Hector Gomez Lopez
Expediente 434/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hector Gomez Lopez
- Director General de Investigaciones de la Fiscalia General del Estado de Guanajuato (Denominacion Correcta Auto 17/11/2020)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia de veintiuno de enero del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio que nos ocupa, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. Sí se allegaron documentos al juicio de los que no son catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado en sentido contrario, 18 párrafo primero, fracción I, inciso a) 20 párrafo primero, fracción II, inciso a) y 21, párrafo primero, inciso a) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, el documento exhibido al juicio no está catalogado como original, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirá junto con el expediente principal en el plazo señalado. Ahora bien, para su obtención, una vez que este órgano jurisdiccional reanude sus actividades conforme al esquema contenido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, de lunes a viernes, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
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...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En esa tesitura se tiene que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que al momento de rendir sus informes justificados negaron los actos que se les atribuyen. Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa de los actos reclamados, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad de los mismos, lo que en la especie no aconteció. Aunado a que el quejoso omitió aportar prueba alguna para desvirtuar tales negativas en relación con la existencia de los actos reclamados, por tanto, es dable concluir que los actos motivo de la presente litis constitucional, no existen. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte, apéndice 1917-septiembre 2011, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos cinco, cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los autos, en concreto, el escrito de demanda, del que se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la orden de aprehensión, retención o comparecencia girada en su contra, así como su ejecución. Ahora bien, no obstante que, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, emitida en sesión celebrada de manera extraordinaria por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre de dos mil veinte, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veinte; en la especie, se precisa que el presente asunto encuadra en los supuestos de urgencia establecidos en los aludidos ordinales. NO SE SUSPENDEN PLAZOS PROCESALES Por tanto, de conformidad con los numerales 2 y 10 del Acuerdo General de previa alusión, se debe continuar con la tramitación del juicio hasta que sea necesario el desahogo de diligencias judiciales que requieran la presencia física de las partes o de la práctica de notificaciones personales, que no pueda practicarse electrónicamente alguna diligencia o notificación, que alguna de las partes no pueda actuar de manera electrónica, que las autoridades no se encuentren laborando, o bien, que a juicio de este juzgado no existan las condiciones para proseguir con el asunto sin poner en riesgo la salud o integridad de las partes y del personal, por decir algunos. Así, con base en los numerales en cita, los términos y plazos en este asunto no se suspenden y seguirán corriendo a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación. SE REMITE EXHORTO En atención a lo anterior, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 172/2020 (1207/2020) del índice de este juzgado, que se envió a efecto de notificar, requerir y apercibir a la parte quejosa; lo que aconteció el catorce de diciembre del año en curso, mediante lista publicada en esa fecha. Sin que sea necesario acusar recibo, debido a que éste se genera de forma automática al momento de su envío por la citada vía. Dese de baja del Libro de Gobierno correspondiente la referida comunicación. DOMICILIO PROCESAL Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que desahogara dicha prevención. Luego entonces, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos de nueve de noviembre y uno de diciembre del año en curso, por lo que, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en el área de ingreso al edificio en que se localiza este juzgado, que fue el espacio designado por la Administración para facilitar su consulta a quienes acudan sin contar con cita, del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión...
- Incidental
QUINTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se les reclaman a las autoridades responsables, AUTORIDAD SENTIDO Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral con residencia en León, Guanajuato. NIEGA Juez de Partido Segundo Penal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con residencia en León. NIEGA Fiscal de la Unidad de Tramitación común 5 de la Fiscalía de la Subprocuraduría de Justicia "B" del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con residencia en Silao, Guanajuato. NIEGA Juez Segundo de Ejecución en Materia Penal de León, Guanajuato. NIEGA Agente del Ministerio Público VI, con residencia en Silao, Guanajuato. NIEGA Fiscal Número IV, de la Agencia de Investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con residencia en Silao, Guanajuato. NIEGA Juez Primero Penal de Partido de León, Guanajuato. NIEGA Juez Primero de Ejecución con sede en León, Guanajuato. NIEGA Agente del Ministerio Público II, de Silao, Guanajuato. NIEGA Fiscal General del Estado de Guanajuato, por conducto de la Directora General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital. NIEGA Juez de Control actuando en Base Silao de la Victoria, Guanajuato, del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región para el Estado de Guanajuato. NIEGA Director General de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, con residencia en la Capital. NIEGA Fiscal Regional "B" del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad. NIEGA Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en la Capital. NIEGA Director General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en representación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. NIEGA Juez Primero Penal de Partido, con residencia en León, Guanajuato. NIEGA Agente del Ministerio Público III, con residencia en Silao, Guanajuato. NIEGA Agente del Ministerio Público I, con sede en Silao, Guanajuato. NIEGA Juez Tercero Penal de Partido de León, Guanajuato. NIEGA En razón de que así lo manifestaron al rendir sus respetivos informes previos. Ello, sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción alguno tendente a desvirtuar dichas negativas. Por tanto, al no haber desvirtuado la negativa de dichas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirven de apoyo al particular las tesis siguientes: Época: Quinta Época Registro: 350656 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 2275 "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan los actos que de ellas se reclaman, y el quejoso no rinde prueba alguna para desvirtuar esa negativa y demostrar la existencia de dichos actos, es improcedente conceder la suspensión contra los mismos". Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 8619/42. O'Reilly y Llano María Guadalupe y coags. 