Hector Hernandez Perez

Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
307/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Hector Hernandez Perez
  • Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. AUTO QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes quejosa y tercero interesada; por oficio a las autoridades responsables; autoridad tercero interesado y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [

  2. Principal

    (SE PUBLICA AVISO) Se notifica por lista de acuerdos a la tercero interesada Eufemia Mendoza Encarnación, lo siguiente: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. I.INFORME JUSTIFICADO Y SOBRESIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Visto, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con un anexo, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado, sin que haya lugar a dar vista para que las partes se impongan de su contenido, pues en el caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en razón a que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo cual, no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, el suscrito juez Federal, advierte de oficio que, respecto a la omisión reclamada -tardanza en dictar una sentencia definitiva-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos), que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el peticionario de amparo reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de dictar sentencia en la causa penal 249/2011 de su índice, y de notificarle dicho fallo. Al rendir su informe justificado, el juez responsable manifestó que el catorce de abril del año en curso, dictó sentencia definitiva en el referido proceso penal, el cual fue notificado al aquí quejoso el diecinueve de abril del año en curso, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue el seis de abril del actual, de manera que los efectos producidos por las omisiones reclamadas, desaparecieron de manera total e incondicional, como si la protección constitucional hubiera sido concedida. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado al 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuyó a la autoridad responsable ejecutora: 2. Director del Centro Penitenciario de Puebla, por no reclamarse por vicios propios. Por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las nueve horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no obren los emplazamientos de 3. Adelaido Cortes Santiago, y/o Rosa Morales Cebada, 5. Asunción González Olaya y 6. Jesús Nava Hernández, a quienes les recae el carácter de terceros interesados (agraviados en la causa penal de origen); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y, de ya no encontrarse interno con motivo de la sentencia absolutoria dictada a su favor, en el domicilio que señaló para tal efecto, así como a los tercero interesados emplazados a juicio; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercero interesada; y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. JUICIO DE AMPARO: 307/2021-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL "ADU" VÍA CORREO ELECTRÓNICO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.E.000-50 1. JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. OF.E.000-51 2. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. OF.E.000-52 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA (autoridad tercero interesada). OF.E.000-53 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. (autoridad no responsable) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 307/2021-E PROMOVIDO POR HÉCTOR HERNÁNDEZ PÉREZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE, A LA LETRA, DICE: "[.] San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. I.INFORME JUSTIFICADO Y SOBRESIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Visto, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con un anexo, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado, sin que haya lugar a dar vista para que las partes se impongan de su contenido, pues en el caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en razón a que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo cual, no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, el suscrito juez Federal, advierte de oficio que, respecto a la omisión reclamada -tardanza en dictar una sentencia definitiva-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos), que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el peticionario de amparo reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de dictar sentencia en la causa penal 249/2011 de su índice, y de notificarle dicho fallo. Al rendir su informe justificado, el juez responsable manifestó que el catorce de abril del año en curso, dictó sentencia definitiva en el referido proceso penal, el cual fue notificado al aquí quejoso el diecinueve de abril del año en curso, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue el seis de abril del actual, de manera que los efectos producidos por las omisiones reclamadas, desaparecieron de manera total e incondicional, como si la protección constitucional hubiera sido concedida. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado al 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuyó a la autoridad responsable ejecutora: 2. Director del Centro Penitenciario de Puebla, por no reclamarse por vicios propios. Por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las nueve horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no obren los emplazamientos de 3. Adelaido Cortes Santiago, y/o Rosa Morales Cebada, 5. Asunción González Olaya y 6. Jesús Nava Hernández, a quienes les recae el carácter de terceros interesados (agraviados en la causa penal de origen); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y, de ya no encontrarse interno con motivo de la sentencia absolutoria dictada a su favor, en el domicilio que señaló para tal efecto, así como a los tercero interesados emplazados a juicio; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercero interesada; y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. I.INFORME JUSTIFICADO Y SOBRESIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Visto, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con un anexo, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado, sin que haya lugar a dar vista para que las partes se impongan de su contenido, pues en el caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en razón a que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo cual, no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, el suscrito juez Federal, advierte de oficio que, respecto a la omisión reclamada -tardanza en dictar una sentencia definitiva-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos), que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el peticionario de amparo reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de dictar sentencia en la causa penal 249/2011 de su índice, y de notificarle dicho fallo. Al rendir su informe justificado, el juez responsable manifestó que el catorce de abril del año en curso, dictó sentencia definitiva en el referido proceso penal, el cual fue notificado al aquí quejoso el diecinueve de abril del año en curso, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue el seis de abril del actual, de manera que los efectos producidos por las omisiones reclamadas, desaparecieron de manera total e incondicional, como si la protección constitucional hubiera sido concedida. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado al 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuyó a la autoridad responsable ejecutora: 2. Director del Centro Penitenciario de Puebla, por no reclamarse por vicios propios. Por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las nueve horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no obren los emplazamientos de 3. Adelaido Cortes Santiago, y/o Rosa Morales Cebada, 5. Asunción González Olaya y 6. Jesús Nava Hernández, a quienes les recae el carácter de terceros interesados (agraviados en la causa penal de origen); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y, de ya no encontrarse interno con motivo de la sentencia absolutoria dictada a su favor, en el domicilio que señaló para tal efecto, así como a los tercero interesados emplazados a juicio; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercero interesada; y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. JUICIO DE AMPARO: 307/2021-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL "ADU" VÍA CORREO ELECTRÓNICO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.E.000-50 1. JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. OF.E.000-51 2. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. OF.E.000-52 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA (autoridad tercero interesada). OF.E.000-53 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. (autoridad no responsable) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 307/2021-E PROMOVIDO POR HÉCTOR HERNÁNDEZ PÉREZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE, A LA LETRA, DICE: "[.] San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. I.INFORME JUSTIFICADO Y SOBRESIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Visto, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con un anexo, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado, sin que haya lugar a dar vista para que las partes se impongan de su contenido, pues en el caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en razón a que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo cual, no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, el suscrito juez Federal, advierte de oficio que, respecto a la omisión reclamada -tardanza en dictar una sentencia definitiva-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos), que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el peticionario de amparo reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de dictar sentencia en la causa penal 249/2011 de su índice, y de notificarle dicho fallo. Al rendir su informe justificado, el juez responsable manifestó que el catorce de abril del año en curso, dictó sentencia definitiva en el referido proceso penal, el cual fue notificado al aquí quejoso el diecinueve de abril del año en curso, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue el seis de abril del actual, de manera que los efectos producidos por las omisiones reclamadas, desaparecieron de manera total e incondicional, como si la protección constitucional hubiera sido concedida. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado al 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuyó a la autoridad responsable ejecutora: 2. Director del Centro Penitenciario de Puebla, por no reclamarse por vicios propios. Por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las nueve horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no obren los emplazamientos de 3. Adelaido Cortes Santiago, y/o Rosa Morales Cebada, 5. Asunción González Olaya y 6. Jesús Nava Hernández, a quienes les recae el carácter de terceros interesados (agraviados en la causa penal de origen); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y, de ya no encontrarse interno con motivo de la sentencia absolutoria dictada a su favor, en el domicilio que señaló para tal efecto, así como a los tercero interesados emplazados a juicio; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercero interesada; y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. [.]" LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 22 DE ABRIL DE 2021. LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) MARIBEL PEREDA CORVERA.

