Héctor Guzman Avelar
Expediente 193/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Héctor Guzman Avelar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En cinco de junio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el oficio con registro 10828.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de junio de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso número 9047/2015, del índice de este Juzgado, por el que le fueron devueltos el juico mercantil ejecutivo 724/2006 y el toca de apelación civil 332/2014, que en su oportunidad remitió el nombrado en último término en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- Doy Fe.
- Principal
En veintisiete de mayo de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del doce al veinticinco de mayo de dos mil quince, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de abril del presente año, dentro del juicio de amparo número 193/2015, promovido por HÉCTOR GUZMÁN AVELAR.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de mayo de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de abril del presente año, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, devuélvase a la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el toca de apelación civil 682/2014, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. En su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que se negó la protección constitucional y además, este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a seis de mayo de dos mil quince. Vista la razón asentada el cuatro del mes y año en curso, por el Actuario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que no le fue posible notificar a los terceros interesados J. Carmen Ramírez Castañeda y María de la Luz Arteaga González, la sentencia dictada por este Juzgado Federal el treinta de abril del presente año, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; no obstante de haber sido emplazados al presente juicio de garantías; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero de dos mil quince y se ordena notificarles la resolución de mérito, así como las subsecuentes de carácter de personal, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese por medio de lista.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 193/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el trece de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, HÉCTOR GUZMÁN AVELAR, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra actos de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, que a continuación se precisan: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La sentencia interlocutoria de (20) de enero de (2015), dictada por la responsable en el incidente de liquidación de gastos y costas judiciales, derivado del Juicio Civil Ordinario de Cumplimiento de Contrato número 192/2011, promovido por el suscrito en contra del señor J. Carmen Ramírez Castañeda, notificada por cédula el día (22) del mismo mes, en el cual fue llamada a juicio la señora María de la Luz Arteaga González, en calidad de esposa del demandado". 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular dictó proveído el dieciséis de febrero de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 193/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazar a los terceros interesados; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La resolución de veinte de enero de dos mil quince, dictada dentro del toca de apelación civil 682/2014. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuales son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado; además, su existencia se corrobora con las actuaciones que integran el toca 682/2014 en tres tomos, en donde consta dicha resolución; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la tesis del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma". En los conceptos violatorios, medularmente se alega que: a), Que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, toda vez que en el considerando quinto, al declarar fundado el agravio expresado por el señor J. Carmen Ramírez Castañeda, aplicó de manera incorrecta los artículo 237 y 241 del Código Civil , 7° fracción I y 8° fracción II, de la Ley de Arancel, ya que en el escrito de contestación de la demanda contiene la demanda reconvencional, de manera que, por tratarse de un negocio cuyo valor excede de tres mil cuotas, procede el cobro del 8% fracción II, de la Ley del Arancel, lo que significa que no se litigó sobre cuestiones autónomas e independientes, sino, respecto a una sola, ya que, si la reconvención es una contrademanda, estuviera contemplada de manera independiente al escrito de contestación de demanda, de ahí que resultan inaplicables las tesis que invoca la Sala responsable. b). La responsable al considerar fundado lo relativo a las partidas identificadas con los números 6, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 54 y 57 de la Planilla de Costas, debió haber aplicado el artículo 8° fracción II, y no los diversos 1°, 3°, 7° y 8° de la Ley de la Arancel, toda vez que el valor del negocio excede de las tres mil cuotas, además de autorizar la partida correspondiente al estudio del negocio y escrito de demanda o contestación, en el que también incluye el doble de lo previsto en las fracciones II a la VII del mencionado dispositivo 8°. c). Que no le asiste razón a la responsable para que modifique la sentencia interlocutoria apelada, ya que de acuerdo al artículo 3° del Código Procesal Civil, la observancia de las normas procesales es de orden público, por lo que no puede aplicar las fracciones de la VIII a la XV contempladas en el mismo artículo 7°, de Ley del Arancel. d). Aduce que la Sala responsable es contradictoria con la modificación de la sentencia, debido a que a foja veintiuno, bajo el número (2) de la resolución reclamada se precisan las partidas 6, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 54 y 55, las cuales fueron autorizadas, sirviendo como base para su cobro el salario mínimo vigente al momento en que fueron realizadas cada una de las actuaciones; mientras que en el tercer párrafo de la foja (25) se estableció, que no se aprueban las partidas marcadas con los números 11, 22, 34, 36, 43, 45 y 51. e). Puntualiza el quejoso, que la responsable viola en su perjuicio las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, al autorizar las partidas 28, 38, 39, 44, 52, 55 y 56 del expediente principal, así como la partida 4 del rubro de "gastos", porque se apoyó en actuaciones realizadas con motivo de la prueba pericial, la cual fue declarada improcedente para fijar la cuantía del negocio, que por ese motivo deben considerarse actuaciones superfluas, por lo que deben ser negadas de acuerdo al artículo 78 párrafo primero del Código Procesal Civil; además que los gastos de los dictámenes fueron excesivos y superfluos, ya que para fijar la cuantía del negocio se atendió al valor o precio establecido en el contrato base de la acción. IV. 2. La resolución reclamada se apoyó en las siguientes consideraciones: La resolución combatida, dictada dentro del toca apelación civil número 682/2014, se apoyó en las consideraciones siguientes: "PRIMERO. De conformidad con lo establecido por el artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles, el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. De igual forma, el artículo 388 del mismo ordenamiento, establece que toda sentencia debe ser fundada y el Tribunal tendrá libertad para determinar cuál es la ley aplicable y fijar el proceso lógico de su determinación, sin quedar vinculado sobre estos puntos a lo alegado por las partes; y se limitará a estudiar o decidir sobre los agravios expresados por el apelante, sin resolver cuestiones que no fueron materia de éstos o consentidos por las partes. SEGUNDO. El objeto de estudio de esta instancia, es el recurso de apelación que en contra de la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de gastos y costas, interpusieron por un lado, la parte actora principal Héctor Guzmán Avelar por conducto de su abogado patrono licenciado J. Jesús Correa Salcedo, y por otro lado la parte demandada principal J. Carmen Ramírez Castañeda a través del licenciado Osvaldo Sánchez Casas. En la sentencia impugnada el Juez primigenio modificó la planilla de gastos y costas judiciales propuesta, aprobándola en la cantidad de $82,105.27 (ochenta y dos mil ciento cinco pesos con veintisiete centavos en moneda nacional). La aprobación formulada por el A quo, parte de la premisa de que la cuantía del negocio del que deriva el cobro de costas judiciales asciende a la cantidad de $672,438.74 (seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), que corresponde al valor en que fue celebrado el contrato de compraventa, mismo del que se declaró su nulidad. Determinada la cuantía del negocio, el Juez sostiene que el caso concreto actualiza las hipótesis previstas por los artículos 7° y 8° de la Ley del Arancel aplicable en esta Entidad Federativa, por exceder de las tres mil cuotas que la fracción II del segundo dispositivo prevé; y con base en dichos dispositivos procede a la regulación de la planilla hasta su aprobación en la cantidad precisada en párrafos antecedentes. Contra esta determinación dirigen los inconformes el presente recurso. Por lo que a continuación se hará una breve reseña de los motivos de disenso planteados por las partes en esta instancia. En primer lugar, el licenciado J. Jesús Correa Salcedo se queja de la incorrecta aplicación del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado así como de la Ley del Arancel. Manifiesta igualmente que la forma en que se determinó la cuantía del negocio es incorrecta, pues se debió de acudir a expertos en valuación de inmuebles o al valor catastral de inmuebles, y no al precio fijado en el contrato de permuta. Por otro lado, el licenciado Osvaldo Sánchez Casas esencialmente funda su inconformidad en la inexacta aprobación del monto total de la plantilla de gastos y costas. TERCERO. En primer lugar y por cuestión de lógica procesal, se atenderán los motivos de disenso expresados por la parte apelante principal licenciado J. Jesús Correa Salcedo en su carácter de abogado patrono del actor principal Héctor Guzmán Avelar, los que son esencialmente los siguientes: 1. Que en su perjuicio se aplicó incorrectamente la Ley del Arancel y el Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado de Zacatecas, pues se autorizaron partidas que son improcedentes, pero sobre todo por permitir de manera discrecional y a libre arbitrio que lo actores incidentales fijaran la cuantía del negocio, pues se debió de acudir a peritos en valuación de inmuebles para determinar la misma. 