Héctor Hernández Chávez
Expediente 985/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Héctor Hernández Chávez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte no obra constancia de notificación a la parte quejosa respecto del auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual, se desechó la demanda de amparo promovida por ****, en cuanto apoderada jurídica de ******; por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que notifique de manera personal el citado auto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio 6570 remitido vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del diverso oficio 20809/2022, e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por..., como autorizados..., todos de apellidos Delgado Camacho; contra la sentencia pronunciada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, este Juzgado se da por enterado de que el referido recurso que admitió quedó registrado con el número de recurso de revisión 225/2022. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, asi mismo el auto de fecha 4 de enero de dos mil veintitrés el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ...ahora bien del análisis de la misma, se desprende que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la especie, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la Juez y secretaria de Primera Instancia en materia Familiar, de este Distrito Judicial, el acuerdo, de data 12 de agosto del año 2022 del año que trascurre, al no aplicar de forma correcta la legislación actual y en consecuencia, con tal acto viola las garantías de Seguridad Jurídica, Legalidad y Audiencia, ya que al declarar firme el fallo de data 4 cuatro de agosto del año 2022, no dejo que trascurriera el termino de ley, que mi representado tenia para hacer valer el recurso de apelación en forma legal; y, de la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar, de esta ciudad de Morelia, la notificación de fecha 15 de Agosto, del año 2022 dos mil veintidós." Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar que por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del sentencia. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, a saber: a) Actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y, b) Actos en ejecución de sentencia, sólo que se trate de la última resolución dictada en esa etapa de ejecución. Por lo que hace al inciso a), son actos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, esos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto del inciso b), el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Aunado a lo anterior, de manera excepcional, el amparo procede contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, a la luz de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". Dicho criterio ha sido emitido bajo la justificación de que su objeto es evitar abusos en la interposición del juicio de garantías, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia, la cual, por razón de interés público, no puede entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Precisado lo anterior, en la especie el quejoso directo hace valer como acto reclamado, el acuerdo del doce de agosto de dos mil veintidós, al considerar que la Juez de Primera Instancia en Materia Familiar de este distrito judicial, no aplicó de forma correcta la legislación actual y en consecuencia, con tal acto viola las garantías de seguridad jurídica, legalidad y audiencia, ya que al declarar firme la resolución interlocutoria del cuatro de agosto del año en curso, que declaró procedente la planilla de liquidación de sentencia planteada por la incidentista María Elena Aguirre Díaz por sí y en cuanto representante legal de Cristian Hernández Aguirre y por Héctor Hernández Aguirre, frente a Héctor Hernández Chávez, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 220/2000, que sobre divorcio por mutuo consentimiento se promovió, se condenó al deudor alimentista al pago de la suma establecida en dicha determinación; sin embargo, debe decirse, que dicho acto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dado que, en su caso, vendría a ser aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total del deudor alimentista o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar el acto que ahora reclama. Sirve de sustento a lo anterior la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." Y la tesis número P./J. 32/2001, aplicada por identidad de razón, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tener literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafo precedentes, relativo a los actos de imposible reparación ejecutados dentro de la etapa de ese procedimiento, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, toda vez que no afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y, que por ello, se deba excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; es así, si se toma en consideración que dicho acto es una consecuencia jurídica de la sentencia que se emitió dentro del juicio natural antes señalado. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Pino Moctezuma, número 191, fraccionamiento Los Pinos, en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a Roberto Ponce de León Félix y Ma. Guadalupe Alcaraz Ávalos, toda vez que en esos términos fueron autorizados. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Así también, desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente. asimismo auto de fecha cuatro de enero dos mil veintitrés, que a la letra dice: Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte no obra constancia de notificación a la parte quejosa respecto del auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual, se desechó la demanda de amparo promovida por ****, en cuanto apoderada jurídica de ******; por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que notifique de manera personal el citado auto. Notifíquese personalmente.
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