Héctor Hugo Cervantes Rodríguez

Expediente 1492/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1492/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Héctor Hugo Cervantes Rodríguez
  • Coordinación General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa *****************, por el cual realiza manifestaciones en relación al cumplimiento al juicio de amparo; en consecuencia: V i s t o el estado del presente juicio de amparo, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 217 a 242), dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el toca de revisión R.A. 130/2017 de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el ocho de febrero de dos mil dieciocho(foja 216), por la cual confirmó la sentencia de dictada por este Juzgado Federal, el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 136 a 157). De la ejecutoria se advierte que la protección constitucional se concedió por cuestiones de forma para el efecto de que la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla: "1. Deje sin efecto la resolución de tres de agosto de dos mil dieciséis emitida dentro del recurso de revocación 08/2015 que confirmó la diversa de ocho de abril de dos mil quince, dictada en el expediente 25/2011; 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la cual de manera fundada y motivada, valore cada una de las pruebas que ofreció el quejoso con motivo del agravio segundo de su recurso de revocación, en atención a lo señalado en la presente resolución, esto es, atendiendo al hecho que pretendió acreditar el quejoso con dichas pruebas. El amparo se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen a la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, y a la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, porque si se concede el amparo respecto de los actos de la autoridad ordenadora, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 41, Tomo 55, Julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios (foja 156)". Por auto de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca en revisión R.A. 130/2017 se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 243 a 245). Mediante oficio SC-CGJ-247/2018 de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, recibido por este Juzgado Federal el veintidós de febrero de dos mil dieciocho(foja 253), la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, adjuntó copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, de la que se advierte lo siguiente: Dejó sin efectos la diversa resolución de tres de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revocación 08/2015, y en su lugar dictó otra de la que se advierte: En cuanto al agravio segundo hecho valer en el recurso de revocación, estimó que el mismo era parcialmente fundado, en relación a que la autoridad de origen no realizó una valoración de las pruebas que ofreció el peticionario de amparo, puesto que únicamente les otorgó el valor de documentales públicas, por lo que se pronunció respecto a dichas probanzas; en los siguientes términos: MEDIO DE PRUEBA CONSIDERACIÓN A PROBAR POR EL RECURRENTE RAZONAMIENTO DE LA AUTORIDAD 1. El memorándum DIROP-2011/0156 de veinticinco de enero de dos mil once, en el que se entregó un dictamen técnico para determinar la existencia del pago en exceso derivado de la revisión por parte de la residencia de obra. Que el quejoso actúo con diligencia, con el objetivo de resarcir al Estado los pagos en exceso realizados por error, y que informó a sus superiores jerárquicos y a la dependencia competente, Dirección de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a efecto de que instauraran los procedimientos legales contra la empresa contratista. Que dicho documento resultó ineficaz para desvirtuar la conducta imputada al recurrente. Que este es un medio de comunicación interno entre el Director de Obra Pública y el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Que a pesar de haber elaborado un dictamen técnico y haber sido notificado a la empresa denominada Integradora Siete, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de solicitarle el reintegro de la cantidad de $15,833,940.27 no obraba ficha de pago o depósito mediante el cual se hubiese realizado el reintegro de la cantidad antes mencionada, persistiendo. Que contrario a lo que aduce el quejoso en relación a que actuó con diligencia y con el objetivo de resarcir al Estado, los pagos en exceso que efectuó en el dictamen técnico se asentó que el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas dio trámites a diferentes documentos con la certidumbre al estar validados y firmados. Que el dictamen técnico fue emitido en fecha posterior, el quince de septiembre de dos mil diez, esto es, ocho meses después de que se entregará la obra en que fungió como residente, una vez que las estimaciones 4, 5, 6, 10, 11 y 15, ya habían sido pagadas. 2. El expediente DIRAJ-DC-06/2011, relativo al requerimiento de pagos en exceso a la empresa contratista. Que no le fue imputado el hecho de que no realizara las acciones tendentes al reintegro del monto detectado como pagado en exceso, sino que en su carácter de residente de obra, autorizó indebidamente para su pago las estimaciones 4, 5, 6, 10, 11 y 15. Que en dicho expediente obra el auto de treinta de agosto de dos mil once, dictado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura con motivo del reintegro de la cantidad de $15,833,940.27. Sin que de autos se advierta que la empresa Integradora Siete, Sociedad Anónima de Capital Variable, hubiese hecho el reintegro de la cantidad antes mencionada. De ahí que el argumento vertido por el recurrente no le beneficie, puesto se acredita la existencia delos pagos en exceso y la falta de reintegro de dicha cantidad. No obstante que el reintegro de la cantidad mencionada no forme parte de la conducta imputada. 