2. Se duele también que se haya incrementado el precio del contrato con los intereses que generó el mismo así como la inclusión de los daños y perjuicios en la condena, y por lo tanto, al haber sido fijada la cuantía del negocio en esa base, incuestionable resulta que las partidas propuestas sean improcedentes por apoyarse en una cantidad incorrecta. 3. Que en relación a la partidas marcadas con los números 2, 3 y 6, las mismas se aprobaron incorrectamente porque, las dos primeras son recibos simples, cuando quienes los expidieron son profesionales del derecho y debieron extender recibos de honorarios profesionales; que además, atentos a lo estipulado por el párrafo segundo del artículos 78 del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado, en relación con numeral 3º del mismo Ordenamiento Legal, las partidas señaladas son recibos simples que no cumplen con los requisitos establecidos por las leyes fiscales. Y por lo que ve a la última partida citada, no se precisa de qué título de propiedad se trata el pago de la copia certificada, pudiendo tratarse de cualquier otra propiedad del ejecutante. Afirmando por último que se ha demostrado que la sentencia recurrida agravia a su patrocinado, debiendo revocarse o por lo menos modificarse en lo concerniente a los agravios esgrimidos. CUARTO. Una vez analizado el fallo combatido y los motivos de disenso expresados por el inconforme principal, los que resuelven llegamos a la determinación siguiente: Resulta inatendible el agravio mediante el cual el recurrente principal se duele de la forma en que se determinó la cuantía del negocio y aduce que no debió establecerla a su discreción la parte ejecutante, sino que se debió de acudir a peritos expertos en valuación de inmuebles para lograr tal cometido. Lo inatendible de la queja se pone de manifiesto toda vez que en ocasión de ella el recurrente pretende combatir una determinación firme, como lo es la interlocutoria de fecha diecisiete de julio del año dos mil catorce. En dicha resolución, el A quo dispuso que el negocio planteado era de cuantía determinable y que para conocer el monto base para la cuantificación de las costas, debía de acudirse a peritos expertos en valuación de inmuebles o bien al precio establecido en el contrato anulado e incluso al valor catastral del inmueble enajenado, según eligiera el actor reconvencional, cuestión contra la que no se opuso el hoy apelante principal y contra la que no interpuso ningún medio de impugnación, adquiriendo firmeza en términos de lo que dispone el artículo 350 del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado. De ahí que la Sala se encuentre impedida para analizar su queja pues mediante ella pretende controvertir un punto superado durante el procedimiento. De apoyo sirve la tesis siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz." Época: Novena Época; Registro: 176608; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Diciembre de 2005; Materia(s): Común; Tesis: VI.3o.C. J/60; Página: 2365. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. Asimismo, el apelante principal Héctor Guzmán Avelar se queja de que se incrementó el precio fijado en el contrato con los intereses que el mismo generó además de añadir el importe de los daños y perjuicios, y que si en base a ello fue fijada la cuantía del negocio, resulta evidente que todas las partidas son improcedentes por apoyarse en una cantidad incorrecta. Infundada resulta esta afirmación pues el doliente pasa por alto que el Juzgador de Origen únicamente tomó en consideración para establecer el monto del negocio jurídico que ahora nos ocupa, el precio de $50,ooo.oo (cincuenta mil dólares americanos) fijado en el contrato de compraventa cuya anulación se decretó, así como los daños y perjuicios ($17,643.74, diecisiete mil seiscientos cuarenta y tres presos, sesenta y cuatro centavos moneda nacional) que le fueron ocasionados al demandado principal J. Carmen Ramírez Castañeda, más no los intereses como afirma el inconforme. Además, resulta correcta la apreciación del Juzgador en el sentido de que para la liquidación de las costas se debe considerar el valor de todas las prestaciones demandadas y que sean susceptibles de determinación en una cantidad de dinero, incluyendo los accesorios, pues si como ya se dijo, el actor reconvencional J. Carmen Rodríguez Castañeda solicitó el pago de los daños y perjuicios y en sentencia definitiva se le otorgó dicha prestación, evidente resulta que sea tomada en cuenta para establecer e monto total del negocio. Sirve de apoyo la tesis siguiente: "CUANTÍA DEL JUICIO. ACTOS EN LOS QUE PRODUCE EFECTOS Y FORMA DE DETERMINARLA. El análisis cuidadoso y exhaustivo de los artículos 157, 158, 160 y 161, el texto actual del 691 y del 2o. del Título Especial de la Justicia de Paz, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como de los numerales 128 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a través de su interpretación jurídica, pone de manifiesto que la legislación aplicable a los procesos civiles en la entidad, requiere de la fijación del importe económico que represente un negocio judicial, para producir efectos en tres fases distintas del procedimiento, que son: la competencia por razón de la cuantía; la procedencia del recurso de apelación, y la liquidación de costas y honorarios profesionales. Para las dos primeras, el monto se integra con las peticiones hechas por el actor en la demanda, vistas a la luz de los hechos constitutivos de la causa de pedir, pero sólo con las que tengan un valor económico medible y liquidable en dinero a la fecha de presentación del escrito inicial, con exclusión de los accesorios no vencidos o susceptibles de liquidación en ese momento. En cambio, para la aplicación al pago de las costas, la base anterior sólo es el punto de partida, porque aquí sí se incluyen los accesorios acumulados hasta el día de la emisión de la sentencia ejecutoriada, aunque no se puedan liquidar en ese momento, pero sí en el proceso de ejecución de sentencia, con la excepción expresa prevista en el artículo 142 para los procesos jurisdiccionales seguidos ante los Jueces de Paz, en los que la base para la imposición y determinación de las costas radica en el importe de las prestaciones que hayan sido objeto de condena en la sentencia definitiva. Por tanto, existe una diferencia de las dos primeras hipótesis con la tercera, que lleva a que el resultado aritmético sea idéntico en aquéllas pero no necesariamente coincidente con la última, pues para fines de la competencia y de la procedencia del recurso de apelación existen limitaciones legales expresas, consistentes en que no sean tenidos en consideración los réditos, daños o perjuicios, o accesorios posteriores a la presentación de la demanda, ni las prestaciones periódicas no vencidas a la fecha en que se presente ese escrito inicial, lo que obedece a razones pragmáticas, dirigidas a facilitar a los tribunales las operaciones de conversión con rapidez y agilidad, y a que su resultado quede blindado con certeza y verificabilidad, pues la exigencia de celeridad en los momentos de su aplicación en esos dos supuestos es prioritaria, e impone la necesidad de decisiones inmediatas y ejecutivas que le den continuidad al procedimiento, y no la sustanciación de una incidencia para obtener con exactitud el monto del litigio. En cambio, la cuantificación requerida como factor para la liquidación de las costas no está sujeta a las restricciones mencionadas, de manera que debe comprender el valor de todas las prestaciones demandadas que sean susceptibles de determinación en una cantidad de dinero, incluyendo los accesorios, que abarquen el periodo de la liquidación, y las prestaciones periódicas atinentes hasta la conclusión del juicio en su forma ordinaria, que sea acorde con su dinámica natural o común a los de su especie, conforme a la apreciación del Juez, valido de su experiencia. Sin embargo, en ninguno de los tres supuestos de aplicación de la regla general, la cuantificación puede quedar sujeta a la subjetividad, arbitrio o capricho de los demandantes, por lo que las cifras que éstos consignen en la demanda quedan regidas por los principios de racionalidad, conducentes a que el Juez, en ejercicio de sus facultades de dirección del proceso, verifique que las estimaciones, cálculos y operaciones hechos por el actor resulten serios y verosímiles, por estar en concordancia con los criterios comunes y corrientes aplicables a la tasación dentro del medio social y campo de actividad al que correspondan, o que guarden conformidad aproximada, con los parámetros previstos en las leyes al respecto, con los elementos existentes en autos al hacer la liquidación y con las máximas de experiencia imperantes en el ámbito al que pertenezca la causa petendi; de manera que las peticiones que se aparten o alejen considerablemente de esos parámetros de racionalidad, seriedad y verosimilitud no deben ser atendidas por el juzgador para la fijación del monto del asunto." Novena Época; Registro: 163839; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXII, Septiembre de 2010; Materia(s): Civil; Tesis: I.4o.C.292 C; Página: 1229. