Héctor Gastón Altamirano Zainos

Expediente 71/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
71/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Héctor Gastón Altamirano Zainos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, no interpuso recurso de queja en contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    ***Vista la demanda de amparo promovida por HÉCTOR GASTÓN ALTAMIRANO ZAINOS, contra actos de la JUEZ SEGUNDO DEL JUZGADO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS Y ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 71/2019 Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora bien, en el presente caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hizo consistir en la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se confirmó el auto de siete de diciembre del mismo año, dictado dentro de la causa judicial 60/2018 del índice del Juzgado Segundo de Control y de Justicia Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en el que se le cita audiencia y se le apercibe con la imposición de una medida de apremio de veinte veces al valor diario de la unidad de medida y actualización en caso de no comparecer, puesto que se trata de un acto futuro de realización incierta, pues depende de la conducta que adopte el peticionario en relación al cumplimiento de la obligación impuesta; de ahí que la acción constitucional es improcedente, ya que la advertencia de imponer una medida de apremio no le produce al quejoso ninguna afectación real, pues no le causa agravio alguno ni afecta derechos sustantivos. En relación con la naturaleza del acto reclamado, en la Séptima Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando el acto reclamado se hacía consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, éste constituía un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas para que fuera sancionada y, además, que las autoridades constatarán tal hecho y determinarán hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer, luego, como no había certeza de que el acto se produjera y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debía considerársele como futuro y de realización incierta; por tanto, respecto de dicho acto procedía el sobreseimiento en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Tercera Parte, página cincuenta y cinco, materia administrativa, de rubro y texto: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES.-El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." En efecto, el apercibimiento de multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado, lo cual quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Lo anterior, se desprende del criterio jurisprudencial 2a./J. 1/2013 (10a.), así como la ejecutoria que le dio origen, sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo dos, marzo de dos mil trece, materia común, página mil cuatrocientos veintiséis, de epígrafe y texto: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN.-La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." Ahora bien, jurisprudencialmente se ha establecido una distinción del concepto de interés jurídico, entendido como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese; y el perjuicio entendido como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. En el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se establece como presupuesto del juicio de amparo, la afectación que debe resentir el quejoso que impone sea real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, como se lee: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Así, para la procedencia del amparo, persiste la distinción entre el interés que puede tener el quejoso como requisito de procedencia del juicio de amparo, y la existencia de un perjuicio o afectación, que constituye un presupuesto del juicio de amparo. Cierto, en el texto del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, ya no se contempla el concepto de agravio, sino se introduce el de afectación, que impone sea real y actual a la esfera jurídica de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, puede colegirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, primera parte, página ciento treinta y cinco, de epígrafe y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.-De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En ese orden de ideas, puede establecerse que el apercibimiento si bien impone una sanción al infractor, es necesario que exista una repetición de la conducta para que se imponga una mayor, esto es, para la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento, se requiere que el infractor cometa una conducta que dé lugar a sancionarlo. Bajo ese contexto la naturaleza de dicho acto es de realización futura e incierta, en razón de que la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento depende de la conducta asumida por el sujeto a quien se dirigió, de manera que si cumple no se hará efectivo, y si no cumple, entonces sí se hará efectivo, quedando a su voluntad la imposición o no de esa sanción. En tal virtud, respecto al apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la responsable, la multa no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que, está condicionada a que el obligado cumpla o no con el acuerdo, luego, no es inminente; sino por el contrario es un acto incierto, pues no existe la certeza de que se va a ejecutar pues puede ser que el propio agraviado asuma la conducta ordenada, o bien, la Autoridad decida no hacer efectivo el apercibimiento, de ahí que sea futuro e incierto. En este punto, cabe decir que si el apercibimiento de multa carece de ejecución, como acto autónomo del auto en que se imponga la multa, no existirá acto de molestia al quejoso, porque lo contenido en ese auto no implicará algún cambio en su esfera jurídica, sino sólo hasta que se ejecute la sanción, lo que será realizado en otro acto autónomo. Por lo que se concluye, el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. En tales