Héctor Garza Martínez

Expediente 1145/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 33 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1145/2019
Año
2019
Actuaciones
33
Última actuación
06/11/2020

Partes del expediente

  • Héctor Garza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio SSP/DJ/25309/2020, del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia constitucional. Lo anterior sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que por auto de cuatro de noviembre de esta anualidad, se tuvo por cumplida la sentencia constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintitrés de octubre del presente año, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. En tal virtud, advirtiéndose que el referido acuerdo se notificó a las partes quejosa y tercero interesada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Gobernador Constitucional y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que: ".el Gobernador Constitucional de esta entidad, con residencia en esta capital, de inmediato acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 11/2018 de su índice y lo haga del conocimiento del aquí quejoso.. En ese sentido, para que este fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica, la autoridad ordenadora responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, residente en esta capital, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud proporcionar los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos." Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. Por oficio CJ/DCLP/OD/0286/2019, de veintinueve de septiembre del año en curso, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, con sede en esta ciudad, comunicó que se autorizó el auxilio de la fuerza pública solicitada, para lo cual giró el oficio DGOB/0343/2020 de veintiséis de agosto del presente año, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que proporcione los elementos policiacos para poder llevar a cabo la diligencia de mérito; el cual fue recibido en dicha dependencia el veintidós de septiembre de dos mil veinte. Por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, se agregó el oficio SSP/DJ/22453/2020 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta capital, en representación del titular de dicha corporación, del que se desprende que mediante oficio SSP/DJJ/21054/2020 de veintitrés de septiembre último, dirigido al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, la autoridad oficiante requirió la información necesaria para agendar y programar la diligencia encomendada con el uso de la fuerza pública. Por auto de quince de octubre de dos mil veinte, se agregó un escrito signado por Israel Escalante Lombard, en su carácter de apoderado del quejoso Héctor Garza Martínez, en el que, entre otras cosas, manifestó que el nueve de octubre de esta anualidad, se apersonó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en donde se le informó que dicha corporación se encontraba en espera de información del Juzgado Civil, por lo que no era posible agendar la fecha para la realización de la fuerza pública encomendada; por lo que se vinculó al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se agregó a estos autos el oficio signado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, comunicó que mediante oficio 1035, de diecinueve de octubre siguiente, remitió la información solicitada por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en su oficio número SSP/DJ/21054/2020. Asimismo, en dicho proveído se agregó el oficio SSP/DJ/23694/2020, del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, en el que, en relación al cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio, comunicó que el veinte de octubre de esta anualidad, tuvo por recibido el referido oficio 1035 de la autoridad vinculada al cumplimiento, y en consecuencia, señaló las diez horas con treinta minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la diligencia de fuerza pública, que le fue solicitada por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad, mediante oficio 196, derivado del expediente número 11/2018. Así, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. Ante ello, resulta evidente que han respetado el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el citado ordinal 77, fracción II, de Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese, haciéndolo personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento a lo solicitado por auto de dieciséis de octubre del año en curso, comunica que mediante oficio 1035, de fecha diecinueve de los corrientes, remitió la información solicitada por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en su oficio número SSP/DJ/21054/2020. Asimismo, agréguese a este expediente el oficio SSP/DJ/23694/2020, del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, en el que, en relación al cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio, comunica que el veinte de octubre de esta anualidad, tuvo por recibido el referido oficio 1035 de la autoridad vinculada al cumplimiento, y en consecuencia, señaló las diez horas con treinta minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la diligencia de fuerza pública, que le fue solicitada por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad, mediante oficio 196, derivado del expediente número 11/2018. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de dichos informes a las partes quejosa y tercero interesada de lo anterior, así como de los diversos informes rendidos por el Gobernador y la Secretaría de Seguridad Pública, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, haciéndolo personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes el libelo de cuenta signado ***, en su carácter de apoderado del quejoso ****, en el que ente otras cosas manifiesta que el nueve de octubre de esta anualidad, se apersonó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en donde se le informó que dicha corporación se encontraba en espera de información del Juzgado Civil, por lo que no era posible agendar la fecha para la realización de la fuerza pública encomendada; por lo que solicita que se dicten todas las medidas que sean necesarias para que la sentencia de amparo quede debidamente cumplida y se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho humano vulnerado. Ahora bien, tomando en consideración que por auto de catorce de octubre de esta anualidad, se tuvo por recibido el oficio SSP/DJ/22453/2020 y su anexo, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta capital, en representación del titular de dicha corporación, con el que comunicó que mediante oficio SSP/DJJ/21054/2020 de veintitrés de septiembre último, dirigida al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, la autoridad oficiante requirió la información necesaria para agendar y programar la diligencia encomendada con el uso de la fuerza pública. Por tanto, es dable vincular al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, prevéngase al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, para que proceda a proporcionar al Secretario de Seguridad Pública del Estado, la información solicitada en su referido oficio SSP/DJJ/21054/2020 de veintitrés de septiembre último, debiendo informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días haber dado cumplimiento a la ejecutoria en cuestión, lo anterior atendiendo a la naturaleza del presente asunto. Con el apercibimiento que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese.

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