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 39/2010. Lala México, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Por lo que las quejas en torno a dicho tópico se califican de infundadas. De igual forma resulta infundada la queja del apelante Héctor Guzmán Avelar, en relación a la partida identificada con el número seis de la planilla de gastos. Lo anterior, en virtud a que contrario a lo vertido en el motivo de disenso que nos ocupa, en dicha partida se precisa de qué título de propiedad se trata el pago de la copia certificada, pues al respecto el Juzgado de Origen consideró lo siguiente: "6 (Identificada en el apartado de gastos con el número 2). La cantidad de $238.14 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN) por concepto de la copia certificada de un título de propiedad, se aprueba esta partida en sus términos considerando que obra en autos el recibo oficial B 6056911, expedido por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado el cuatro de octubre del dos mil once, a nombre de J. CARMEN RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, y en coincidencia con lo anterior obra la certificación respectiva en el cuaderno de pruebas de la parte demandada, vea folios 12 a 19." Como se aprecia, es claro lo infundado del agravio esgrimido que ahora nos ocupa, pues al respecto el A quo toma como base para aprobar esa partida el recibo oficial B 6056911, además de que el mismo coincide con la certificación respectiva y que obra en el cuaderno de pruebas de la parte demandada. En un contexto diverso, son fundados y suficientes para modificar la sentencia impugnada los agravios vertidos por el recurrente principal en relación a la incorrecta aprobación de las partidas marcadas con los números 2 y 3 de la planilla de gastos. En la interlocutoria recurrida, el Juez de Primer Grado determinó respecto de la segunda partida de gastos judiciales lo siguiente: "2. La cantidad de $1,600.00 (MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN) por concepto de honorarios cubiertos a perito Salvador Rosales Correa, para determinar el monto de los daños y perjuicios se aprueba en sus términos esta partida tomando en cuenta que dicha persona, en efecto, intervino como perito de la parte ejecutante y en congruencia con ello obra en el principal el dictamen respectivo y el recibo de pago simple extendido al efectos, vea folios 491 a 405. Si bien no se exhibió documentos alguno que reúna los requisitos fiscales en lo que ve a esta partida, no menos cierto es que se justifica ese gasto en actuaciones judiciales, que no queda duda en que dicho gastos se erogó y que la intención del artículo 78 del Código Adjetivo Civil al exigir documentos que reúnan los requisitos fiscales es evitar que se presenten como gastos erogaciones que se pretendan comprobar en documentos privados ajenos a toda normatividad, lo que en mucho dista de los honorarios de los peritos que se justifican con el dictamen que emiten, lo cual presupone la aceptación, protesta y discernimiento del cargo, la realización de los trabajos que su ciencia o arte exijan, la elaboración del dictamen y la presentación del mismo, todo ello bajo la instrucción de plazos fijados por este Juzgado, siendo conveniente citar la exposición de motivos que dio sustento a la reforma del artículo en cita:." Este argumento el A quo lo hizo extensivo a las partida tres de la planilla de gastos; en ella reiteró de manera esencial los razonamientos arriba trascritos; por ello, para sustentar su decisión sobre las partidas que por gastos se cobran, el Inferior en grado se valió de una misma estructura argumentativa. Para controvertir la decisión judicial citada, el recurrente principal alegó en su escrito de expresión de agravios que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Código Procesal Civil, las normas procesales son de orden público y su observancia es obligatoria; y que el párrafo segundo del artículo 78 del Cuerpo de Leyes mencionado establece que solo serán exigibles los gastos que se comprueben con documentos que reúnan los requisitos exigidos por las leyes fiscales. Los numerales mencionados establecen: "Artículo 3.- La observancia de las normas procesales es de orden público. En consecuencia, para la tramitación y resolución de los asuntos ante los Tribunales, se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por acuerdo de los interesados pueda renunciarse el derecho de recusación, ni alterarse, o modificarse las demás normas esenciales del procedimiento; pero con las limitaciones que se establecen en este Código, es lícito a las partes solicitar del tribunal la suspensión del procedimiento o la ampliación de términos, cuando exista conformidad entre ellas y no se afecten derechos de terceros." "Artículo 78.- . Sólo serán exigibles los gastos que se comprueben con documentos que reúnan los requisitos exigidos por las leyes fiscales." Esta Sala comparte el parecer externado por la parte ahora recurrente principal, difiriendo en cambio sobre la opinión vertida por el Juez Natural en la interlocutoria materia de impugnación. Para llegar a esta conclusión, lo determinante no es disipar si los peritajes vertidos por los señores Salvador Rosales Correa y José Ángel Cabral García conforman gastos en duda o superfluos, esas son cuestiones que las partes cuestionan, pues ambas reconocen con certeza los dictámenes así como su admisión y su valorización dentro del juicio. Lo que importa y que en este caso es lo manifestado por el recurrente primero, es la expedición de los recibos correspondientes por concepto de honorarios profesionales especificando cada uno de los requisitos establecidos por los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismos que en lo que importa establecen lo siguiente: "Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes: I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales. . III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código. IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a: a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código. b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital. c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. . V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal. VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. III. El lugar y fecha de expedición. IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. . V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. . VI. El valor unitario consignado en número. VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente: a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. . VIII. Tratándose de mercancías de importación: a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano. b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. ." Así pues, los requisitos arriba mencionados en los numerales trascritos, emergen como una necesidad para lograr el cobro efectivo de las partidas dos y tres de la planilla de gastos, pues tales requisitos se desprenden de un ordenamiento legal cuya observancia en el caso resulta de orden público. En efecto, resulta importante conocer que el dictamen de los peritos resulta útil para justificar su actividad profesional dentro del proceso encaminada a aportar elementos en la decisión judicial; pero es de mayor relevancia aún el hecho de que el A quo destacó en la interlocutoria combatida, diciendo que la finalidad de la reforma más reciente al artículo 78 del Código Adjetivo Civil vigente en el Entidad lo fue con el fin de evitar que indebidamente se cubran gastos contemplados únicamente en documentos privados que no se ajusten a normatividad alguna; lo cual es claro que en la especie no ocurriría si el propio Juzgado de Origen es quien da la pauta para justificar que se omita la observancia de los artículos 78 del Código Procesal Civil de la Entidad, en relación con los diversos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación arriba mencionados. Y es que los fundamentos normativos a que hacemos referencia tiene como propósito que el Estado tenga un mayor control y vigilancia sobre los documentos provenientes de los prestadores de servicios previamente registrados ante las autoridades tributarias, pues resultaría ilusoria dicha finalidad si predominara en este caso el criterio judicial, ya que la actividad de los peritos quedaría fuera de la vigilancia de la autoridad hacendaria dejando de allegar al Estado el impuesto correspondiente, y todo ello con el consentimiento del Juez Natural. Además, necesario resulta establecer que los recibos de honorarios que satisfacen los requisitos exigidos por las Leyes Fiscales, no son simples documentos elaborados al arbitrio de quien los suscribe. Su impresión, registro y utilización están sujetos al estricto control de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de modo tal que el monto que en su texto se llegue a consignar puede estimarse de una fiabilidad mayor, pues está sujeto a verificación en cuanto a una parte proporcional de impuesto, de tal forma que el cumplimiento de los requisitos fiscales se materializa como una garantía adicional de la que por regla general es posible deducir la autenticidad del documento en cuanto a su monto y contenido, salvo prueba en contrario. En el escenario descrito, se advierte de manera clara que al recurrente principal Héctor Guzmán Avelar por conducto de su abogado patrono licenciado J. Jesús Correa Salcedo, le asiste la razón al dolerse diciendo que le causa agravio que el Juez de Primera Instancia haya autorizado el cobro de los peritajes elaborados por los señores Salvador Rosales Correa y José Ángel Cabral García aún y cuando los documentos que presentaron como comprobantes de dichos gastos son copias simples y no cumplen con los requisitos fiscales; la verdad le asiste al apelante principal, pues tal y como así lo manifestó en su escrito de inconformidad, de autos no se corrobora medio de convicción alguno que brinde certeza sobre el gasto realizado y sobre todo al monto total al cual asciende. Así pues, ante lo fundado que resulta el agravio respecto de la inexacta aprobación de las partidas identificadas con el número dos y tres de la planilla de gastos, lo que procede es modificar en primario la sentencia impugnada con el fin de restar el monto que el A quo aprobó como resultado de dichas partidas. Por la partida número 2, el Juzgador la autorizó en la cantidad de $1,600.00 (mil seiscientos pesos con cero centavos m.n.) y por la partida número 3, la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos cero centavos m.n.). En conjunto por estas partidas el Inferior en Grado validó el cobro de $5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos cero centavos m.n.) los cuales deberán descontarse de la suma motivo de la condena en la sentencia combatida. QUINTO. Corresponde ahora dar respuesta a los agravios formulados por J. Carmen Ramírez Castañeda, por conducto de su abogado patrono licenciado Osvaldo Sánchez Casas, en su calidad de apelante secundario, los que esencialmente son los siguientes: 1. Que en su perjuicio se dejó de aplicar lo establecido por los artículos 237 y 241 del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado, así como lo diversos artículos 7 fracción I y 8 fracción II de la Ley del Arancel al no ser aprobada la partida