condiciones, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona en su escrito de demanda, en virtud de que no fueron localizados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por HÉCTOR GASTÓN ALTAMIRANO ZAINOS, contra actos de la JUEZ SEGUNDO DEL JUZGADO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS Y ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 71/2019 Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Ahora bien, en el presente caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hizo consistir en la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se confirmó el auto de siete de diciembre del mismo año, dictado dentro de la causa judicial 60/2018 del índice del Juzgado Segundo de Control y de Justicia Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en el que se le cita audiencia y se le apercibe con la imposición de una medida de apremio de veinte veces al valor diario de la unidad de medida y actualización en caso de no comparecer, puesto que se trata de un acto futuro de realización incierta, pues depende de la conducta que adopte el peticionario en relación al cumplimiento de la obligación impuesta; de ahí que la acción constitucional es improcedente, ya que la advertencia de imponer una medida de apremio no le produce al quejoso ninguna afectación real, pues no le causa agravio alguno ni afecta derechos sustantivos. En relación con la naturaleza del acto reclamado, en la Séptima Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando el acto reclamado se hacía consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, éste constituía un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas para que fuera sancionada y, además, que las autoridades constatarán tal hecho y determinarán hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer, luego, como no había certeza de que el acto se produjera y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debía considerársele como futuro y de realización incierta; por tanto, respecto de dicho acto procedía el sobreseimiento en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Tercera Parte, página cincuenta y cinco, materia administrativa, de rubro y texto: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES.-El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." En efecto, el apercibimiento de multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado, lo cual quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Lo anterior, se desprende del criterio jurisprudencial 2a./J. 1/2013 (10a.), así como la ejecutoria que le dio origen, sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo dos, marzo de dos mil trece, materia común, página mil cuatrocientos veintiséis, de epígrafe y texto: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN.-La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." Ahora bien, jurisprudencialmente se ha establecido una distinción del concepto de interés jurídico, entendido como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese; y el perjuicio entendido como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. En el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se establece como presupuesto del juicio de amparo, la afectación que debe resentir el quejoso que impone sea real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, como se lee: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Así, para la procedencia del amparo, persiste la distinción entre el interés que puede tener el quejoso como requisito de procedencia del juicio de amparo, y la existencia de un perjuicio o afectación, que constituye un presupuesto del juicio de amparo. Cierto, en el texto del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, ya no se contempla el concepto de agravio, sino se introduce el de afectación, que impone sea real y actual a la esfera jurídica de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, puede colegirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, primera parte, página ciento treinta y cinco, de epígrafe y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.-De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En ese orden de ideas, puede establecerse que el apercibimiento si bien impone una sanción al infractor, es necesario que exista una repetición de la conducta para que se imponga una mayor, esto es, para la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento, se requiere que el infractor cometa una conducta que dé lugar a sancionarlo. Bajo ese contexto la naturaleza de dicho acto es de realización futura e incierta, en razón de que la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento depende de la conducta asumida por el sujeto a quien se dirigió, de manera que si cumple no se hará efectivo, y si no cumple, entonces sí se hará efectivo, quedando a su voluntad la imposición o no de esa sanción. En tal virtud, respecto al apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la responsable, la multa no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que, está condicionada a que el obligado cumpla o no con el acuerdo, luego, no es inminente; sino por el contrario es un acto incierto, pues no existe la certeza de que se va a ejecutar pues puede ser que el propio agraviado asuma la conducta ordenada, o bien, la Autoridad decida no hacer efectivo el apercibimiento, de ahí que sea futuro e incierto. En este punto, cabe decir que si el apercibimiento de multa carece de ejecución, como acto autónomo del auto en que se imponga la multa, no existirá acto de molestia al quejoso, porque lo contenido en ese auto no implicará algún cambio en su esfera jurídica, sino sólo hasta que se ejecute la sanción, lo que será realizado en otro acto autónomo. Por lo que se concluye, el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. En tales condiciones, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona en su escrito de demanda, en virtud de que no fueron localizados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente

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