Héctor Hinojosa García
Expediente 175/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/05/2021
Partes del expediente
- Héctor Hinojosa García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto, el escrito de demanda promovida por Héctor Hinojosa García, contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 175/2021-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto recién trascrito, tenemos que es obligación del órgano de amparo examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Así, este órgano de control constitucional, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5 y 6, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos insertos, se desprende uno de los principios rectores del juicio de amparo: iniciativa o instancia de parte. El principio fundamental de iniciativa o instancia de parte, consiste básicamente en que para que se tramite un juicio de amparo, la persona que estime agravio en su esfera jurídica, debe ejercitarlo; pues el juicio constitucional jamás puede operar de manera oficiosa, debiendo ser siempre necesario que lo promueva alguien. Por lo que para su procedencia, debe quedar plenamente demostrado, sin excepción alguna, la voluntad de quien comparece en su calidad de quejoso. Criterio que se adoptó en la jurisprudencia, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." De lo anterior, se obtiene medularmente que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto o a través de su representante legítimo, es quien está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Ahora, del análisis de la demanda de amparo presentada a través del Buzón Judicial, por Héctor Hinojosa García, se desprende que no se advierte el signo gráfico para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, razón por la que se considera que no existe voluntad del directo quejoso para la promoción de esta instancia constitucional. Además, en el presente caso no se está en presencia del supuesto de excepción que prevé el Acuerdo General Conjunto mencionado, en el artículo 11, a saber: "Artículo 11. Toda persona podrá promover demanda de amparo, sin necesidad del uso de la FIREL, en cualquier día y hora, en términos de lo previsto en los artículos 3º, párrafo último, 15, 20 y 109, párrafo último, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá acceder al vínculo del CJF en el SEPJF." Esto es, el precepto inserto, y a los que remite de la Ley de Amparo, se refieren a demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo que en la especie no acontece, pues del libelo de demanda, se advierte con meridiana claridad, bajo ninguna circunstancia puede estar siendo objeto de los actos indicados, dado la naturaleza de los mismos, pues señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el juicio de origen 694/2020 del índice de la responsable. De ahí que, al no tratarse de los casos de excepción que maneja el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, la parte promovente del amparo debió cumplir con el requisito de anexar su firma. Así pues, la omisión de una de las formalidades de la demanda por parte de la quejosa no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo, pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En ese sentido, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, 5 y 6, de la Ley de Amparo y 107 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida vía buzón judicial por Héctor Hinojosa García.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto, el escrito de demanda promovida por Héctor Hinojosa García, contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 175/2021-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto recién trascrito, tenemos que es obligación del órgano de amparo examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Así, este órgano de control constitucional, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5 y 6, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos insertos, se desprende uno de los principios rectores del juicio de amparo: iniciativa o instancia de parte. El principio fundamental de iniciativa o instancia de parte, consiste básicamente en que para que se tramite un juicio de amparo, la persona que estime agravio en su esfera jurídica, debe ejercitarlo; pues el juicio constitucional jamás puede operar de manera oficiosa, debiendo ser siempre necesario que lo promueva alguien. Por lo que para su procedencia, debe quedar plenamente demostrado, sin excepción alguna, la voluntad de quien comparece en su calidad de quejoso. Criterio que se adoptó en la jurisprudencia, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." De lo anterior, se obtiene medularmente que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto o a través de su representante legítimo, es quien está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Ahora, del análisis de la demanda de amparo presentada a través del Buzón Judicial, por Héctor Hinojosa García, se desprende que no se advierte el signo gráfico para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, razón por la que se considera que no existe voluntad del directo quejoso para la promoción de esta instancia constitucional. Además, en el presente caso no se está en presencia del supuesto de excepción que prevé el Acuerdo General Conjunto mencionado, en el artículo 11, a saber: "Artículo 11. Toda persona podrá promover demanda de amparo, sin necesidad del uso de la FIREL, en cualquier día y hora, en términos de lo previsto en los artículos 3º, párrafo último, 15, 20 y 109, párrafo último, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá acceder al vínculo del CJF en el SEPJF." Esto es, el precepto inserto, y a los que remite de la Ley de Amparo, se refieren a demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo que en la especie no acontece, pues del libelo de demanda, se advierte con meridiana claridad, bajo ninguna circunstancia puede estar siendo objeto de los actos indicados, dado la naturaleza de los mismos, pues señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el juicio de origen 694/2020 del índice de la responsable. De ahí que, al no tratarse de los casos de excepción que maneja el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, la parte promovente del amparo debió cumplir con el requisito de anexar su firma. Así pues, la omisión de una de las formalidades de la demanda por parte de la quejosa no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo, pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En ese sentido, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, 5 y 6, de la Ley de Amparo y 107 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida vía buzón judicial por Héctor Hinojosa García.
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