Hector Gomez Rodriguez
Expediente 808/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Hector Gomez Rodriguez
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche . .
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Toda vez que se trata de un juicio de amparo en el que este Juzgado de Distrito se declaró incompetente, de conformidad con los artículos 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, a consideración de este órgano jurisdiccional el presente sumario carece de relevancia documental, pues no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el actuario adscrito a este juzgado, hizo constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso, o alguno de sus autorizados, el proveído de veintisiete de junio del año en curso, por los motivos que ahí expone. En tales condiciones, y dado que no obra diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese a la parte quejosa la notificación del auto de veintisiete de junio dos mil veintitrés, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado. Notifíquese. Acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés: San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida en este órgano jurisdiccional la demanda instada por ***, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Campeche, en funciones de Juez de Control. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 808/2023-III-A, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, del contenido de la demanda, se desprende que el promovente reclama: La Sentencia de Procedimiento abreviado de seis de junio de dos mil veintitrés. El artículo 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a). En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares." Luego, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el contenido del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el diverso precepto legal 47, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." De los numerales antes transcritos, así como del relato de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el decomiso o aseguramiento del autobús que defiende el quejoso, fue decretado el seis de junio de dos mil veintitrés, en la sentencia relativa al procedimiento abreviado en la causa penal 88/2022, por tanto, tal acto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 170, fracción I, párrafo primero y segundo, de la Ley de Amparo, ya que constituye una sentencia definitiva. Bajo tal contexto, como se dijo, contra dicha sentencia definitiva que resuelve el asunto en lo principal, es procedente el juicio de amparo directo, por disposición expresa del citado precepto legal, de manera que es inconcuso que a este Juzgado de Distrito no le compete conocer de la demanda de amparo en estudio, sino que su tramitación debe hacerse a través del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso a), Constitucional, y 170 de la Ley de Amparo; razón por la cual, este órgano de control constitucional, se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y ordena su envío al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en Campeche, para los efectos que se señalan en el numeral 47 de la Ley de Amparo. Se invoca para justificar lo anterior, por las razones que la integran, la tesis aislada 1a. CCX/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 788, Materia Común, Penal, Décima Época, con número de registro digital: 2012317, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSIDERACIONES QUE PUEDEN SER MATERIA DE CUESTIONAMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. En un juicio de amparo directo derivado de un procedimiento abreviado previsto en el precepto citado, sólo podrá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio, lo cual comprende el análisis de la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la imposición de penas que sean contrarias a la ley, por ser distintas o mayores a las solicitadas por el Representante Social y aceptadas por el acusado; además de la fijación del monto de la reparación del daño. En contraposición, no podrá ser materia de cuestionamiento constitucional, en el referido juicio de amparo directo, la acreditación del delito y la responsabilidad penal del acusado, ni la exigibilidad de valoración de pruebas, pues ello no tiene aplicación en dicha forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio. En ese sentido, como en el procedimiento abreviado no están a debate tanto la acreditación del delito como la responsabilidad del acusado en su comisión, derivado de su aceptación de ser juzgado con base en los medios de convicción que sustentan la acusación, dichos elementos no admiten contradicción en sede judicial precisamente porque son resultado del convenio asumido por las partes en un caso en que el acusado y su defensor concluyen que no tienen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación. Es por ello que el acusado acepta su participación en la comisión del delito del que se le acusa, ante el Juez de Control, a cambio de que, a través de un procedimiento que permita la terminación anticipada del proceso, se le dicte una sentencia con penas inferiores a las que pudieran imponérsele como resultado de la tramitación del procedimiento ordinario de juicio oral. De no considerarse así, no existirá firmeza en lo acordado con el acusado respecto a la aceptación de su participación en el delito a partir de los datos de prueba recabados durante la investigación y, menos aún, seguridad jurídica para la víctima u ofendido del delito, quien espera que, de acuerdo con el daño inicialmente aceptado por el acusado, obtenga una reparación proporcional a la afectación que le generó la comisión del delito." Se solicita a la Superioridad que de no tener inconveniente legal alguno y en términos de lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, tenga a bien informar a este órgano de control constitucional si acepta o no la competencia legal planteada, y acuse el recibo de estilo correspondiente. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del Poder Judicial de la Federación, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós; fórmese el cuaderno de incompetencia respectivo, únicamente con copia simple de la demanda, copia autorizada de este proveído y con las subsecuentes actuaciones que se efectúen en el presente cuaderno. Se tiene como como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito inicial de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a quienes señala en el mismo. Se exhorta a todas las partes, qué de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc). De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DEL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CUYA SÍNTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la Presidenta del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, con el que, en cumplimiento al requerimiento efectuado el catorce de junio del presente, remite copia digitalizada del auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el que se hizo entrega del cheque de caja con número ********************a la parte actora dentro del juicio laboral ********************. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de cuenta y anexos que acompaña, y con los diversos registrados con los folios 8166 y 12030, por el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, y para tal efecto, córraseles traslado con copias simples de ellos. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de Verónica Monserrat del Jesús Aguirre Pérez, Secretaria que autoriza y da fe.
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