30 de octubre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. La publicación no menciona el nombre del ponente. Época: Quinta Época Registro: 319729 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo CV Materia(s): Común Tesis: Página: 1330 "SUSPENSIÓN, CUANDO NIEGA EL ACTO LA AUTORIDAD ORDENADORA. Es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del acto, cuando la autoridad ordenadora lo negó, pues sería incongruente que una autoridad ejecutora llevara a cabo medidas inexistentes." Amparo administrativo en revisión 1391/50. Sociedad Cooperativa de Pescadores, "Mar de Cortés", S. C. L. 11 de agosto de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: Octavio Mendoza González. SEXTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Fiscal Número Cuatro de la Subprocuraduría de Justicia B del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con sede en Silao, Guanajuato, fue omisa en rendir su informe previo pese a encontrarse enterada de su solicitud el once de noviembre de dos mil veinte, como se desprende del acuse de recibo del oficio 14463, por tanto, con apoyo en el artículo 142, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. SÉPTIMO. Naturaleza de los actos reclamados (MATERIA PARA LA SUSPENSIÓN). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, el quejoso solicitó que se conceda la medida cautelar, medularmente, para que no sea privado de su libertad. Sobre esa base, se considera que los actos en estudio resultan paralizables, en virtud de que tienen efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el cumplimiento de cualquier orden tendente a la detención o aprehensión girada en contra del quejoso y, en su caso, su ejecución puede implicar la molestia o privación de su libertad. OCTAVO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cuando se trate de actos privativos de libertad, la suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte quejosa con la ejecución del acto, los últimos deban prevalecer. En mérito de lo anterior, se estima que se satisface dicho requisito pues con la concesión de la suspensión solicitada no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de aprehensión, retención o comparecencia girada en contra del quejoso, así como su ejecución, impugnados en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. NOVENO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho-. De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". En ese sentido, se considera que la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza en el sentido que no ha cometido delito alguno que justifique que sea privado a su libertad, por lo que estima ilegal la emisión de los actos reclamados; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, por tanto, cualquier afectación sobre sus derechos les afecta. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." En tales condiciones, se estima que se satisfacen los requisitos señalados en la presente resolución, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de aprehensión, retención o comparecencia girada en su contra, así como su ejecución, reclamados en el juicio de amparo del que emana el presente incidente; ello, desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad de tales mandatos. Por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada respecto del mandato de captura en estudio. DÉCIMO. Efectos de la concesión. Ahora, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de ese derecho fundamental y los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal. Sobre el tema, ilustra la jurisprudencia 1a./J. 16/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en la página 226, tomo V, mayo de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión" - Orden de aprehensión. Por tanto, con apoyo en el diverso numeral 166 de la ley de la materia, desde este momento, se concede al incidentista ********** la suspensión definitiva que solicita, para el efecto de que en el caso de que derive de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, una vez que sea detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar de su reclusión únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación; y, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. - Orden de retención. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a ********** respecto de la orden de retención, para el efecto de que no se ejecute y cese inmediatamente, poniendo al agraviado en libertad o a disposición del Ministerio Público. Esto es, para el caso de que la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tiene por efecto que sea puesto en libertad. Pero cuando la afectación a la libertad personal del quejoso es porque se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. De encontrarse el quejoso a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. - Orden de comparecencia. Con fundamento en los artículos 163, 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al incidentista, para el efecto de que no sea privado de su libertad personal, en tanto se dicte la sentencia definitiva en el juicio principal del cual emana la presente incidencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de motivos, la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1059, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Penal, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada". DECIMOPRIMERO. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. De conformidad con el artículo 136 de la ley de la materia, esta medida cautelar surte sus efectos desde ahora, hasta en tanto se resuelva el juicio principal del que emana la presente incidencia; pero, con apoyo en el diverso numeral 168, dejará de surtirlos si el promovente del amparo no otorga garantía ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de cinco días siguiente al en que surta efectos legales la notificación de este auto, por la cantidad de diez mil pesos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a fin de garantizar su aseguramiento y pueda ser devuelta a las autoridades responsables en caso de que no se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal; la cual podrá ser modificada tomando en consideración la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute en las ordenes que reclama y la circunstancia de que no existan pruebas que hagan suponer que pretende sustraerse de la acción de la justicia. Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por el quejoso como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado. En ambas, el texto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a ********** en el incidente de suspensión 434/2020". Además, con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, de resultar ciertos los actos reclamados, el ahora incidentista deberá comparecer ante la autoridad responsable y ponerse a su disposición para la continuación del procedimiento correspondiente, dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos la notificación del informe previo que dichas autoridades rindan y acreditarlo con las constancias relativas ante este juzgado federal dentro de igual término, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal, quedando expeditas las facultades de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, para llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 79/2007-PS, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha once de octubre de dos mil siete, que al rubro indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PUBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis, del Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, Materia Penal del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a por **********, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a por **********, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando noveno de esta resolución.
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