número 2 (reconvención) de la planilla de costas, pues se trata de acciones propias y autónomas, ya que en la demanda principal se pide el cumplimiento de un contrato, mientras que en la reconvención se exige la nulidad e inexistencia jurídica de dicho contrato. También, que resulta erróneo lo aseverado por el Juez Natural en el sentido de que la acción y la reconvención, se trataban de un mismo derecho controvertido, resultando improcedente el cobro de los gastos por reconvención. Manifiesta el apelante secundario que lo desacertado de tal aseveración resulta que son dos acciones con características diferentes y que persiguen un fin distinto. Que el hecho de que la reconvención se efectúe en un mismo escrito al momento de contestar la demanda principal, es porque así está establecido por la Legislación Procesal Civil vigente en el Estado; además que la reconvención implica un nuevo esfuerzo material, un análisis y estudio de la acción a ejercitar, además de que la misma fue elaborada con los mismo requisitos establecidos por el artículo 227 del Ordenamiento citado. Además, que resulta inaplicable la tesis citada por el Juzgador, con rubro "COSTAS, PARA SU LIQUIDACIÓN ES IMPROCEDENTE TOMAR EN CUENTA EL MONTO DE LA ACCIÓN Y EL DE LA RECONVENCIÓN CUANDO SE CONTROVIERTE EL MISMO DERECHO (ARTÍCULO 140, FRACCION IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL), ya que la misma es una tesis aislada y su aplicación no resulta obligatoria, además de que la misma se refiere la acción a la celebración de un contrato de arrendamiento y la reconvención al pago de mejoras efectuadas, y en el caso que nos ocupa la acción se refiere al cumplimiento de contrato y la reconvención a la nulidad del mismo. Continua el apelante secundario manifestando que aún en el caso de que se trate de un mismo derecho, la demanda reconvencional en cuanto a su trámite debe ser considerada como cobrable aún y cuando no se tasara sobre la base del 8 % que establece la fracción II del artículo 8 de la Ley del Arancel. El agravio resulta fundado. Del contenido de los artículos 237, 239, 240 y 241 del Código Procesal vigente en el Estado es posible advertir que la figura de la reconvención tiene los mismo efectos procesales de la demanda inicial, pues una vez que presentada aquélla se dará traslado al actor principal, y de este modo se inicia una nueva controversia jurídica; así aún cuando se trate de un solo expediente, no debe considerarse que existe solamente un juicio cuando se interpone la reconvención, puesto que surge un pleito nuevo introducido al anterior, lo que origina situaciones jurídicas distintas, y aún cuando se tramiten en un solo expediente, esto solo tiende a evitar la multiplicidad de juicios, procurando la economía de tiempo para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia; por lo tanto, resulta legal el cobro de honorarios causados tanto por virtud de la demanda como los de la reconvención, pues el actuar de los abogados no solo deberá de atender a la acción o la excepción de sus clientes, sino a defender los intereses en la nueva controversia. De apoyo a tal aspecto, resultan oportunas las tesis que enseguida se trascriben: "RECONVENCIÓN. NATURALEZA DE LA. La reconvención es la contrademanda que formula el demandado al dar contestación a la demanda, la cual está sujeta a las reglas señaladas por la ley, relativas a la forma de toda demanda. A través de la reconvención se hace valer una acción autónoma e independiente de aquella que dio origen al juicio, toda vez que el demandado, aparte de las defensas que le competen contra la acción que se deduce en su contra, ejercita a su vez una acción que trae como consecuencia que la relación procesal adquiera un contenido nuevo, que habría podido formar parte de una relación procesal separada, además de que por virtud de la reconvención, el demandado tiende ya no únicamente a neutralizar la acción y lograr la desestimación de la demanda, como sucede en tratándose de las excepciones, sino que persigue en favor propio una determinada prestación, declaración o condena, con independencia de la desestimación de la demanda del actor; de ahí que la reconvención esté sujeta a los términos y condiciones que para el ejercicio de cualquier acción fija la ley, sin que pueda considerarse como un acto meramente accesorio de la demanda principal." Novena Época; Registro: 171937; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Materia(s): Civil; Tesis: I.8o.C. J/23; Página: 2386. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 793/2002. Victoriano José Gutiérrez Valdez. 30 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. Amparo directo 794/2002. Juan Velázquez Ortiz. 30 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. Amparo directo 94/2004. Productos Medix, S.A. de C.V. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. Amparo en revisión 401/2006. Centro de Distribución de Morelos, S.A. de C.V. 10 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. Amparo en revisión 374/2006. Mónica Torres Landa López. 28 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Patricia Mújica López. Secretario: Rodrigo Pérez Maissón. "COSTAS RELATIVAS A LA RECONVENCION, PROCEDENCIA DE LA CONDENA AL PAGO DE LAS. De lo establecido por los artículos 275 y 280 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se desprende que la reconvención trae como consecuencia el planteamiento de una nueva litis o juicio que, por economía procesal, se plantea en la misma pieza de autos en la que se tramita el originado por la demanda principal. Así, pues, resulta inconcuso que el tema atinente a las costas motivadas por la contrademanda, debe resolverse con independencia de las que resulten erogadas a causa de la acción principal, aunque en el mismo fallo, y de acuerdo con las reglas que regulan esa prestación." Octava Época; Registro: 812203; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Informes; Informe 1989, Parte III; Materia(s): Civil; Tesis: 8; Página: 640. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 534/89. Víctor Manuel Díaz Barraza. 13 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretario: Gerardo Domínguez. Véase: Quinta Epoca. Tomo XXXVIII. Pág. 2076. "DEMANDA Y CONTRADEMANDA, COSTAS EN CASO DE. Aun cuando se trate de un solo expediente, no debe considerarse que existe solamente un juicio cuando se contrademanda, puesto que surge un nuevo pleito que viene a introducirse en el anterior y en el que se cambia el papel de las partes, pasando el reo a ser demandante y éste a demandado, lo que origina situaciones jurídicas distintas, por lo que debe estimarse y justificarse el derecho respectivo de los contendientes en ambas acciones, esto es, en la demanda y en la contrademanda, aun cuando se tramiten en un solo expediente, ya que esto sólo tiende a evitar la multiplicidad de juicios, procurando la economía de tiempo para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia, por lo que es justo y legal que, en estas condiciones se causen honorarios tanto por virtud de la demanda, como en lo que respecta a la reconvención, conceptuándose que se trata de dos juicios distintos, puesto que los abogados de las partes tienen que atender no sólo a la acción o excepción de sus clientes, sino a defender los intereses de estos en la nueva controversia propuesta por el contrario." Quinta Época; Registro: 362056; Instancia: Tercera Sala; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XXXVIII; Materia(s):Civil; Página: 2076. Amparo civil en revisión 306/33. Thomas Bret Pedro. 29 de julio de 1933. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Ricardo Couto no intervino en la resolución de este asunto por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente. De forma similar, la doctrina le confiere a la reconvención una naturaleza idéntica a la de una demanda principal; de manera ilustrativa, José Ovalle Favela en su obra Derecho Procesal Civil, novena edición, Oxford University Press, pp. 105-106 establece: ".La reconvención es la actitud más enérgica del demandado: éste no se limita a oponer obstáculos procesales o a contradecir el derecho material alegado por el actor en su demanda, sino que, aprovechando la relación procesal ya establecida, formula una nueva pretensión contra el actor." .Aunque la reconvención se debe expresar junto con la contestación a la demanda, dichos actos deben quedar claramente separados, sin que se confundan. El escrito en el que se expresen la contestación a la demanda y la reconvención debe contener dos partes diferentes; por un lado, la contestación de la demanda, en la que el demandado satisfaga los requisitos previstos por el art. 260, se refiera a los hechos y al derecho afirmado en la demanda y manifieste su actitud respecto a las pretensiones del actor.y, por otra, la reconvención, que es la nueva demanda, la cual debe cumplir los requisitos establecidos en el art. 255, por lo que debe expresar las prestaciones que reclame el reconvencionista, así como los hechos y el derecho en que funde su contrademanda." ".Aunque la reconvención se ejerza dentro de una relación jurídica procesal establecida, es independiente de la acción original, por lo que aunque el actor llegue a desistir de la acción original o ésta se declare improcedente o infundada, la reconvención subsistirá y deberá ser analizada y resuelta por el Juez en sentencia definitiva." Acorde entonces la legislación, la jurisprudencia así como la doctrina, al existir identidad entre los requisitos y efectos procesales de una demanda principal y una reconvención, ambas figuras procesales quedan sujetas a igual trato y condiciones para su ejercicio. Asimismo debe ser tomado en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar cada una de las actuaciones, puesto que la obligación surgió al momento de realizar las actuaciones y no así al realizarse la regulación. De apoyo sirve la tesis que enseguida se trascribe: "COSTAS, LEY APLICABLE A SU REGULACIÓN.