Héctor González Mendoza
Expediente 2/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Héctor González Mendoza
- Todas las Partes
- Director Responsable de la Clínica de Medicina Familiar "San Andrés Tuxtla", dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz San Andrés Tuxtla, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, con el que devuelve el expediente del juicio de amparo 2/2022, promovido por ********************y el testimonio de la resolución dictada en el toca número ********************de su índice, en la que se determinó FUNDADA la imposibilidad de cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio en que se actúa, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento.********************Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente; glósese a estos autos las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del incidente de inejecución señalado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente expediente como asunto concluido. ********************Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es conservable, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda su transferencia previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente transferido; por lo que, se establece como fecha probable el tres de agosto de dos mil veintiséis.********************En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.********************Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, atento a su contenido; téngasele informando que se admitió el incidente de inejecución de sentencia; radicándose al efecto el expediente ******************** Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que los autorizados de la parte quejosa interpusieran el recurso de inconformidad en contra del proveído de cuatro de octubre del año en curso, mediante el cual se declaró la imposibilidad material de cumplirse la ejecutoria de amparo, de lo que fue notificada por lista de acuerdos, previo citatorio, once de octubre de los corrientes, surtió efectos el trece de octubre siguiente, y transcurrió del catorce de octubre al ocho de noviembre de la presente anualidad, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, cinco y seis de noviembre de este año, por ser sábados y domingos, así como el doce y treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, sin que dentro del plazo extinto hubiese hecho valer el referido recurso. En tales condiciones, como lo dispone el artículo 196, párrafo quinto, de la Ley de Amparo: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. (.) Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Lo anterior en términos de la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.), con número de registro digital 2017531, sustentada por los Plenos de Circuito, Décima Época, Materia Común, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de dos mil dieciocho, Tomo II, página 1739, de rubro: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente.". Así como lo señalado en la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 274, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella.". En ese sentido, remítase sin dilación alguna el juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, previo cuaderno de antecedentes que para tal efecto se forme. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obren las constancias de notificación de las autoridades responsables, toda vez que mediante acuerdo de cuatro de octubre de este año, se estableció que bastaría la notificación de la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para su remisión a la Superioridad. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica en la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Atento a su contenido, téngasele informando que en relación al requerimiento efectuado mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de este año, es imposible dar cumplimiento, habida cuenta que la documental requerida no obra en original en los archivos de la dependencia a su cargo. Sin embargo, no se emite mayor pronunciamiento, toda vez que el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Hospital Regional "B" Veracruz Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en Veracruz, Veracruz, remitió la documental solicitada en el acuerdo en mención. Notifíquese.
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