  4. Principal

    (publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 23 DE abril DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. I.INFORME JUSTIFICADO Y SOBRESIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Visto, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con un anexo, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado, sin que haya lugar a dar vista para que las partes se impongan de su contenido, pues en el caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en razón a que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo cual, no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, el suscrito juez Federal, advierte de oficio que, respecto a la omisión reclamada -tardanza en dictar una sentencia definitiva-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos), que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el peticionario de amparo reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de dictar sentencia en la causa penal 249/2011 de su índice, y de notificarle dicho fallo. Al rendir su informe justificado, el juez responsable manifestó que el catorce de abril del año en curso, dictó sentencia definitiva en el referido proceso penal, el cual fue notificado al aquí quejoso el diecinueve de abril del año en curso, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue el seis de abril del actual, de manera que los efectos producidos por las omisiones reclamadas, desaparecieron de manera total e incondicional, como si la protección constitucional hubiera sido concedida. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado al 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuyó a la autoridad responsable ejecutora: 2. Director del Centro Penitenciario de Puebla, por no reclamarse por vicios propios. Por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las nueve horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no obren los emplazamientos de 3. Adelaido Cortes Santiago, y/o Rosa Morales Cebada, 5. Asunción González Olaya y 6. Jesús Nava Hernández, a quienes les recae el carácter de terceros interesados (agraviados en la causa penal de origen); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y, de ya no encontrarse interno con motivo de la sentencia absolutoria dictada a su favor, en el domicilio que señaló para tal efecto, así como a los tercero interesados emplazados a juicio; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercero interesada; y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. JUICIO DE AMPARO: 307/2021-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL "ADU" VÍA CORREO ELECTRÓNICO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.E.000-50 1. JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. OF.E.000-51 2. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. OF.E.000-52 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA (autoridad tercero interesada). OF.E.000-53 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. (autoridad no responsable) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 307/2021-E PROMOVIDO POR HÉCTOR HERNÁNDEZ PÉREZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE, A LA LETRA, DICE: "[.] San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. I.INFORME JUSTIFICADO Y SOBRESIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Visto, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con un anexo, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado, sin que haya lugar a dar vista para que las partes se impongan de su contenido, pues en el caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en razón a que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo cual, no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, el suscrito juez Federal, advierte de oficio que, respecto a la omisión reclamada -tardanza en dictar una sentencia definitiva-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos), que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el peticionario de amparo reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de dictar sentencia en la causa penal 249/2011 de su índice, y de notificarle dicho fallo. Al rendir su informe justificado, el juez responsable manifestó que el catorce de abril del año en curso, dictó sentencia definitiva en el referido proceso penal, el cual fue notificado al aquí quejoso el diecinueve de abril del año en curso, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo que fue el seis de abril del actual, de manera que los efectos producidos por las omisiones reclamadas, desaparecieron de manera total e incondicional, como si la protección constitucional hubiera sido concedida. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado al 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuyó a la autoridad responsable ejecutora: 2. Director del Centro Penitenciario de Puebla, por no reclamarse por vicios propios. Por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las nueve horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no obren los emplazamientos de 3. Adelaido Cortes Santiago, y/o Rosa Morales Cebada, 5. Asunción González Olaya y 6. Jesús Nava Hernández, a quienes les recae el carácter de terceros interesados (agraviados en la causa penal de origen); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y, de ya no encontrarse interno con motivo de la sentencia absolutoria dictada a su favor, en el domicilio que señaló para tal efecto, así como a los tercero interesados emplazados a juicio; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercero interesada; y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. [.]" LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 22 DE ABRIL DE 2021. LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) MARIBEL PEREDA CORVERA".

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