Héctor Hernández Rivera
Expediente 457/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Héctor Hernández Rivera
- Directora de Administración de Agua, En el Organismo de Cuenca Balsas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintidós. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós causó ejecutoria la resolución ahí emitida, de la que se agrega copia a este incidente. Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el original de este expediente será depurable, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Por lo anterior, se estima carece de objeto la permanencia en la caja de valores de este Juzgado el billete de depósito con números de serie N ***, que ampara la cantidad de $****, exhibido por la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida. Por tanto, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, comuníquese a la parte quejosa, que el billete de depósito mencionado estará a su disposición por el plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, a efecto de que se presente ante este Juzgado a recogerlos; apercibida que de no comparecer dentro de ese término, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 47 de la Ley de la Tesorería de la Federación, dicha garantía se declarará prescrita a favor del erario federal, en términos de los artículos 45 y 48, primer párrafo, de la citada ley. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista electrónica a las demás partes.
- Incidental
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de doce de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo (INC) 457/2021; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintidós. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós causó ejecutoria la resolución ahí emitida, de la que se agrega copia a este incidente. Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el original de este expediente será depurable, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Por lo anterior, se estima carece de objeto la permanencia en la caja de valores de este Juzgado el billete de depósito con números de serie N ***, que ampara la cantidad de $****, exhibido por la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida. Por tanto, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, comuníquese a la parte quejosa, que el billete de depósito mencionado estará a su disposición por el plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, a efecto de que se presente ante este Juzgado a recogerlos; apercibida que de no comparecer dentro de ese término, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 47 de la Ley de la Tesorería de la Federación, dicha garantía se declarará prescrita a favor del erario federal, en términos de los artículos 45 y 48, primer párrafo, de la citada ley. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista electrónica a las demás partes.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de la secretaria, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Datos personales. Por otro lado, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
notificación a la parte quejosa por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- VISTOS los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 457/2021, promovido por ******; y, R E S U L T A N D O RESULTANDO QUE: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno y remitido en esa misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, *****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados y autoridades siguientes (foja 4): III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables en su aspecto de ordenadoras: I. A La Directora De Administración De Agua, En El Organismo De Cuenca Balsas Con Domicilio Bien Conocido Para Ser Notificada. Como Autoridades Responsables En Su Aspecto De Ejecutoras I. Al Actual Presidente Municipal Del Municipio De La Trinidad Vista Hermosa, con domicilio bien conocido en el palacio municipal del mismo municipio II. Al Ciudadano Martín Marcena Barbas, Servidor Público De La Comisión Nacional Del Agua Con Domicilio Bien Conocido Para Ser Notificado III. A La Vicefiscalia Regional De La Mixteca Con Residencia en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; don domicilio bien conocido para ser Notificada. IV-ACTO RECLAMADO: Reclamo de las autoridades señaladas como ordenadoras: Los Actos De Molestia Desplegados Por La Directora De Administración De Agua del Organismo De Cuenca Balsas, Respecto De La Invasión E Intento De Despojo De Una Parte De Mi Pamela De Forma Ilegal, Atreves De Hostigamientos Y Amenazas de sus servidores públicos enviados por la misma comisión. Las omisiones del presidente municipal de Presidente Municipal De La Trinidad Vista Hermosa para hacerme de mi conocimiento, las actuaciones en las que tengan que hacer dentro de mi propiedad de manera legal, además de ser omisión y permitir que se apropien ilegalmente de mi predio. La Posible Detención Ilegal Y Arresto Arbitrario Por Parte De Las Autoridades Señaladas Como Ejecutoras, Al Ejercer el quejoso mi derecho de propiedad y posesión; en especial ilegal arresto y arbitrario por parte de la vicefiscalia regional de la mixteca." Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 457/2021, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 39 a 45), misma que se llevó al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto reclamado se atribuye a una autoridad responsable que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado, ejerce competencia. Segundo. Oportunidad en la presentación de la demanda. El quejoso manifiesta en su demanda de amparo que tuvo conocimiento de los actos reclamados el doce de abril de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió para la quejosa, del trece de abril al tres de mayo de dos mil veintiuno, descontándose del cómputo los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril del año en curso, así como el uno y dos de mayo siguientes, por ser sábados y domingos, e inhábiles, de conformidad con lo prescrito en el artículo 19, del citado ordenamiento legal. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, es evidente que es oportuna. Tercero. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y apoyo en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fijan de forma clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, lo siguiente: La Invasión y despojo de una parte de su parcela identificada con el número 334Z-2P1/1 en la comunidad de Trinidad Vista Hermosa, Teposcolula, Oaxaca, por parte de la Directora de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua; y de los servidores públicos enviados por la citada comisión. La omisión del Presidente Municipal de la Trinidad Vista Hermosa, Teposcolula, Oaxaca, de hacer de su conocimiento las actuaciones que tuvieran que desahogar dentro de su propiedad, permitiendo que se apropien de su predio. La detención ilegal y arresto por parte del Presidente Municipal de la Trinidad Vista Hermosa, Teposcolula, Oaxaca, servidor público de la Comisión Nacional del Agua y de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Presidente Municipal de la Trinidad Vista Hermosa, Teposcolula, Oaxaca, y Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, en representación de la Directora de Administración del Agua y del Ciudadano *****, servidor público de dicha institución, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Al respecto, en el presente caso, no obstante que la parte quejosa ofreció diversos medios de convicción con el propósito de acreditar los hechos que describe en su demanda, entre ellos las documentales que se detallarán a continuación y la inspección judicial; los que adquieren valor probatorio al tenor de los normativos 197, 202, 203, 210-A, 211, 212, 215 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2; resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. Esto es así, porque si bien la parte quejosa exhibió la documental consistente en copias certificadas del certificado parcelario número 000000012126 expedido por el Registro Agrario Nacional, a favor de ****, con el plano respectivo; relativos a la parcela número 334-Z-2 P1/1 ubicada en la Comunidad la Trinidad Vista Hermosa, Oaxaca, con superficie de una hectárea, cuarenta y cinco áreas, sesenta y ocho punto veinticinco centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: NORESTE 45.72 MTS, CON PARCELA 320 SURESTE 71.94 MTS. CON PARCELA 335 Y 116.16 MTS, CON POBLADO EL ENCINAL SUROESTE 112.56 MTS. CON BRECHA NOROESTE 43.30 MTS. CON ARROYO Y 169.71 MTS. EN LÍNEA QUEBRADA CON PARCELA 320. Asimismo, copia certificada del certificado parcelario número 000000019861 expedido por el Registro Agrario Nacional, a favor de ****, que ampara el punto doscientos cincuenta por ciento del total de los derechos sobre tierras de uso común; de igual manera, cinco placas fotográficas de la parcela que defiende el quejoso. Dichas documentales solo justifican la posesión que detenta la parte quejosa sobre los bienes inmuebles ahí descritos. Por su parte, la credencial para votar del promovente, expedida por el Instituto Federal Electoral, acredita su identidad, y las copias certificadas de diversas constancias que integran el legajo de investigación 1406/SPT/2016 del índice de la Fiscalía Local del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, prueban la existencia de una indagatoria en contra de ***** y quien o quienes resulten responsables (policías ministeriales de Huajuapan de León), como probables responsables del delito de amenazas, abuso de autoridad y/o el que resulte cometido en agravio de ***** En cuanto a la prueba de inspección judicial en el inmueble objeto de controversia, desahogada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Teposcolula, Oaxaca, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, tampoco acreditan la existencia de los actos reclamados, toda vez que del acta levantada se advierte que el personal actuante únicamente asentó la ubicación e identidad del inmueble, la existencia de dos estanques, uno de ellos con peces, la presencia de captaciones de agua pluvial; asimismo, que al lado noroeste la parcela colinda con un arroyo, el cual tiene corriente de agua; pero no así de alguna Invasión y despojo de una parte de su parcela identificada con el número 334Z-2P1/1, o detención y/o arresto del quejoso. Bajo ese contexto, no pasa desapercibido lo informado por la Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, respecto a que en dicha dependencia se tramita el expediente administrativo 14/2021 de su índice (del cual remitió copia certificada como prueba de su parte), en el que se advierte lo siguiente: Derivado de la denuncia de la C.