- La regulación de costas hecha en cumplimiento de una sentencia condenatoria, con posterioridad, a la prestación de los servicios correspondientes, no hace nacer la obligación de pago, pues ésta surge al prestarse el servicio y se hace exigible al establecerse la condenación, porque el sistema jurídico de la regulación de costas, en un momento dado, es un presupuesto procesal, en cualquier pleito, ya que cuando no existe arancel, la regulación por la costumbre implica la aplicación de ciertas reglas generales o criterio de los juzgadores, que pueden distar mucho de la rígida regla de un arancel proporcional; y la aplicación de esas reglas rígidas a servicios ya prestados antes de que las mismas estuvieran en vigor, implica necesariamente una lesión a un derecho adquirido anterior, de que la regulación de servicios ya prestados, se calculen con la norma usual, cuando tales servicios se prestaron." Quinta Época; Registro: 913606; Instancia: Tercera Sala; Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; Tomo IV, Civil; Materia(s): Civil; Tesis: 3 (H); Página: 637; Genealogía: APENDICE AL TOMO XXXVI: NO APA PG.; APENDICE AL TOMO L : 517, PG. 656; APENDICE AL TOMO LXIV : 588, PG. 751; APENDICE AL TOMO LXXVI: 275, PG. 463; APENDICE AL TOMO XCVII: 314, PG. 602; APENDICE '54: TESIS NO APA PG.; APENDICE '65: TESIS NO APA PG.; APENDICE '75: TESIS NO APA PG.; APENDICE '85: TESIS NO APA PG.; APENDICE '88: TESIS NO APA PG.; APENDICE '95: TESIS 677, PG. 498. Como consecuencia, al autorizar el cobro por el estudio del negocio el artículo 8 fracción II de la Ley del Arancel, y no hacer distinción entre demanda principal y reconvencional, lo correcto es, con base en la cuantía del negocio así como en la fracción II del artículo 8 de la Ley citada, aprobar la partida identificada con el número 2 de la planilla de costas por la cantidad de $53,768.29 (cincuenta y tres mil setecientos sesenta y ocho pesos con veintinueve centavos m.n.) cantidad que deberá sumarse al monto total de sentencia recurrida. 2. También es motivo de disenso del apelante secundario J. Carmen Rodríguez Castañeda la desaprobación de las partidas identificadas con los números 6, 9,11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 54 y 57 de la planilla de costas, mismas que, de acuerdo al fallo impugnado, no fueron aprobadas debido a que el presente negocio supera las tres mil cuotas de salario mínimo, y por tal motivo, le es aplicable al artículo 8, fracción II, de la Ley de Arancel, numeral que solo autoriza cobrar el ocho por ciento (8%) sobre el monto de negocio más el doble de lo previsto de la fracción II a la VII del artículo 7 de la propia ley, y toda vez que el cobro por notificaciones de resoluciones judiciales se encuentra regulado en las fracciones X y XI del artículo 7 mencionado, por lo tanto quedan excluidas de lo que la fracción II del artículo 8 citado autorizan para su cobro. En oposición a ello, se duele el apelante secundario expresando medularmente lo siguiente: - Expone que, de una interpretación conjunta de los artículos 7 y 8 de la Ley de Arancel, se deduce que no solo tiene derecho al doble del pago de los establecido en las fracciones II a la VII, sino a cobrar lo determinado en las fracciones VIII a la XV en los términos previstos en el artículo 7 del propio ordenamiento legal, o sea, sin duplicidad. - Sostiene que la duplicidad del cobro previsto por las fracciones II a la VII del artículo 7, no excluye al cobro de forma simple de lo establecido en las fracciones de la VIII a la XV. - Afirma que, la interpretación debió atender a la voluntad del Legislador, o sea, que se tiene derecho al pago de las fracciones II a la VII y las restantes VIII a la XV pero sin duplicar, más no ser excluidas. - Arguye que, de no ser aprobadas las partidas mencionadas, conllevan a desaprobar la labor del abogado litigante, sujetándolo a solo cobrar por lo establecido por las fracciones II a la VII del artículo 7 de la Ley de Arancel, soslayando su actividad profesional bajo la consigna de aplicar una disposición legal al pie de la letra. Por último, para cimentar sus argumentos, el apelante secundario cita las tesis de rubro "COSTAS" y "HONORARIOS DEL ABOGADO. PARA HACER EFECTIVO SU COBRO SE REQUIERE QUE SE ACREDITE SU INTERVENCION EN EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEON). Bajo los mismos argumentos, el apelante secundario hace extensivo este agravio en relación con las partidas marcadas con el número 2 de la segunda instancia; 1, 2, 3, 6, 7 y 8 del cuadernillo de pruebas de la parte actora; 2, 3, 6, 8, 10, 11 y 14 del cuadernillo de pruebas de la parte demandada; y 1 del cuadernillo del incidente de tachas. El agravio es fundado. Los que resuelven arriban a esta conclusión tomando en cuenta lo que para tal efecto establecen los numerales 1, 3, 7 y 8 de la Ley de Arancel, mismos que establecen: "Artículo 1. Los abogados que legalmente ejerzan la Profesión den el Estado de Zacatecas, tendrán derecho a cobrar los honorarios que devenguen por su intervención en los negocios que se les encomienden, de acuerdo con las disposiciones de este arancel. Exceptuando la prestación del servicio social que efectúen de acuerdo a la Ley de Profesiones." "Artículo 3. A falta de convenio, el pago de honorarios se sujetará al presente arancel, los que serán aumentados en la misma proporción pero solo por lo que respecta a las cuotas, que por cantidades liquidas, se precisen en el mismo, pues las establecidas mediante porcentaje, deberán permanecer intactas." "Artículo 7. En los negocios judiciales cuyo interés pase de setecientas cincuenta cuotas, pero no de mil doscientas cincuenta cuotas de salario mínimo se cobrará: I. Por estudio del negocio y escrito de demanda o contestación el 12.5% del valor fijado en la sentencia definitiva o convenio. II. Por estudio y contestación de escritos o promociones presentada por la contraria, por foja, una cuota. III. Por cada escrito por el que se inicie un trámite, una cuota por foja. IV. Por cada uno de los demás escritos que relacionados con el asunto, activen el procedimiento media cuota por foja. V. Por el escrito en que se promueva un incidente o recurso o se evacue un traslado o vista de promociones de la parte contraria en el recurso o incidente dos cuotas por foja. VI. Por cada escrito proponiendo pruebas, dos cuotas por foja. VII. Por cada interrogatorio de preguntas o repreguntas a los testigos o cuestionario de peritos o posiciones, dos cuotas por foja. VIII. Por asistencia a juntas, audiencias o diligencias en el local del juzgado, por cada hora o fracción, dos cuotas. IX. Por asistencia a cualquier diligencia fuera del juzgado por cada hora o fracción, las cuotas anteriores se aumentarán en un 10%. X. Por cada notificación de autos o proveídos, media cuota. XI. Por notificación de sentencia definitiva, tres cuotas, por interlocutoria, una cuota y media. XII. Por escrito de alegatos en lo principal, cuatro cuotas. XIII. Por escrito de alegatos presentado en incidente promovidos ante juzgador, dos cuotas. XIV. Por escrito donde se expresen agravios o contestación a los mismos en apelación, ocho cuotas por foja. XV. Por las demás gestiones no especificadas ni cotizadas en este arancel que se hicieren, por cada una de ellas tres cuotas." "Artículo 8. Cuando el valor del negocio exceda de mil doscientas cincuenta cuotas, se cobrará: I. Si el valor en la sentencia definitiva o convenio no excede de tres mil cuotas, el 10% por el estudio del negocio y escrito de demanda o contestación. Además, se tendrá derecho a cobrar el doble de lo estipulado en las fracciones de la II a la XV del artículo anterior. II. Si el valor fijado en la sentencia definitiva o convenio excede de tres mil cuotas se cobrará el 8% sobre ese monto por el estudio del negocio y escrito de demanda o contestación, más el doble de lo previsto en las fracciones de la II a la VII del artículo anterior." Así pues, haciendo una interpretación extensiva del principio "pro persona" establecido en el artículo 1º Constitucional, directamente relacionado con los diversos 1, 3, 7 y 8 de la Ley de Arancel arriba trascritos, logran evidenciar que el ánimo del legislador lo fue el prever todos y cada uno de los supuestos de pago que pueden actualizarse en el diario acontecer del abogado postulante, tomando en cuenta el monto a que asciende en el negocio en el que litigan. Luego entonces, si la fracción II del artículo 8 de la Ley de Arancel legaliza el cobro por duplicado de las cuotas a que se refieren los actos enumerados en las fracciones II a la VII del citado artículo 7, dicha situación no implica que el resto de dichos actos, es decir, los previstos en las fracciones VIII a la XV no deban ser materia de retribución, ya que lo único que el artículo 8 proscribe es su doble pago y no su retribución simple, virtud a que se trata de actos realizados por el abogado que constituyen una ganancia licita por su intervención en juicio. En este sentido, lo correcto es modificar la sentencia recurrida, para efecto de autorizar las partidas arriba mencionadas, sirviendo como base para su cobro el salario mínimo vigente al momento de que fueron realizadas cada una de las actuaciones: a).- En relación con el expediente principal. - Se modifican las partidas identificadas con los números 6 (f. 111, Tomo I), 9 (f. 121, Tomo I) y 15 (f. 193, Tomo I) para ser aprobada cada una en la cantidad de $29.54 (veintinueve pesos con cincuenta y cuatro centavos m.n.), equivalente a media cuota de salario mínimo vigente al momento de ser realizada la actuación. - Se modifica la partida identificada con el número 14 (f. 183 vuelta, Tomo I) para ser aprobada en la cantidad de $177.24 (ciento setenta y siete pesos con veinticuatro centavos m.n.) equivalente a tres cuotas de salario mínimo vigente al momento de ser realizada la actuación. - Se aprueba la partida identificada con el número 26 (f. 300, Tomo I) en la cantidad de $140.29 (ciento cuarenta pesos con veintinueve centavos) equivalente a dos cuotas de salario mínimo vigente al momento de la diligencia, misma que duró una hora, mas el 10% por ser realizada fuera de las instalaciones del Juzgado de Origen. - Se aprueban las partidas identificadas con los números 16 (f. 262 vuelta, Tomo I), 19 (f. 268 vuelta, Tomo I), 20 (f. 272 vuelta, Tomo I), 24 (f. 283 vuelta, Tomo I), 25 (f. 299 vuelta, Tomo I), 27 (f. 308 vuelta, Tomo I), 30 (f. 315 vuelta, Tomo I), 31 (f. 333 vuelta, Tomo I), 37 (f. 358 vuelta, Tomo I), 40 (f. 380 vuelta, Tomo I), 42 (f. 392 vuelta, Tomo I), 48 (f. 413 vuelta, Tomo I), 49 (f. 417 vuelta, Tomo I), 54 (f. 338, Tomo II) y 57 (f. 357 vuelta, Tomo II), cada una en la cantidad de $31.88 (treinta y uno pesos con ochenta y ocho centavos m.n) equivalente a media cuota de salario mínimo vigente al momento de ser efectuada la actuación. - No se aprueban las partidas marcadas con los números 11 (f. 148 y vuelta, Tomo I), 22 (f. 275 y vuelta, Tomo I), 34 (f. 349 y vuelta, Tomo I), 36 (f. 352 y vuelta, Tomo I), 43 (f. 396 y vuelta, Tomo I), 45 (f. 399 y vuelta, Tomo I) y 51 (f. 420 y vuelta, Tomo II) en virtud de que, si bien dichas actuaciones le fueron realizadas de forma personal a la parte ejecutante, lo cierto es que las mismas no fueron ordenadas por el Juez de Origen que de forma personal fueran realizadas, pues únicamente se ordenó su notificación a través de lista de acuerdos que fuera publicada en los estrados del Juzgado de Primera Instancia. b).