Hector Hernan Castillo Cadenas

Expediente 348/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
348/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2017

Partes del expediente

  • Hector Hernan Castillo Cadenas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento legal, en contra del auto de diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 25 a 30) mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo promovido por ********************. Por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes y al no existir trámite procesal pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, debiéndose realizar las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado.

  2. Principal

    notifiquese personalmente

  3. Principal

    El trece de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con el escrito de demanda y anexo consistente en la copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de Héctor Hernán Castillo Cadenas, registrados con el folio 4613, en el libro de entrada de correspondencia de este Juzgado. Conste.Villahermosa, Tabasco; trece de marzo de dos mil diecisiete. Tramitación de la demanda Visto, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Héctor Hernán Castillo Cadenas, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110 y 112 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, se admite a trámite en sus términos. Registro del expediente impreso y electrónico Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el juicio 348/2017-I, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el presente expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional que deberá tener lugar a ONCE HORAS CON UN MINUTO DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Informes justificados Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 351, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Prevención en caso de negarse a recibir la notificación Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multársele con cien a mil días de salario mínimo general vigente en toda la República Mexicana, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rinda su informe justificado, lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. De igual forma, comuníquesele que se le sancionará con multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en toda la República Mexicana, en términos del artículo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 238, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I del ordenamiento legal en cita. Precisión respecto de las medidas de apremio En la inteligencia que la mención al denominado salario mínimo, se entenderá como la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior, conforme al artículo Tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización será de conformidad con el transitorio Quinto del mismo decreto. Requerimiento a las partes respecto de causales de improcedencia Asimismo, con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento del quejoso, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. Requerimiento a las partes respecto de la existencia de diversos juicios En otro orden, se requiere a las partes en el presente juicio, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. Intervención del agente del Ministerio Público de la Federación De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. De los terceros interesados Por otra parte, previo estudio realizado al escrito de demanda, se advierte que el (1)Ayuntamiento Constitucional del municipio de Huimanguillo, Tabasco y el (2)Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) resultan ser la contraparte del quejoso en el juicio laboral de origen, por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngaseles el carácter de terceros interesados. En esas condiciones, empláceseles por medio de oficio en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso b), del artículo 26 de la Ley de Amparo, con la finalidad de que se encuentren en posibilidad de manifestar lo que a sus intereses convengan dentro del presente juicio de derechos fundamentales. Puntualización respecto de la denominación errónea de las autoridades responsables Por otro lado, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la peticionaria de amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Al respecto, se invoca la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a fojas dos mil trescientas veintinueve, Tomo XXIII (Enero de 2006), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a su Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA". En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados. Habilitacion de días y horas En otro línea, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en calle Venustiano Carranza 308, segundo piso, colonia Centro de esta ciudad y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados (1)José Jerónimo Hernández, (2)Martha Elena Chandomi Salgado, (3)Martha Patricia Pérez Mayo, (4)Mirian del Carmen Mijangos Montero, (5)Beatriz Adriana Pérez Sánchez y (6)Jessica Fabiola Priego Camacho. Ley de Transparencia Por último, en términos de los artículos 8, 73, 113, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Público, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos que se refieren los preceptos antes invocados. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Julio César Ortiz Mendoza, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, ante Rocío Cortez Castañón, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Esta foja pertenece al auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio de amparo 348/2017-I, del índice de este órgano jurisdiccional. Conste.

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