por cuanto a su solicitud de que se giren instrucciones a las dependencias i] Registro Agrario Nacional, ii] Tribunales Agrarios, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, iii] Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), iv] Registro Público de la Propiedad y del Comercio y v] Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, a fin de que no realicen trámite alguno sobre su predio, dígase a la parte quejosa que no ha lugar acordar favorablemente su solicitud, toda vez que las mismas no tienen relación con los actos reclamados en el presente juicio, los cuales se hacen consistir en diversas omisiones, máxime, que las autoridades en comento no fueron señaladas como responsables. VII. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. VIII. Requerimiento de contacto a las partes y solicitud de propuestas para mejorar la comunicación con ellas. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se solicita a las partes del presente asunto, que para entablar comunicaciones no procesales, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. IX. Notificaciones a autoridad(es) responsable(s). Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se indica que únicamente se harán las notificaciones a la(s) autoridad(es) mediante oficio de aquellas determinaciones cuyo contenido incida en algún aspecto en su esfera de derechos, practicándose las demás mediante lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." X. Corrección de denominación de autoridades responsables. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el supuesto de que este órgano jurisdiccional advierta que la denominación de alguna de las autoridades que señaló como responsables sea inexacta, pero se pueda identificar o individualizar, se corregirá oficiosamente ese error y se tendrá por señalada con su denominación correcta, incluso si eso se advierte durante el trámite del juicio, lo anterior debido a que conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Época: Décima Época Registro: 2006401 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: XXVII.3o.17 K (10a.) Página: 1933 AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." XI. Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir su respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 245 de la Ley de Amparo.
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