Hector Guadalupe Vazquez Cruz
Expediente 846/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hector Guadalupe Vazquez Cruz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Recepción de escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por ***, quien se ostenta como defensor particular de ***, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de once de noviembre actual, y al efecto proporciona la información que le fue solicitada, en el sentido de manifestar bajo protesta de decir verad que no ha interpuesto medio ordinario de defensa alguno en contra del acto reclamado. Desechamiento de la demanda. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, así como a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, puesto que no se agotó el principio de definitividad en contra del acto reclamado; esto es, no interpuso el recurso idóneo en contra del auto reclamado. Sentado lo anterior, cabe destacar que, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región del estado de Guanajuato, del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, en esta ciudad, mediante el cual dejó sin efecto la citación para la audiencia de juicio oral que se encontraba señalada para el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno y la reprogramó para el veintiuno de febrero de dos mi veintidós. Para mayor claridad, se anota que de la demanda de amparo se desprenden los siguientes antecedentes: El treinta de junio de dos mil veintiuno, se radicó el juicio oral en la causa penal ** del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región de estado de Guanajuato, sede Celaya, en la que el directo quejoso fue imputado por la probable realización del hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares y se fijaron las doce horas del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de juicio oral. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se dejó sin efecto la citación mencionada en el párrafo que antecede y se reprogramó la audiencia de juicio oral para el día veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Este es el acto reclamado en esta instancia constitucional. De lo anterior se desprende que se actualiza la invocada causal de improcedencia del juicio de amparo, pues, se reitera, el quejoso no interpuso el recurso idóneo para impugnar el acto reclamado. Para corroborar lo anterior, es necesario destacar el contenido de los siguientes preceptos: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo trascrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". La disposición legal transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente -previo a la instauración del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ese principio se sustenta a razón de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Principio que implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en posibilidad jurídica para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En la especie, se reitera, la parte quejosa reclama el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región del estado de Guanajuato, del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, en esta ciudad, en la causa penal 1P0620-152, mediante el cual dejó sin efecto la citación para la audiencia de juicio oral que se encontraba señalada para el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno y la reprogramó para el veintiuno de febrero de dos mi veintidós. De igual forma, es necesario destacar que en la causa penal de origen el directo quejoso **** fue imputado por la probable realización del hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares. Bajo este panorama, el peticionario no está relevado de agotar el recurso ordinario pertinente e idóneo, lo que en el caso se traduce en la obligación de interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del precepto legal transcrito se desprende que el recurso de revocación es uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Además, de dicho dispositivo legal se advierten dos requisitos en cuanto a su procedencia, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. De lo anterior, se evidencia que el medio de impugnación idóneo para que el quejoso esté en aptitud de combatir el acto que ahora reclama es el recurso de revocación. Ello es así, pues el auto que ahora se combate cumple con los requisitos de procedencia antes señalados, se explica. Por lo que respecta al primer requisito, se cumple debido a que el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, lo dictó la jueza designada como Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede y base Celaya, dentro de la causa penal **, en donde dejó sin efectos la citación para la audiencia de juicio oral en procedimiento ordinario y la reprogramó para fecha distinta; de ahí que, el auto reclamado se emitió dentro de una etapa del procedimiento penal. Por lo que ve al segundo requisito, este se cumple en virtud de que se está en presencia de una resolución de mero trámite, pues en el auto combatido, la jueza responsable dejó sin efecto la citación para la audiencia de juicio oral en procedimiento ordinario y la reprogramó para fecha distinta. De ahí que, su actuación se constriñó a diferir la fecha de celebración de tal audiencia. Por tanto, sí se cubren los requisitos de procedencia que establece el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, este juzgador federal considera que el auto reclamado en esta instancia constitucional debió impugnarse, previo a la promoción del juicio de amparo, a través del recurso de revocación, en el cual se demostrara, en su caso, su ilegalidad. Por tanto, es necesario que el quejoso impugne la legalidad del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno a través del medio ordinario de defensa idóneo, previo a la promoción del juicio de amparo; aunado a que no se encuentra en los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; y, III. No se trata de un tercero extraño a procedimiento, porque el quejoso es parte en la causa penal de origen. IV. Además, la procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal no es insuficiente para determinarlo, pues se observa que el texto legal que prevé el recurso de revocación no es confuso y tampoco permite razonablemente distintas interpretaciones, ni utiliza términos ambiguos o que exista alguna laguna legal que deba ser integrada. Por las razones expuestas, se concluye que el quejoso no agotó el principio de definitividad antes de acudir a solicitar la protección de la justicia federal; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." A similar determinación arribó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el amparo en revisión penal número ** de su índice, en el que confirmó el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el juicio de amparo ** del índice de este órgano jurisdiccional. En las relatadas condiciones, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, ello con fundamento en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Vista la copia del oficio SEPLE./ADS./4197/2021 signado por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el órgano colegiado en mención determinó adscribir a la suscrita, Ma del Carmen Zúñiga Cleto, como titular de este órgano jurisdiccional, con efecto a partir del dieciséis de este mes y año. En razón de ello y de que el presente juicio se encuentra en trámite, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo y el diverso 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales que correspondan. Orienta, por las razones ahí invocadas, la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, página 312, julio de dos mil diez, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO."
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, quien se ostenta como defensor particular de ********************en contra de actos de la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Tercera Región del estado de Guanajuato, del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, sede Celaya, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 846/2021-4. Prevención. Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: 1. Manifieste si interpuso algún medio ordinario de defensa en contra del auto que reclama. En caso afirmativo, indique qué recurso interpuso, ante qué autoridad lo hizo y el estado actual que guarda dicha impugnación. Requerimiento que se realiza en razón que del escrito de demanda no se advierten con claridad dichas circunstancias, las que resultan indispensables de conocer para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo. En la inteligencia de que, de serle posible, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes en la proporción descrita en el artículo 110 de la ley de la materia, esto es, una para cada autoridad responsable, una para los terceros interesados y una para la fiscal federal de la adscripción. Así mismo, que esta prevención deberá ser desahogada por el promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido que, conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que, en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación al usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "*******************". En razón de lo anterior, la oficial judicial A de este juzgado deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. Así mismo, desde ahora se tiene dicho usuario como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, debido a que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico, constituye una opción para recibir notificaciones y porque así lo solicitó el promovente. De igual forma, se tiene como autorizados de su parte, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de realizar notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.
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