****, en la que comunica que el C. *****, tapó el cauce de agua de la barranca, mediante oficio B00.809.02.4/1200 de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se ordenó realizar la visita de inspección ordinaria en una fracción de la barranca conocida localmente como La Canoa o Barranca seca, afluente indirecto del Río Salado, municipio de La Trinidad Vista Hermosa, Estado de Oaxaca; sin que pudiera desahogarse la diligencia, derivado de que el denunciado (quejoso) no permitió el acceso al predio (tomo II fojas 14 a 18). Mediante oficio B00.809.02.4/0438 de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se comunicó nuevamente a Héctor Hernández Rivera (quejoso), la visita de inspección ordinaria en una fracción de la barranca conocida localmente como La Canoa o Barranca seca, afluente indirecto del Río Salado, municipio de La Trinidad Vista Hermosa, Estado de Oaxaca. Que la visita tenía por objeto la inspección y verificación del cumplimiento por parte del propietario del predio, de todas y cada una de las obligaciones previstas por la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en cuanto a la ocupación, explotación, uso y/o aprovechamiento de bienes nacionales a cargo de la Comisión Nacional del Agua que sean observadas en el lugar, instalaciones y/o predio sujeto a inspección. Se ordenó como medida administrativa la clausura de obras en bienes de propiedad Nacional, con el objeto de evitar se continúe con la ejecución de obras que se encuentren ocupando o modificando el bien de propiedad nacional denominado barranca conocida localmente como La Canoa o Barranca seca, afluente indirecto del Río Salado en caso de que se encuentre ejecutando obras sin contar con los permisos correspondientes. Se autorizó al personal comisionado, auxiliarse de autoridades Municipales, estatales y federales para garantizar el cumplimiento de la medida administrativa impuesta. Conforme al acta de visita número OCB-025/2021, de 25 de Mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo dicha diligencia de carácter administrativo, con presencia de ****** en el que se examinó el bien inmueble inspeccionado, se realizó el levantamiento topográfico del mismo, y en el que no se realizaron medidas de urgente aplicación, por no haber obras en proceso de construcción. Sin embargo, lo informado tampoco prueba que las autoridades responsables realizaran los actos que el quejoso les atribuye, toda vez que de lo descrito se desprende que quien ordenó la inspección del predio señalado fue la Directora de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Balsas, el objeto de la diligencia fue la inspección y verificación del cumplimiento por parte del propietario del predio, de todas y cada una de las obligaciones previstas por la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en cuanto a la ocupación, explotación, uso y/o aprovechamiento de bienes nacionales a cargo de la Comisión Nacional del Agua que sean observadas en el lugar, instalaciones y/o predio sujeto a inspección, y en su caso la clausura de obras que no cuenten con los permisos respectivos. Asimismo, porque de las constancias remitidas por el Organismo de Cuenca Balsas, del oficio BOO.809.02.4/0438 y del acta levantada no se advierte que se haya invadido o despojado de una parte de su parcela identificada con el número 334Z-2P1/1 en la comunidad de Trinidad Vista Hermosa, Teposcolula, Oaxaca; o que se haya ordenado la detención y arresto del quejoso por parte de las autoridades que señaló como responsables. De ahí que se estime que no se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. En la misma línea, se tiene que en auto de dos de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad que el quejoso denominó como Vicefiscalía Regional de la Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, sin que el quejoso haya realizado manifestación al respecto; en tales condiciones, al no acreditarse la existencia de la citada autoridad responsable, menos pueden existir los actos que se les reclaman. Por lo que, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente .
Quedan 22 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- Héctor Eutiquio Sandoval Pérez1136/2014
- Hector Fernando MArtínez Ulloa632/2019
- Hector Galán Gomez661/2021
- Héctor García García248/2015
- Héctor Gustavo de León Suárez y Otros.1729/2015
- Héctor Hernández Guzmán1004/2017
- Héctor Israel Martínez Sánchez610/2018
- Héctor Israel Martínez Sánchez1768/2015
- Héctor Jesús Avitia Ortiz1562/2015
- Héctor Jesús Avitia Ortiz503/2015
- Héctor Jesús Avitia Ortiz1311/2016
- Héctor Jesús Faudoa Villegas815/2015