Héctor Gustavo Gómez Galván

Expediente 582/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
582/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Héctor Gustavo Gómez Galván

Actuaciones

  1. Principal

    Tribunal Colegiado remite testimonio... archívese el expediente como asunto concluido; háganse las anotaciones respectivas... el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    CÚMPLASE.

  3. Principal

     Quejoso interpone recurso de queja. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 14 a 21), en el que se desechó la demanda de amparo. Por consiguiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, y en consideración a que en el caso concreto se reclama un auto desechatorio, por lo que no existen diversas partes a las cuales se deba notificar la interposición del recurso de cuenta, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja, sosteniéndose la legalidad de la determinación impugnada y remítase como sustento copia certificada del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para la tramitación del recurso de queja interpuesto, así como el original del escrito de expresión de agravios y copia para el agente del Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada.

  4. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOs. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en atención al análisis integral del escrito de demanda ; se precisa que los actos reclamados son: a) Proveído de cinco de junio de dos mil diecinueve, por el que la autoridad responsable tuvo por revocado el cargo de depositario judicial que ostentaba el quejoso, respecto de los bienes embargados, por lo que se ordenó su entrega al nuevo depositario; y, b) Auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el que, entre otras cuestiones, la responsable desaprobó la diligencia de notificación del proveído de cinco del mes y año en curso, en la que también requirió al quejoso la entrega de los bienes embargados. Ambos proveídos dictados en el juicio ejecutivo mercantil número ************, del índice del Juzgado Décimo Segundo Menor Civil de esta ciudad. SE DESECHA DEMANDA. En el caso se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, virtud al cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto en la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso de mérito para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. No se soslaya el hecho de que el quejoso no es parte formal en el procedimiento de origen, sino únicamente depositario de los bienes que fueron embargados virtud al mandamiento de ejecución dictado por la responsable, pues ello no le impide hacer valer los recursos que estime pertinentes cuando considere que recibe algún agravio de parte del juez de instancia. Lo anterior es así, pues el auto o diligencia mediante la cual se le discernió en forma el cargo de depositario judicial, implica una relación procesal que lo vincula irremediablemente al proceso, en atención a que con ese carácter se convierte en poseedor del bien secuestrado, a nombre de quien, en definitiva, venza en el juicio. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro y texto siguientes: Entonces, el promovente no está relevado de agotar los recursos ordinarios pertinentes, lo que en el caso se traduce en la obligación de interponer el recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1335 y 1340 del Código de Comercio, que disponen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Basta lo expuesto para concluir que el quejoso no se encuentra relevado de respetar el referido principio de definitividad de manera previa a promover el juicio de amparo. Bajo este contexto, si contra los actos reclamados resulta procedente el recurso de revocación, es evidente que en términos de lo establecido por el artículo reproducido emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fueran revocados, el peticionario debió interponer el recurso de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Se arriba a la conclusión que antecede ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que sólo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Por tanto, se materializa dicha causa de improcedencia toda vez que la parte quejosa, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, debió interponer el recurso de revocación establecido en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio. Además, debe establecerse que en el caso concreto, no se está en las hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque el acto combatido no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o bien, que afecte la libertad personal del promovente; no acude a esta instancia como tercero extraño al procedimiento de origen; y, no se está ante una interpretación adicional que permita la procedencia del juicio de amparo. Debe precisarse que si bien el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorpora el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto pasando por alto los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Así, al materializarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término , se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Barajas Rodríguez, en virtud de que no acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogado al no tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita . PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial).

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