- En relación con la segunda instancia. - Se modifica la partida identificada con el número 2 (f. 49 a 68, Tomo II) para ser aprobada en la cantidad de $9,820.80 (nueve mil ochocientos veinte pesos con ochenta centavos m.n) equivalente a ocho cuotas de salario mínimo por foja, siendo que el escrito de contestación de agravios fue de veinte fojas. c).- En relación al cuadernillo de pruebas de la parte actora. - Se modifican las partidas marcadas con el número 1 (f. 5 vuelta, Tomo II) y 2 (f. 26 vuelta, Tomo II) para ser aprobadas cada una en la cantidad de $28.35 (veintiocho pesos con treinta y cinco centavos) equivalente a media cuota de salario mínimo vigente al momento de ser efectuada la actuación. - Se modifican las partidas marcadas con los números 6 (f. 40 vuelta, Tomo II) y 8 (f. 74 vuelta, Tomo II) para ser aprobadas cada una en la cantidad de $29.54 (veintinueve pesos con cincuenta y cuatro centavos m.n.) que equivale a media cuota de salario mínimo vigente al momento de ser efectuada la actuación. - Se modifica la partida identificada con el número 3 (f. 29, 30 y 31, Tomo II) para ser aprobada en la cantidad de $226.80 (doscientos veintiséis pesos con ochenta centavos m.n.) que equivale a dos cuotas de salario mínimo vigente por hora o fracción, al momento de asistir a la diligencia de declaración de parte de J. Carmen Ramírez Castañeda, la cual fue celebrada en dos horas. - Se modifica la partida identificada con el número 7 (f. 70 y 71, Tomo II) para ser aprobada en la cantidad de $394.60 (trescientos noventa y cuatro pesos con sesenta centavos m.n.) que equivale a dos cuotas de salario mínimo vigente por hora o fracción, mas el 10%, en virtud de que la diligencia fue realizada fuera del Juzgado y tuvo una duración de tres horas. d).- En relación al cuadernillo de pruebas de la parte demandada. - Se modifican las partidas identificadas con los números 2 (f. 23, Tomo II), 3 (f. 30 vuelta, Tomo II) y 11 (f. 92 vuelta, Tomo II) para ser aprobadas las dos primeras mencionadas cada una en la cantidad de $28.35 (veintiocho pesos con treinta y cinco centavos m.n.) y la tercera citada en la cantidad de $29.54 (veintinueve pesos con cincuenta y cuatro centavos m.n.) equivalente a media cuota de salario mínimo al momento en que fueron realizadas las actuaciones. - Se modifica la partida identificada con el número 6 (f. 47, 48 y 49, Tomo II) para ser aprobada en la cantidad de $226.80 (doscientos veintiséis pesos con ochenta centavos m.n.) que equivale a dos cuotas de salario mínimo vigente por hora o fracción, al momento de asistir a la diligencia de la confesional a cargo de Héctor Guzmán Avelar, la cual fue celebrada en una hora con cuarenta y cinco minutos. - Se modifica la partida identificada con el número 8 (f. 58, 59 y 60, Tomo II) para ser aprobada en la cantidad de $226.80 (doscientos veintiséis pesos con ochenta centavos m.n.) que equivale a dos cuotas de salario mínimo vigente por hora o fracción, al momento de asistir a la diligencia de declaración de parte a cargo de Héctor Guzmán Avelar, la cual fue celebrada en una hora con treinta minutos. - Se modifica la partida identificada con el número 10 (f. 65, 66 y 67, Tomo II) para ser aprobada en la cantidad de $340.20 (trescientos cuarenta pesos con veinte centavos m.n.) que equivale a dos cuotas de salario mínimo vigente por hora o fracción, al momento de asistir a la diligencia testimonial con cargo a José Graciel Ramírez Castañeda y Rosa Torres García, la cual fue celebrada en tres horas. - Se modifica la partida identificada con el número 14 ( f. 121 vuelta, Tomo II) para ser aprobada en la cantidad de $29.54 (veintinueve pesos con cincuenta y cuatro centavos m.n.), equivalente a media cuota de salario mínimo vigente al momento de ser realizada la actuación. e).- En relación al cuadernillo del incidente de tachas. - Se modifica la partida identificada con el número 1 (f. 2 vuelta, Tomo III) para ser aprobada en la cantidad de $28.35 (veintiocho pesos con treinta y cinco centavos m.n.) equivalente a media cuota de salario mínimo vigente al momento de ser realizada la actuación. En conjunto, por las partidas arriba autorizadas se valida un cobro total por la cantidad de $12,400.26 (doce mil cuatrocientos pesos con veintiséis centavos m.n.), los cuales deberán sumarse al monto total de la condena en la sentencia combatida. 3. En otro punto del escrito de agravios, el apelante secundario J. Carmen Ramírez Castañeda se duele de que el Juzgador de Origen no haya aprobado en los términos propuestos, la partida identificada con el número 10 del expediente principal. Como motivos de inconformidad, expone el recurrente secundario que en su perjuicio se violan los artículos 65, 68 y 69 del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado, así como los diversos 7 y 8 de la Ley de Arancel, pues considera que en el caso, la tercera llamada a juicio fue emplazada con las formalidades de ley, dando contestación a la demanda entablada en su contra en la forma establecida. Señala además que la tercera llamada a juicio goza de los mismos derechos procesales que otorga el artículo 65 del Ordenamiento Legal citado. Como refuerzo de su motivo de inconformidad cita las tesis aisladas registradas en el Semanario Judicial de la Federación bajo los números 165656, 181165, 184660 y 185193. En relación con dicha partida, el Juez de Primera Instancia argumentó que la contestación que hizo la tercera llamada a juicio María de la Luz Arteaga González fue solo atendiendo al llamamiento a juicio que se le efectuó, además de que no se le reclamó prestación alguna sino solo se le hizo dicho llamamiento para que la sentencia le parara perjuicio, y que por lo tanto no son equiparables los alcances, efectos y responsabilidad de un escrito de contestación de demanda propiamente dicho con un escrito de contestación de demanda vertido por un tercero llamado a juicio. Para reforzar este argumento, el A quo citó la tesis de jurisprudencia de rubro "LITISCONSORTE PASIVO Y TERCERO LLAMADO A JUICIO. SON FIGURAS JURÍDICAS DISTINTAS". El agravio es inoperante, pues el inconforme secundario evita controvertir los argumentos vertidos por el Juzgador, y solo se constriñe a señalar porqué a su parecer la tercera llamada a juicio tiene derecho al pago de gastos y costas, sin que en momento alguno controvierta las afirmaciones realizadas por el A quo, de ahí lo inoperante de su agravio. 4. Por otro lado, se queja J. Carmen Ramírez Castañeda de que el A quo no haya aprobado las partidas concernientes a la segunda instancia identificadas con los número 1 y 3, y expone como motivos de sus inconformidad el hecho de que tanto el apersonamiento (partida 1) así como la evacuación de la vista por sustitución de magistrado (partida 3) fueron materialmente efectuadas y reflejadas en la reseña de la ejecutoria dictada en esta Instancia. El agravio es infundado. Lo anterior es así, pues contrario a lo afirmado por el recurrente, el Juzgador arguye como motivo para no aprobar las partidas mencionadas, el hecho de que el ejecutante si bien exhibió los acuses de recibo de las promociones respectivas, cierto es también que no exhibió constancia alguna de que dichas actuaciones hayan sido acordadas de conformidad por la Sala respectiva, constancias que resultan necesarias tener a la vista a fin de conocer si el trabajo realizado alcanzó el fin perseguido. Lo infundado del agravio deviene por el hecho de que el inconforme secundario no combate de forma frontal el argumento toral emitido por el Juzgador para no aprobar las partidas mencionadas, pues se limita únicamente a mencionar que la elaboración de los escritos se vio reflejada en la ejecutoria, y que por lo tanto es innecesario la exhibición de los acuerdos respectivos. En este sentido, analizada que fue la ejecutoria de segunda instancia y contrario a lo aseverado por J. Carmen Ramírez Castañeda, no se advierte que en la misma hayan sido reflejados el sentido de los acuerdos respectivos, y si el A quo los consideró necesarios tener a la vista a fin de de acreditar su pretensión, y tal argumento no es combatido e incluso es reconocido, es claro que el agravio resulta infundado. 5. También se duele el apelante J. Carmen Ramírez Castañeda de la desaprobación de la partida relativa a la elaboración del incidente de liquidación de gastos y costas. El argumento base que esgrime el apelante secundario parte del hecho de que la fracción V del artículo 7 de la Ley de Arancel se refiere a la promoción de incidentes en general y no distingue si estos son durante la tramitación del juicio o durante la ejecución de la sentencia. Menciona además que la tesis citada por el Juzgador de Origen, de rubro "COSTAS POR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. NO PROCEDEN POR LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS", en el caso resulta inaplicable pues la misma es una tesis aislada y que además interpreta a una legislación diferente a la del Estado de Zacatecas. El agravio es infundado. Esta Sala comparte el criterio implementado por el Juzgador de Primera Grado en razón de que si bien es cierto que, como lo afirma el recurrente, la fracción V del artículo 7 de la Ley de Arancel no hace distinción alguna respecto de la interposición de incidentes durante la tramitación del juicio y los promovidos en ejecución de sentencia, cierto es también que en el caso concreto el fin perseguido del incidente de liquidación de gastos y costas es el de hacer efectivo el cobro de costas causadas durante la tramitación del negocio jurídico tramitado, excluyendo de este modo aquellas costas que en ejecución de la sentencia pudieran generarse, lo que daría lugar, como lo afirma el Juzgador, a una prolongación interminable de reclamos de costas. 