3. El oficio DIRAJ-2011/180 que notificó a la empresa contratista el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil once, y su anexo, consistente en el dictamen de quince de diciembre de dos mil diez. Que dicho oficio fue notificado al Gerente General de Integradora Siete, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de requerirle reintegrara la cantidad de $15,833,940.27. Que del mismo se advierte que se realizó un requerimiento a la empresa para que reintegrara la cantidad antes mencionada, sin que el mismo hubiese sido reintegrado. Que el oficio en comento no beneficia al recurrente, toda vez que la conducta imputada al recurrente es que en su carácter de residente de obra autorizo indebidamente el pago de las estimaciones 4, 5, 6, 10, 11 y 15 y no así que no realizara las acciones tendentes a notificar y solicitar a la empresa antes mencionada el reintegro de la cantidad pagada en exceso. 4. Póliza por vicios ocultos 3136-00198-9 de quince de abril de dos mil diez, expedida por la Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable. Que una vez que el quejoso detectó los pagos en exceso realizó las acciones tendientes a su restitución, mediante los procedimientos establecidos en el contrato de obra pública, en la Ley de la materia y su Reglamento. Que dicho documento no beneficia al recurrente, toda vez que la citada póliza fue exhibida para garantizar la reparación total de los defectos y daños que resultaran de los trabajos, de los vicios ocultos, así como daños y perjuicios o de cualquier otra responsabilidad. Que del expediente de origen 25/2011 no se advierte que se hubiera llevado a cabo el procedimiento tendente a hacer efectiva la misma, es decir que la empresa realizara la reparación de los trabajos mal ejecutados. Que no existe constancia de validez y eficacia plena para acreditar que ese numerario fue reintegrado al Estado en virtud de los pagos en exceso. 5. La cláusula décima primera del contrato de obra pública O.P./LPE/SEDUOP-20080675. Que en ese documento se contempló el mecanismo expreso para la eventualidad del reintegro de pagos recibidos en exceso por el contratista el cual se ciñe a los artículos 49, 65 y 55 de la Ley de Obras Públicos y Servicios Relacionados con las Mismas. Que el quejoso probó que en el momento en que se realizó una revisión en conjunto con la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla se determinaron oportunamente los pagos en exceso, y se dio inicio al procedimiento administrativo previsto en ley, y en el contrato de obra pública, cumpliendo así con sus obligaciones y responsabilidades como servidor público. Que en dicha cláusula se contempla un mecanismo expreso de eventualidad de reintegro de pagos recibidos en exceso; sin embargo, estos comenzaron a gestionarse hasta el momento en que fueron detectados los mismos dentro de la revisión DCSO-002/2009. Que esta no beneficia al contratista ya que fue hasta el momento en que conjuntamente con personal de la Contraloría se detectaron los pagos en exceso, (ocho meses después concluida la obra), lo cual no fue realizado de manera oportuna como lo hizo valer el recurrente, ya que estos pudieron ser subsanados durante la emisión de las estimaciones o hasta el finiquito de la obra. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con las constancias referidas (foja 304), la cual mediante el escrito de cuenta, realizó diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado al fallo protector, para lo cual medularmente señaló: - Que la autoridad responsable emitió una nueva resolución y que al valorar las pruebas lo hizo de una forma imparcial e ilegal al señalar que dichos medios probatorios no son suficientes para desvirtuar la responsabilidad imputada. - Que esta nueva resolución es en el mismo sentido, pues argumenta cuestiones subjetivas y carentes de motivación y fundamentación, abusando de las facultades de libertad de jurisdicción para dictar una nueva determinación. -Que valora de forma asilada los hechos sin considerar en forma global todas las circunstancias inherentes a los hechos que se le atribuyen. -Señala que la autoridad no toma en cuenta que existió un error en dicha autorización de pagos; pues argumenta que en el ámbito de sus facultades y en los plazos previstos en ley realizó las acciones tendientes a recuperar de la empresa contratista los pagos que en exceso y en forma indebida se realizaron, como lo fue emitir el dictamen técnico el cual fue entregado a la Dirección Jurídica e inicio del procedimiento de Ley de Obras Públicas del Estado y del propio contrato de obra pública a fin de recuperar las cantidades pagadas en exceso. Ahora bien, esta Juzgadora estima que no le asiste la razón al peticionario de amparo, puesto como se asentó en los párrafos que anteceden, la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución dictada el tres de agosto de dos mil dieciséis, y en su lugar con libertad de jurisdicción realizó la valoración del material probatorio ofrecido por el quejoso que había omitido valorar, es decir, que el amparo se concedió por cuestiones de forma, mientras que sus alegaciones están dirigidas a controvertir el fondo de la resolución dictada en ejecución de la sentencia protectora; por tanto, contrario a lo manifestado por el aquí quejoso, se estima que en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Guárdense por separado el original y duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó y concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Téngase a la autoridad oficiante, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector de garantías; en consecuencia se provee: VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes con el oficio con anexo antes mencionado, por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE Y PEERSONALMENTE.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, al efecto se provee: Téngase al Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de las Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector de garantías; en consecuencia, resérvese dar vista a las partes, hasta en tanto obre en autos el informe de la Coordinadora General Jurídica de dicha Secretaría, en torno al cumplimiento de la ejecutoria.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta; se provee: EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, COMUNICA EL AUTO DE RADICACION DEL RECURSO DE REVISIÓN. Infórmese a las partes que la superioridad registró el citado recurso de revisión con el número R. A.-130/2017, y lo admitió.

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