HÉCTOR GUTIERREZ CANO abacea de MARGARITO GUTIÉRREZ CANO

Expediente 841/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
841/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • HÉCTOR GUTIERREZ CANO abacea de MARGARITO GUTIÉRREZ CANO

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. I. Parte quejosa atiende requerimientos. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Héctor Gutiérrez Cano, mediante el cual cumple parcialmente con los requerimientos emitidos en auto de veintitrés de octubre del año en curso (fojas 9 y 10), para lo cual exhibe copia certificada del documento con el cual acredita la personalidad con la que comparece al presente juicio constitucional, albacea de la sucesión a bienes de Margarito Gutiérrez Pérez, la cual se le reconoce en términos del artículo 10 de la ley de Amparo, relata los antecedentes del acto reclamado, las circunstancias relativas a la forma en que tuvo conocimiento del mismo, indica la autoridad a la que señala como responsable y exhibe copia de la determinación de veintiséis de septiembre del año en curso, que constituye el acto reclamado; empero, es omiso en precisar los efectos por los que solicita la suspensión del acto reclamado; sin embargo, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el numeral 17 constitucional, y toda vez que dicho requisito no se encuentra dentro de los contemplados en el artículo 108 de la ley de amparo, aunado a que este juzgado federal está facultado para precisar las consecuencias y/o el estatus legal en que deben quedar las cosas a partir de la concesión de la medida cautelar, conforme al penúltimo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, no se estima necesario volver a requerir al impetrante; en consecuencia, se provee: II. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se obtiene que la parte impetrante señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, dentro de los incidentes de oposición al inventario y avalúo, relativo al expediente 81/1971-C, de su índice. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La causal de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado en la presente instancia constitucional, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia referida, para lo cual es necesario destacar que el artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, estatuye: "Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." De la interpretación literal del numeral transcrito se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual puede conseguir modificar la determinación de la que se duele en esta instancia constitucional. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, dentro de los incidentes de oposición al inventario y avalúo, relativo al expediente 81/1971-C, es incuestionable que previo acudir al presente juicio de amparo debió promover el recurso de apelación previsto en el artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Por tanto, como el solicitante del amparo no controvirtió el acto que cuestiona a través del medio de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, III. A la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento en sentido estricto, en virtud de que figura como albacea en el juicio de origen; tampoco es tercera extraña por equiparación, puesto que es parte dentro del expediente natural, al haber acreditado tener reconocido el carácter de albacea dentro del referido procedimiento. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -recurso de apelación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Además, cobra relevancia destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), estableció el criterio de que el hecho de que un acto tenga la característica de irreparable no exime al gobernado de agotar los recursos o medios ordinarios en su contra, puesto que tal hipótesis no está contemplada como excepción al principio de definitividad en la Constitución Federal, ni en la Ley de Amparo. Dicho criterio jurisprudencial sigue vigente, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, y el cual se encuentra publicado en la página 729, del Libro X, julio de 2012, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En esa tesitura, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Sin que modifiquen el sentido de esta determinación, las aseveraciones del impetrante, en el sentido de que el código civil de 1884 es aplicable al juicio natural y no la codificación civil local que entró en vigor en 1967, pues lo cierto es que el medio ordinario de defensa que debió agotar, previo a la promoción del presente juicio constitucional, es el recurso de apelación, previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, tan es así, que constituye un hecho notorio la promoción del juicio de amparo 295/2019-V, del índice de este juzgado Federal, en el que Ma. Esthela Rangel y/o Ma. Estela Rangel señaló como acto reclamado la resolución dictada en el recurso de apelación que interpuso contra diversa resolución incidental emitida en el procedimiento sucesorio intestamentario de origen, figurando el aquí quejoso como tercero interesado, lo que corrobora la procedencia del aludido medio ordinario de defensa contra la interlocutoria reclamada, cuya existencia reconoce el aquí quejoso en su escrito de cuenta, al aseverar que el juez responsable determinó en el acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso, que la parte tercera interesada no se inconformó con la interlocutoria que constituye el acto reclamado en este juicio, en el término legal previsto en el artículo 246 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Parte quejosa. Hector Gutierrez Cano (como albacea de la sucesión a bienes de Margarito Gutiérrez Cano). II. Autoridad responsable. Juez Tercero Civil de Partido en la ciudad de León, Guanajuato. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 841/2019-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención a parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, II y III, así como 108, fracciones I, III y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin presentar ni formular nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: Exhiba copia certificada del documento con el cual acredite de manera fehaciente tener la personalidad con la que se ostenta en la demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, respectivamente, y Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, en virtud de que los que menciona en el capítulo respectivo de su libelo constitucional resultan insuficientes, toda vez que únicamente hace alusión hasta la actuación de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, y reclama una resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Exhiba copia simple de la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado; lo anterior, a fin que de que la suscrita tenga conocimiento de su contenido íntegro. Señale bajo protesta de decir verdad, las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a la forma en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Precise los efectos por los que solicita la suspensión del acto reclamado, puesto que su aseveración en el sentido de que "quede en suspensión dicha notificación de la resolución de la presente demanda de garantías", resulta ambigua. Indique cuales son las autoridades que señala como responsables, para lo cual deberá precisar si únicamente le atribuye tal carácter al juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, o también a la secretaria adscrita a dicho juzgado. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos señalados, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano