Héctor González Vilchis

Expediente 1483/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1483/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Héctor González Vilchis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que ordenó el archivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Conservable o destruible. Por carecer de relevancia documental, el original del incidente de suspensión es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, y el duplicado es destruible, una vez cumplidos seis meses de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en los artículos 19, fracción II, inciso a), y 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de cinco de julio del dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente provéase lo conducente. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Contestación de requerimiento. Visto lo de cuenta se recibe el oficio signado electrónicamente por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad mediante el cual da cumplimiento al requerimiento hecho por esta autoridad mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, informando el estado procesal que guarda la controversia ********************, así como vinculando la carpeta digital de dicho proceso de ejecución. Ahora bien, toda vez que las probanzas que menciona consisten en las actuaciones del procedimiento de ejecución ******************** controversia 20501, de la cual deriva el acto reclamado, mismas que con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la autoridad responsable habilitó su consulta en forma digital; en consecuencia, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el trámite correspondiente. Pruebas. Ahora bien, de las constancias que integran el procedimiento de ejecución ******************** controversia 20501, se advierte la actualización de una causal de improcedencia en el juicio en que se actúa. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". La disposición legal reproducida prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando exista el acto reclamado, pero éste no pueda surtir efecto legal o material alguno, porque deja de existir el objeto por el cual se emitió. Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del amparista. En el caso en estudio la parte quejosa reclamó esencialmente la omisión de resolver conforme a derecho procede la controversia que promovió y amplió dentro de los autos del proceso de ejecución ******************** de su índice. Ahora bien, de las constancias mencionadas anteriormente, allegadas por la autoridad responsable se advierte que el diez de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Ejecución determinó que en relación a las manifestaciones del controversista sobre los actos de tortura y malos tratos recibidos por parte del personal del centro penitenciario -materia de la controversia en cuestión-, dio vista al Delegado de la Fiscalía General de la República en Gómez Palacio, y le requirió para el efecto de que en el término de 05 días, informara el trámite otorgado a la denuncia promovida por ********************; asimismo instruyó la reprogramación de la audiencia a efecto de la defensa se impusiera de las constancias de la controversia y estuviera en aptitud de pronunciarse en el presente asunto, por lo que el veintinueve de junio del año en curso, se programaron las doce horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés para la continuación de la audiencia de controversia en el asunto. En ese sentido, se estima que se surte la hipótesis legal de la causal de improcedencia en estudio puesto que el objeto o materia del acto reclamado en este juicio de amparo, consiste esencialmente en la omisión de resolver conforme a derecho procede la controversia que promovió y amplió dentro de los autos del proceso de ejecución ******************** de su índice. En ese sentido, el acto del que se duele la quejosa es que la responsable es omisa en resolver conforme a derecho procede la controversia que promovió y amplió dentro de los autos del proceso de ejecución ******************** de su índice, y el diez de mayo de dos mil veintitrés, ordenó dar vista al Delegado de la Fiscalía General de la República en Gómez Palacio, y le requirió para el efecto de que en el término de cinco días, informara el trámite otorgado a la denuncia promovida por ********************, en relación a las manifestaciones del controversista sobre los actos de tortura y malos tratos recibidos por parte del personal del centro penitenciario, luego, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, programó las doce horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para la continuación de la audiencia de controversia dentro del proceso de ejecución en mención. Atento a lo anterior, aunque subsista la omisión que le reclama a la responsable, no puede surtir efecto legal o material alguna a razón de la nueva fecha programada para la continuación de la audiencia de controversia, ya que, una vez que se encuentre debidamente preparada para su celebración, esto es, se remitan a la autoridad responsable el informe requerido, así como que la defensa se imponga de las constancias que integran la controversia, el juez de ejecución se encontrará en aptitud de resolver conforme a derecho la controversia planteada y su ampliación, dentro del proceso de ejecución ********************. En esa virtud, aun cuando formalmente subsista el acto reclamado, lo cierto es que este ya no surtirán efecto legal alguno, puesto que, con la reprogramación de la continuación de la audiencia de controversia dentro del proceso de ejecución en mención, así como los informes requeridos al Delegado de la Fiscalía General de la República en Gómez Palacio, se modificó el entorno de dicha omisión en el proceso de ejecución de origen, de ahí que no pueden surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, al haber dejado de existir la situación jurídica que le dio origen. En consecuencia, es incuestionable que en el caso, aun subsistiendo los actos reclamados, no pueden surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, esto es, la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, se modificó sin dejar alguna huella en su esfera jurídica, susceptible de reparación, lo que impediría que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese sentido, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que no puede surtir efecto materialmente; lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, y ocasiona el sobreseimiento del presente juicio de amparo en términos del diverso ordinal 63, fracción V, de esa legislación. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro electrónico 173858, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En consecuencia a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a catorce de junio de dos mil veintitrés.********************Requerimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, del informe rendido por la autoridad responsable y recibido por esa autoridad el veintisiete de abril del año en curso, se informó que el diez de mayo de la presente anualidad, se llevaría a cabo audiencia dentro del proceso de ejecución ********************, sin que a la fecha, esta autoridad haya tenido conocimiento del estado procesal que guardan los autos de dicho proceso de ejecución, por lo que, requiérase a la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación, informe lo que tuvo bien a resolver en la audiencia programada para el diez de mayo de dos mil veintitrés en el proceso de ejecución ********************, y en su caso remita copias certificadas de las constancias que lo acrediten, lo anterior dado que el acto reclamado en el presente asunto es la omisión de resolver la controversia que promovió el aquí quejoso ******************** dentro del mencionado proceso de ejecución.********************Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 75, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, solicítese atentamente a la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Juez de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que dentro del término de tres días, contado a partir que quede debidamente notificado del presente proveído, haga disponible para este juzgado el expediente electrónico relativo a la controversia promovida en el proceso de ejecución ********************; ello, a fin de acceder a las actuaciones del mismo y poder resolver el presente juicio con base en la verdad jurídica objetiva.********************Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo.********************Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.********************Notifíquese.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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