6. Por último, el apelante J. Carmen Ramírez Castañeda se queja de que el Juzgador de Primera Instancia haya desaprobado las partidas identificadas con los números 28, 38, 39, 44, 52, 55 y 56 del expediente principal, y expone como motivos de su disentimiento que las actuaciones descritas en las partidas mencionadas fueron realizadas acorde a derecho y en la etapa procesal oportuna, que en su momento cumplieron con el objetivo de perfeccionar la prueba pericial encomendada, por lo que no deben ser consideradas superfluas, maliciosas o ineficaces. El mismo agravio lo hace extensivo a la partida identificada con el número 4 del rubro de gastos. El agravio es fundado. En efecto, y contrario a lo afirmado por el Juez de Primer Grado, las actuaciones realizadas y que fueron descritas en la partidas arriba mencionadas, no son de que aquellas que deban ser consideradas superfluas o inútiles y que sean atribuibles a las partes, ya que las mismas fueron desahogadas en el momento procesal oportuno y conforme lo establece la legislación del estado. Además tales actuaciones sirvieron de base para que el Juez Primigenio tuviera a la vista un amplio panorama en el momento en que estableció mediante resolución interlocutoria, que no era a través de peritos en derecho la forma en que debía se cuantificado el monto de negocio, sino por medio de peritos en valuación de inmuebles, al valor del contrato declaro nulo o al valor catastral del inmueble en litigio; cuestión esta última que no debe ser atribuida a las partes, pues como se ha dicho, las partidas ahora mencionadas fueron desahogadas conforme a derecho y cumplieron con su cometido primero, por lo que lo resuelto por el Juez de Origen en interlocutoria de fecha diecisiete de julio del año dos mil catorce, en el caso resulta irrelevante. En este sentido, lo justo es modificar la sentencia recurrida, para efecto de autorizar las partidas arriba mencionadas, sirviendo como base para su cobro el salario mínimo vigente al momento de que fueron realizadas cada una de las actuaciones: - Se aprueban las partidas identificadas con los números 28 (f. 321 a 324, Tomo I), 38 (f. 364 a 373, Tomo I), 52 (f. 423 a 424, Tomo II) y 55 (f. 443 a 447, Tomo II), cada una en la cantidad de $191.31 (ciento noventa y un pesos con treinta y uno centavos m.n.) equivalente a tres cuotas de salario mínimo vigente al momento de realizar la actuación, y con fundamento en la fracción XV del artículo 7 de la Ley de Arancel. - Se modifican las partidas identificadas con los números 39 (f. 375 a 376, Tomo I), 44 (f. 397 a 398, Tomo I) y 56 (f. 407 a 408, Tomo I) para ser aprobadas cada una en la cantidad de $127.54 (ciento veintisiete pesos con cincuenta y cuatro centavos m.n.) equivalente a media cuota de salario mínimo vigente en el momento en que fue realizada la actuación mas el doble por la cuantía del negocio, siendo que el escrito consta de dos fojas, con fundamento en la fracción IV del artículo 7 y 8 fracción II de la Ley de Arancel. - Se aprueba la partida identificada con el número 4 (f. 423 a 424, Tomo II) del rubro de gastos, en la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos m.n.) equivalente al monto otorgado a la perito Dora Elia Gómez Carrillo a fin de que rindiera su dictamen pericial para determinar la cuantía del negocio. En conjunto, por las partidas arriba autorizadas se valida un cobro total por la cantidad de $6,147.86 (seis mil ciento cuarenta y siete pesos con ochenta y seis centavos m.n.), los cuales deberán sumarse al monto total de la condena en la sentencia combatida. Así pues, y de conformidad con lo anteriormente precisado, lo procedente es modificar la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil catorce, debiendo regularse las partidas descritas en los considerandos tercero y cuarto de la presente sentencia en los términos ahí mismo indicados, aprobándose la planilla en la cantidad de $148,821.68 (ciento cuarenta y ocho mil ochocientos veintiún pesos con sesenta y ocho centavos m.n.)." V. Estudio de la constitucionalidad de la resolución combatida. Los conceptos violatorios son inoperantes en una parte e infundados en otra. El concepto de violación reseñado en el inciso a), consistente en que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, toda vez que en el considerando quinto, al declarar fundado el agravio expresado por el señor J. Carmen Ramírez Castañeda, aplicó de manera incorrecta los artículos 237 y 241 del Código Civil , 7° fracción I y 8° fracción II, de la Ley de Arancel, ya que en el escrito de contestación de la demanda contiene la demanda reconvencional, de manera que, por tratarse de un negocio cuyo valor excede de tres mil cuotas, procede el cobro del 8% fracción II, de la Ley del Arancel, lo que significa que no se litigó sobre cuestiones autónomas e independientes, sino, respecto a una sola, ya que, si la reconvención es una contrademanda, estuviera contemplada de manera independiente al escrito de contestación de demanda, de ahí que resultan inaplicables las tesis que invoca la Sala responsable. Al respecto debemos señalar que, en principio, es indiscutible la naturaleza de la reconvención en cuanto a que se trata de una contrademanda que formula el demandado al dar contestación a la demanda, la cual está sujeta a las reglas señaladas por la ley, relativas a la forma de toda demanda. Asimismo, que a través de la reconvención se hace valer una acción autónoma e independiente de aquella que dio origen al juicio, toda vez que el demandado, aparte de las excepciones y defensas que puede oponer contra la acción que se deduce en su contra, ejercita a su vez una acción que trae como consecuencia que la relación procesal adquiera un contenido nuevo; que, de manera general, la acción materia de la reconvención, puede llegar a ser ejercida en juicio por separado; y que en un juicio puede declararse procedente tanto la acción principal como la reconvencional, así como que ambas acciones también pueden ser desestimadas a la vez o, en su caso, que una sea acogida y la otra no. Igualmente, el desistimiento del actor de su demanda no origina la de la reconvención que se haga valer ni la procedencia de una hace improcedente la otra. Por tanto, de la transcripción anterior así como de lo señalado en párrafos que anteceden por este Tribunal Federal, se colige que la Sala responsable estuvo en lo correcto a resolver en la forma en que lo hizo en la resolución reclamada. Ello es así, dado que contrario a lo que sostiene el quejoso en el concepto de violación que se analiza, en el que aduce que el escrito de contestación de la demanda contiene la demanda reconvencional, y que es una sola. Dicho argumento es infundado, dado que como ya se dijo, la naturaleza de la reconvención en cuanto a que se trata de una contrademanda que formula el demandado al dar contestación a la demanda, está sujeta a las reglas señaladas por la ley, relativas a la forma de toda demanda; asimismo, a través de la reconvención se hace valer una acción autónoma e independiente de aquella que dio origen al juicio, toda vez que el demandado, aparte de las excepciones y defensas que puede oponer contra la acción que se deduce en su contra, ejercita a su vez una acción que trae como consecuencia que la relación procesal adquiera un contenido nuevo; por tanto, la Sala responsable estuvo en lo correcto de estimar que la contestación de una demanda reconvencional, no se trata de una simple contestación a un escrito de mero trámite que sólo impulsa el procedimiento, sino que la reconvención constituye una contrademanda y por lo tanto una nueva acción ejercitada dentro del mismo juicio por el demandado, siendo necesario su estudio y valorización, a fin de contestar y oponer las excepciones y defensas que se crean convenientes. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis del epígrafe y contenido siguientes: "COSTAS RELATIVAS A LA RECONVENCIÓN, PROCEDENCIA DE LA CONDENA AL PAGO DE LAS. De lo establecido por los artículos 275 y 280 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se desprende que la reconvención trae como consecuencia el planteamiento de una nueva litis o juicio que, por economía procesal, se plantea en la misma pieza de autos en la que se tramita el originado por la demanda principal. Así, pues, resulta inconcuso que el tema atinente a las costas motivadas por la contrademanda, debe resolverse con independencia de las que resulten erogadas a causa de la acción principal, aunque en el mismo fallo, y de acuerdo con las reglas que regulan esa prestación". Asimismo, en relación a que se aplicaron de manera incorrecta los artículo 237 y 241 del Código Civil , 7° fracción I y 8° fracción II, de la Ley de Arancel. Resulta infundado el citado motivo de disenso, por lo siguiente: El artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone lo siguiente: "Artículo 241.