Héctor Gómez González
Expediente 1780/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1780/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Héctor Gómez González
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio número 526, de veintisiete del actual y testimonio anexo, que devuelve la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, acúsese recibo; y por cuanto que dicho Tribunal declaró infundada la queja interpuesta contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil quince, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Héctor Gómez González; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a siete de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Héctor Gómez González, contra la parte relativa del auto de veinticinco de noviembre de dos mil quince. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil quince. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, suscrito por el presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, se encuentra en vías de cumplimiento; lo anterior para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a veinticinco de noviembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo que promueve Héctor Gómez González contra los actos reclamados al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1780/2015. Examinada en su integridad la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...]. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de algunas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6° El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." De los artículos transcritos se colige que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien le perjudique o afecte la ley o acto que se reclame y excepcionalmente podrá promoverse por su representante o cualquier persona en los casos en que la propia ley lo permita. En el presente caso, el peticionario del amparo acude a esta vía constitucional en defensa de un derecho que considera afectado, aduciendo que la notificación del oficio IEEPO/DSJ/1192/2015, de veintiocho de octubre pasado, signado por el director de asuntos jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, le causa perjuicio en virtud de que fue informado que se encuentra sujeto, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente a la presentación de la evaluación prevista en la citada normativa y para ello se le indicó que debería de inscribirse en internet a través de una página electrónica. Ahora bien, ni la notificación del oficio mencionado, ni la determinación que se contiene en él, generan una trasgresión actual, personal y directa en los derechos del impetrante, ya que en dicho documento únicamente se le está haciendo del conocimiento que conforme a la normatividad aplicable debe someterse a una evaluación, más no que haya obtenido un resultado adverso, de ahí que será el resultado que arroje dicho procedimiento de evaluación el que podría trascender en su patrimonio jurídico, si no resultara satisfactorio, aunque existe la posibilidad contraria, de que la evaluación le produzca un beneficio, en tanto que la normativa que regula el servicio profesional docente tiene las finalidades de ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento del docente. Para corroborar lo anterior es pertinente citar los artículos 2º y 3º de la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece, que señalan: "Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: I. Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior; II. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente; III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente, y IV. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente.". "Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado". De lo anterior se colige que la evaluación del personal docente tiene como propósito regular el servicio profesional en la educación básica y media superior. Por tanto, si el quejoso forma parte del personal docente de la escuela secundaria general "Octavio Paz", en Nazareno Etla, Oaxaca, conforme a la normatividad mencionada, necesariamente debe someterse al proceso de evaluación. Cabe precisar además que el siete de abril del presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los "Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión, educación básica y media superior, que tendrá aplicación para el ciclo escolar 2015 y 2016", en cuyo artículo 1º, se estableció: "Artículo 1. Los presentes lineamientos son aplicables para el ciclo escolar 2015-2016 y tienen por objeto establecer y describir los criterios, fases y procedimientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño Docente, Técnico Docente y de quienes ejerzan funciones de Dirección y Supervisión en Educación Básica y Media Superior, para medir la calidad y resultados de sus funciones". En ese contexto, se reitera que la notificación del oficio reclamado constituye un requerimiento al quejoso para que se presente a una evaluación que resulta obligatoria, en donde tendrá la oportunidad de regularizar el nivel de desempeño que requiere el ejercicio de su función, en caso de que se advierta insuficiencia por parte de las autoridades educativas que realizan la revisión. Ello, conforme a los numerales 52 y 53 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, que señalan: "Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto". "Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda". Luego, contrario a lo que aduce el quejoso, por ahora, no se puede establecer la existencia de algún perjuicio en concreto que le irrogue la notificación del oficio que reclama, en cuanto está en aptitud de presentarse a la evaluación sin ninguna consecuencia, en caso contrario, podrá incorporarse a los programas de regularización para sujetarse a la segunda o tercera evaluación y así superar dicho proceso. En la relatadas condiciones, como ya quedó establecido, los actos reclamados no causan en este momento un perjuicio al peticionario del amparo, por lo que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113, todos de la ley de la materia, se desecha la demanda de garantías. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizados con las facultades del numeral 12 de la ley de la materia, a las personas que designa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán
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