Héctor Hilario Ríos
Expediente 1464/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1464/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Héctor Hilario Ríos
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Remite ejecutoria. Vistos los oficios provenientes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz, mediante el cual envía el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial ***, la cual concluye con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por ***, contra la autoridad y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución a los titulares de los Juzgados Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, y Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca; anexándole al segundo, las constancias respectivas, para la continuación del juicio de amparo de que se trata, previa copia que obre en autos." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desglósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del conflicto competencial suscitado para ser integradas al presente juicio de amparo. Fijación de los actos reclamados. Previo a analizar la procedencia de la demanda promovida por *** resulta importante precisar que la parte quejosa reclama en el presente juicio lo siguiente: a) El auto de uno de agosto de dos mil veintitres, dictada en el expediente ***, del indice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar del Distritio Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el que se requiere al quejoso el pago de las pensiones alimenticias provisionales vencidas, bajo apercibimiento que de no hacerlo se iniciara el procedimiento de embargo respectivo. b) La omisión a dictar sentencia en el expediente ***, del indice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar del Distritio Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Separación de juicios. En esas condiciones, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados por la parte quejosa, se advierte que los mismos tienen efectos individuales, por lo que, a fin de que se analicen de manera separada, es procedente -de oficio- emitir la resolución correspondiente, en razón de que se encuentran desvinculados entre sí, de modo que no hay justificación para tramitarlos juntos. En efecto, en la demanda de amparo se reclaman actos autónomos e independientes entre sí, por lo que se considera que con la anterior medida se logrará una tramitación más clara en el presente juicio de amparo, y se evitará el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos. Esto es, la figura de la separación de juicios es por naturaleza contraria a la de acumulación; por tanto, a diferencia de ésta, aquélla tiene por objeto evitar que en un solo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya fuente generadora provenga de procedimientos distintos y desvinculados entre sí; todo ello en razón de una mejor administración de justicia. No obstante, esta figura jurídica de la separación no se encuentra expresamente regulada por la Ley de Amparo, por lo que en aras de precisar las reglas de su estudio, debe atenderse a la jurisprudencia, deduciéndolo en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Novena Época, página 118, Septiembre de 1997, de rubro y textos siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Por consiguiente, al considerar que los efectos de los actos reclamados están desvinculados entre sí, deben tratarse en juicios separados, a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía a la resolución que en su caso se dicte. En consecuencia, se declara procedente la separación de juicios; en el entendido que el presente juicio de amparo únicamente versará sobre el acto reclamado atinente a el auto de uno de agosto de dos mil veintitres, dictada en el expediente ***, del indice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar del Distritio Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el que se requiere al quejoso el pago de las pensiones alimenticias provisionales vencidas, bajo apercibimiento que de no hacerlo se iniciara el procedimiento de embargo respectivo. Por ende, se ordena la continuación del presente juicio de derechos únicamente por lo que hace a dicho acto; de modo que debe darse de alta como nueva demanda lo concerniente al acto reclamado en el escrito de demanda consistente en la omisión a dictar sentencia en el expediente ***, del indice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar del Distritio Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Por lo anterior, remítase de inmediato copia certificada de la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Hidalgo, con residencia en esta ciudad, a fin de que se turne como nueva demanda respecto del acto reclamado mencionado en el párrafo anterior, con la finalidad de que la referida Oficina de Correspondencia la registre y la turne de forma aleatoria al órgano jurisdiccional que corresponda de conformidad con la Circular de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos 12/2022. Sirve de apoyo a la anterior la Jurisprudencia P./J.78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." En ese orden, se provee lo conducente respecto al acto reclamado consistente en el auto de uno de agosto de dos mil veintitres, dictada en el expediente ***, del indice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar del Distritio Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el que se requiere al quejoso el pago de las pensiones alimenticias provisionales vencidas, bajo apercibimiento que de no hacerlo se iniciara el procedimiento de embargo respectivo. Estudio de la demanda. A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no observó, previo a acudir a esta instancia constitucional, el principio de definitividad. El numeral de referencia prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. En el caso, la quejosa narró bajo protesta de decir verdad que es parte demandada dentro del juicio familiar de guarda, custodia y pensión alimenticia ***, del indice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar del Distritio Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el que en auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve se decretó el pago de un pensión alimenticia provisional en favor del menor de iniciales ***. Asimismo, que el uno de agosto de dos mil veintitrés, dentro de tal juicio, se dictó un auto de oficio en el que se requiere al quejoso el pago de las pensiones alimenticias provisionales vencidas, bajo apercibimiento que de no hacerlo se iniciara el procedimiento de embargo respectivo, auto del cual el quejoso se duele en el presente juicio de amparo. Sin embargo, este juzgador considerara que tal determinación es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que establecen: "Artículo 364. Este código prevé los siguientes recursos: (.) II. Apelación; (.)" "Artículo 379. El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación." "Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 383. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. "Artículo 395. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento." De la lectura de dichos numerales se advierte que el recurso de apelación procede contra autos y/o resoluciones incidentales de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación. En el caso, se reclama el auto de uno de agosto de dos mil veintitres, dictada en el expediente ***, del indice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar del Distritio Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el que se requiere al quejoso el pago de las pensiones alimenticias provisionales vencidas, bajo apercibimiento que de no hacerlo se iniciara el procedimiento de embargo respectivo. De ahí que, como el acto reclamado en el presente juicio es un auto de difícil reparación, es procedente el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 334, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Cabe mencionar que, si bien es cierto, tal proveído se considera como un acto de imposible reparación, esa circunstancia no significa que el quejoso esté exento de observar el principio de definitividad, pues aun cuando el amparo es procedente contra actos de esa naturaleza, ello será una vez que se agoten los recursos ordinarios, máxime que en el caso, el peticionario de amparo es parte demandada dentro del juicio en el que se emitió. En esa tesitura, al contener el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que la quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para el inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, que reza: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." También, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2013, página 350, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Sin que este órgano jurisdiccional desconozca la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Tomo II, Octubre de 2013, página 990, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Sin embargo, como ha quedado plasmado, del artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, se advierte que en el supuesto de que el acto reclamado pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación a alguna de las partes; puede ser reclamado mediante la interposición del recurso de apelación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales circunstancias, a lo que el juez tendrá la obligación de declararlo procedente en ambos efectos, concediendo la suspensión de su ejecución hasta en tanto se resuelva el medio de impugnación. Desechamiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda, al advertirse de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Notificación del quejoso. Toda vez que el quejoso señalo como domicilio para recibir notificación uno fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, en turno, a efecto de que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en ***, a efecto de que notifique el presente auto al quejoso ***, y le corra traslado con copia autorizada del mismo. Asimismo, lo deberá requerir para que en el plazo de tres días, señale domicilio procesal dentro de la demarcación que corresponde al lugar de residencia de este juzgado o zona conurbada; apercibido que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, sin mayor proveído, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en lugar visible de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. Hágase del conocimiento del juez requerido que se le faculta para que, en caso de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción a fin de que en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia en cuestión; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tiene como autorizado para recibir notificaciones a *** por así haberlo solicitado la parte quejosa. Teléfono y correo electrónico. De igual forma, se tiene al quejoso proporcionando el número telefónico ***, así como el correo electrónico ***, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación no procesal. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Autorización de medios electrónicos. En otro orden de ideas, con fundamento en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a la parte quejosa así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. Expediente electrónico. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. De conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se le tiene por señalado el correo electrónico que señala la parte quejosa, asimismo, se le requiere a las partes para que los proporcione para que se entablen comunicaciones no procesales. 8
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Admite conflicto. Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este juzgado federal y el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, para conocer del juicio de amparo 1464/2023-8-B, el cual quedó radicado con el número de expediente 16/2023. 8
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