- Si al contestar la demanda se opusiere compensación o reconvención, se observarán los mismos requisitos que para la demanda, y se correrá traslado al actor para que las conteste, observándose lo dispuesto en los artículos anteriores. La reconvención y la compensación, lo mismo que las excepciones opuestas con este motivo, se discutirán al mismo tiempo que el negocio principal y se decidirán en la sentencia definitiva." De lo que se obtiene que si al contestar la demanda se opusiere compensación o reconvención, se observarán los mismos requisitos que para la demanda, y se correrá traslado al actor para que las conteste; y al efectuar la contestación de una demanda reconvencional, como bien lo determinó la Sala responsable no puede decirse que se trata de una simple contestación a un escrito de mero trámite que sólo impulse el procedimiento, sino que la reconvención constituye una contrademanda y por lo tanto una acción autónoma e independiente de aquella que dio origen al juicio ejercitada dentro del mismo juicio por el demandando, siendo necesario su estudio y valoración, a fin de contestar y oponer las excepciones y defensas que se crean convenientes. Determinando que debería aplicarse para el pago de costas lo previsto en la fracción II, del artículo 8° de la Ley de Arancel, en el cual se establece el cobro del 8% respecto de la cuantía del negocio, respecto de la contestación a la reconvención. Por tanto, este Tribunal Federal comparte la postura de la Sala responsable al emitir la resolución reclamada, en razón de que resulta correcto que la contestación a la reconvención, para el pago de costas sea la establecida en el artículo 8° fracción II, de la Ley de Arancel, de acuerdo a la naturaleza del mismo. De ahí que la resolución reclamada se encuentre debidamente fundada y motivada, ya que la Sala responsable fundamentó su postura en los artículos 241 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y 8°, fracción II de la Ley de Arancel y expuso las circunstancias especiales y las razones particulares que tuvo para la emisión de la resolución reclamada, además de que de los argumentos que expuso se advierte que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso; de ahí que la resolución que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional se encuentre debidamente fundada y motivada. En lo que atañe a los diversos conceptos de violación identificados en los incisos b) y c) en los que el quejoso manifiesta: b) Que la responsable al considerar fundado lo relativo a las partidas identificadas con los números 6, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 54 y 57 de la Planilla de Costas, debió haber aplicado el artículo 8° fracción II, y no los diversos 1°, 3°, 7° y 8° de la Ley de la Arancel, toda vez que el valor del negocio excede de las tres mil cuotas, además de autorizar la partida correspondiente al estudio del negocio y escrito de demanda o contestación, en el que también incluye el doble de lo previsto en las fracciones II a la VII del mencionado dispositivo 8°. c) Que no le asiste razón a la responsable para que modifique la sentencia interlocutoria apelada, ya que de acuerdo al artículo 3° del Código Procesal Civil, la observancia de las normas procesales es de orden público, por lo que no puede aplicar las fracciones de la VIII a la XV contempladas en el mismo artículo 7°, de la del Arancel. Resultan infundados dichos conceptos de violación, virtud a que la fracción II del artículo 8°, de la Ley de Arancel legaliza el cobro por duplicado de las cuotas a que se refieren los actos enumerados en las fracciones II a la VII del citado artículo 7, dicha situación no implica que el resto de dichos actos, es decir, los previstos en las fracciones VIII a la XV no deban ser materia de retribución, ya que lo único que el artículo 8° proscribe es su doble pago y no su retribución simple, virtud a que se trata de actos realizados por el abogado que constituyen una ganancia licita por su intervención en juicio. Por tanto, es correcto que la Sala haya autorizado las partidas precisadas en su resolución, sirviendo como base para su cobro el salario mínimo vigente al momento en que fueron realizadas cada una de las actuaciones. Respecto al concepto de violación sintetizado en el inciso d), en el sentido a que la Sala responsable es contradictoria con la modificación de la sentencia, debido a que a foja veintiuno, bajo el número (2) de la resolución reclamada se precisan las partidas 6, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 54 y 55, las cuales fueron autorizadas, sirviendo como base para su cobro el salario mínimo vigente al momento en que fueron realizadas cada una de las actuaciones; mientras que en el tercer párrafo de la foja (25) se estableció, que no se aprueban las partidas marcadas con los números 11, 22, 34, 36, 43, 45 y 51. Resulta fundado, pero inoperante dicho concepto de violación, toda vez que efectivamente, la Segunda Sala Civil, al reverso de la foja veintiuno de la resolución reclamada, en el punto marcado con el número "2", se precisaron las partidas arriba señaladas, y al reverso, previo a la declaración de "fundado", se asentó: "Bajo los mismos argumentos, el apelante secundario hace extensivo este agravio en relación con las partidas marcadas con el número 2 de la segunda instancia; 1, 2, 3, 6, 7 y 8 del cuadernillo de pruebas de la parte actora; 2, 3, 6, 8, 10, 11 y 14 del cuadernillo de pruebas de la parte demandada; y 1 del cuadernillo del incidente de tachas". Enseguida al reverso de la foja veinticuatro de esa determinación en el segundo párrafo, la Sala responsable señaló: "En este sentido, lo correcto es modificar la sentencia recurrida, para efecto de autorizar las partidas arriba mencionadas, sirviendo como base para su cobro el salario mínimo vigente al momento de que fueron realizadas cada una de las actuaciones". Sin embargo, de la lectura integral de la resolución reclamada, se advierte que la autoridad responsable enseguida del párrafo que se acaba de transcribir, precisa cada una de las partidas que fueron aprobadas y desaprobadas, pues se obtiene: "a).- En relación con el expediente principal. - Se modifican las partidas identificadas con los números 6 (f. 111, Tomo I), 9 (f. 121, Tomo I) y 15 (f. 193, Tomo I) para ser aprobada cada una en la cantidad de $29.54 (veintinueve pesos con cincuenta y cuatro centavos m.n.), equivalente a media cuota de salario mínimo vigente al momento de ser realizada la actuación. - Se modifica la partida identificada con el número 14 (f. 183 vuelta, Tomo I) para ser aprobada en la cantidad de $177.24 (ciento setenta y siete pesos con veinticuatro centavos m.n.) equivalente a tres cuotas de salario mínimo vigente al momento de ser realizada la actuación. - Se aprueba la partida identificada con el número 26 (f. 300, Tomo I) en la cantidad de $140.29 (ciento cuarenta pesos con veintinueve centavos) equivalente a dos cuotas de salario mínimo vigente al momento de la diligencia, misma que duró una hora, más el 10% por ser realizada fuera de las instalaciones del Juzgado de Origen. - Se aprueban las partidas identificadas con los números 16 (f. 262 vuelta, Tomo I), 19 (f. 268 vuelta, Tomo I), 20 (f. 272 vuelta, Tomo I), 24 (f. 283 vuelta, Tomo I), 25 (f. 299 vuelta, Tomo I), 27 (f. 308 vuelta, Tomo I), 30 (f. 315 vuelta, Tomo I), 31 (f. 333 vuelta, Tomo I), 37 (f. 358 vuelta, Tomo I), 40 (f. 380 vuelta, Tomo I), 42 (f. 392 vuelta, Tomo I), 48 (f. 413 vuelta, Tomo I), 49 (f. 417 vuelta, Tomo I), 54 (f. 338, Tomo II) y 57 (f. 357 vuelta, Tomo II), cada una en la cantidad de $31.88 (treinta y uno pesos con ochenta y ocho centavos m.n) equivalente a media cuota de salario mínimo vigente al momento de ser efectuada la actuación. - No se aprueban las partidas marcadas con los números 11 (f. 148 y vuelta, Tomo I), 22 (f. 275 y vuelta, Tomo I), 34 (f. 349 y vuelta, Tomo I), 36 (f. 352 y vuelta, Tomo I), 43 (f. 396 y vuelta, Tomo I), 45 (f. 399 y vuelta, Tomo I) y 51 (f. 420 y vuelta, Tomo II) en virtud de que, si bien dichas actuaciones le fueron realizadas de forma personal a la parte ejecutante, lo cierto es que las mismas no fueron ordenadas por el Juez de Origen que de forma personal fueran realizadas, pues únicamente se ordenó su notificación a través de lista de acuerdos que fuera publicada en los estrados del Juzgado de Primera Instancia". Si bien es verdad, en principio dijo la Sala que se aprobaban las partidas identificadas con los números 6, 9, 15, 14, 26, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 30, 31, 37, 40, 42, 48, 49, 54 y 57, y después, en párrafo siguiente dijo que no se aprobaban las partidas 11, 22, 34, 36, 43, 45 y 51; lo cual constituye una contradicción, sin embargo, la propia responsable se pronunció de las partidas antes citadas. De lo anterior se obtiene, que a nada práctico nos llevaría conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realice esa corrección, pues el resultado final será igual a los razonamientos por ella expuestos en el acto reclamado, donde como ya se dijo las partidas precisadas fueron calificadas en su totalidad. En relación al concepto de violación sintetizado en el inciso e), puntualiza el quejoso, que la responsable viola en su perjuicio las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, al autorizar las partidas 28, 38, 39, 44, 52, 55 y 56 del expediente principal, así como la partida 4 del rubro de "gastos", porque se apoyó en actuaciones realizadas con motivo de la prueba pericial, la cual fue declarada de improcedente para fijar la cuantía del negocio, que por ese motivo deben considerarse actuaciones superfluas, por lo que deben ser negadas de acuerdo al artículo 78 párrafo primero del Código Procesal Civil; además que los gastos de los dictámenes fueron excesivos y superfluos, ya que para fijar la cuantía del negocio se atendió al valor o precio establecido en el contrato base de la acción. Lo anterior, resulta infundado, porque como bien lo dijo la Sala responsable, las actuaciones descritas en las partidas mencionadas para perfeccionar la prueba pericial no son de aquellas que deban ser consideradas superfluas o inútiles y que sean atribuibles a las partes, ya que las mismas fueron desahogadas en el momento procesal oportuno y conforme lo establece el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Zacatecas. Además tales actuaciones sirvieron de base para que el Juez de Primera Instancia tuviera a la vista un amplio panorama en el momento en que estableció mediante resolución interlocutoria, que no era a través de peritos en derecho la forma en que debía se cuantificado el monto del negocio, sino por medio de peritos en valuación de inmuebles, al valor del contrato declaro nulo o al valor catastral del inmueble en litigio; cuestión esta última que no debe ser atribuida a las partes, pues como se ha dicho, las partidas ahora mencionadas fueron desahogadas conforme a derecho y cumplieron con su cometido. En ese orden de ideas, fue correcta la determinación de la Sala responsable al modificar las partidas 28, 38, 39, 44, 52, 55 y 56 del expediente principal, apoyándose como base para su cobro en el salario mínimo vigente al momento de que fueron realizadas cada una de las actuaciones. En consecuencia, habiendo resultado infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a HÉCTOR GUZMÁN AVELAR, en contra del acto y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución y por los razonamientos apuntados en el considerando quinto de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Héctor García García1083/2017
- Héctor García Zamora836/2017
- Héctor González Curiel582/2019
- Héctor González Curiel279/2023
- Hector Gonzalez Curiel76/2023
- Héctor González Curiel1064/2019
- Héctor Hernández Carrillo720/2018
- Héctor HernàNdez García84/2021
- Héctor HernàNdez García85/2021
- Héctor Hernández Ruíz2674/2014
- Héctor Hugo Rubio Acosta315/2015
- Héctor Hugo Tiscareño Lozano1098/2023