Héctor Guadalupe Aguilar Castro
Expediente 867/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Héctor Guadalupe Aguilar Castro
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que las responsables rindieron su informe en cuanto a la suspensión de plano más no su informe justificado para la resolución del presente juicio. Por lo anterior requiérase a las autoridades DIRECTOR DE LA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 66 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, el responsable del DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO DELEGACIONAL y el SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 66 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL para que a la brevedad posible remitan su informe justificado para estar en la posibilidad de dictar la resolución correspondiente. A fin de dar margen a que la autoridad, rindan su respectivo informe de ley, al tenor del arábigo 117, de la Ley de Amparo; se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para verificarse el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS a efecto de llevar a cabo la misma. Se recibe el escrito de la parte quejosa y, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, de conformidad con el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen formulados los alegatos relativos, los cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Por último, hágase del conocimiento que, en su caso, también puede remitir información vía electrónica, al correo oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos el oficio de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulando alegato ministerial, el cual, será tomado en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y en relación a la copia que solicita, expídanse la misma una vez que se emita la resolución relativa, de conformidad con el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su artículo 2. Por último, acorde a lo estipulado en el artículo 126, de la legislación federal que rige en la materia, se tiene a la autoridad oficiante Hospital General Regional Número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, rindiendo su informe relativo a la suspensión del acto reclamado. En atención a su solicitud se le informa a la parte quejosa que se encuentra programada una cita para el día veintiuno de septiembre del presente año a las nueve horas en las oficinas que ocupa el Hospital General Regional numero 66 al cual deberá acudir con quince minutos de anticipación, con su tarjeta de citas e identificación oficial. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, contra actos que reclama al DIRECTOR DE LA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 66 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, el responsable del DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO DELEGACIONAL y el SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 66 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, todas con sede en esta ciudad, a quienes reclama: "Reclamo la omisión de contar con la disponibilidad de el siguiente medicamento. Negativa de proporcionarme el siguiente medicamento de forma indefinida, hasta que sea ordenado por mi oncólogo tratante. Medicamento: IMATINIB tabletas de 100 mg tomar 4 tabletas (400)mg cada 24 horas de forma INDEFINIDA". Por consiguiente, al encontrarse reunidos los requisitos de ley, acorde a lo estipulado en los artículos 1º, fracción I, 33, fracción IV, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 867/2023-I-B. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y por tratarse de un acto que afecta el derecho a la salud del quejoso, se concede de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que cese de inmediato, esto es, le proporcionen de manera inmediata la atención médica que requiere el quejoso, así como los medicamentos respectivos; apercibidas que de no hacerlo, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que, si bien el acto reclamado no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo, deben tomarse las medidas pertinentes para evitar perjuicios a la parte interesada y en su caso, no quede sin materia el juicio de amparo, ello en términos de los numerales 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo. Además, la Primera Sala de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1ª.LXV/2008, en la cual se establece que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, porque ese derecho no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado de salud mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Luego, el quejoso cuenta con el derecho para obtener la protección a la salud, conforme con lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Federal, y tiene la tutela jurídica para lograr su defensa, así como la reparación por parte del Estado del perjuicio que les irroga su desconocimiento o violación. Consideración que se sustenta en la tesis P. XVI/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Efectivamente, de conformidad con el artículo 4º párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que el derecho fundamental de protección de la salud comprende esencialmente la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de enfermedades, según se desprende de la tesis P. XIX/2000, localizable en la página 112, tomo XI, marzo de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." Por lo que, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, informen a este juzgado federal, respecto al cumplimiento dado a la presente medida suspensional, bajo el apercibimiento que de no acatar lo ordenado, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en que pueda incurrir. Sin necesidad de tramitarse el incidente de suspensión al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo, toda vez que se decretó la suspensión de plano del acto reclamado. Requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendirlo dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no hacerlo, sin justa causa, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con el artículo 5º de la Ley para determinar del valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo el valor diario actual de dichas unidades el de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), en concordancia con los cardinales 237, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18, de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir documentos y notificaciones de la parte QUEJOSA, el ubicado en ********************solicitando la tramitación del juicio en línea; asimismo, se le tiene designando en términos amplios del arábigo 12, de la Ley de Amparo a las designadas en el escrito de demanda de amparo. En atención a su solicitud se autoriza acceso al expediente electrónico del presente juicio; por ende, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la ley de la materia, atendiendo a los nombres de usuario que proporciona el promovente "********************", para la consulta del presente expediente vía electrónica y la práctica de las notificaciones correspondientes e incluso las de carácter personal, por esa vía; lo anterior, de conformidad con la fracción IV del artículo 26, fracción VI, de la Ley de Amparo y artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa, ofreciendo como pruebas, la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, así como diversas DOCUMENTALES, las cuales serán tomadas en consideración y valoradas en la etapa procesal correspondiente al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo y 124, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyenda que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 y regularizó las actividades en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a través de un nuevo esquema que incorpora los medios electrónicos y soluciones digitales desarrollados por el propio Consejo a través del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo" publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que se puede consultar en el siguiente vinculo: https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2022/pdf/AcuerdoGeneral221014.pdf . En ese tenor, a partir del siete de noviembre del presente año, el público en general puede acudir de manera presencial a los órganos jurisdiccionales, previa cita que deberá tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a consultar el expediente electrónico, que al efecto se genere en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro del horario de atención al público que será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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