Hector Garcia Quezada

Expediente 1650/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1650/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Hector Garcia Quezada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiere interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el diecisiete de agosto del año en curso, mediante la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento los artículos 12, 14 fracción III, y 20, fracción I, todos del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; es destruible, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. En consecuencia, mediante sello, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Conforme a la certificación de cuenta, se hace constar que no se ordenó la apertura de incidente de suspensión. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    1. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo.

  4. Incidental

    Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1904/2022, promovido por RICARDO RAMÍREZ AGUILERA, por conducto de su apoderada Fabiola Díaz Lomelí, contra actos de autoridades. Ahora, de conformidad al transitorio identificado como "SEXTO" del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO; el expediente físico se integrará únicamente con los documentos recibidos por esa vía. Asimismo, se precisa que las actuaciones judiciales y las promociones que presenten las partes, firmadas electrónicamente, así como la sentencia que en su caso se dicte, obrarán únicamente en el expediente electrónico. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE vía interconexión o correo electrónico oficial, cuya recepción se deberá certificar, y agregar a los autos, A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia de la demanda de constitucional. Se le apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En relación a lo anterior, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe previo al correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx con la precisión de que el mismo deberá encontrarse firmado de manera electrónica; por lo que de no contar con dicho requisito, el mismo no será válido. Asimismo, al momento de rendir su informe antes mencionado, y por esa vía, en caso de remitir documentales vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifieste que los documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les informa a las autoridades responsables que sólo se les notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, eso en términos de la jurisprudencia de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la Ley de la materia, se señalan las TRECE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Máxime si se toma en consideración, que el señalamiento de la anterior fecha obedeció a la facultad a cargo del Actuario Judicial adscrito de practicar la citada diligencia dentro de los tres días hábiles posteriores a la orden respectiva; ello, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo. La que se procurará practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales. Asimismo, con copia de la demanda de amparo notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, por oficio. En atención a la certificación de cuenta, en el particular se emite la orden de compulsa y certificación correspondiente; toda vez, que la parte quejosa presentó su demanda en forma electrónica. Luego, de un análisis integral de la acción de amparo con fundamento en las jurisprudencias 2a./J. 55/98, P./J. 40/2000 y 2a./J. 183/2005 sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registros 195745, 192097 y 176329, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA", se advierte que se reclama en el respectivo ámbito de competencias, del Congreso de la Unión -constituido por las Cámaras tanto de Diputados como de Senadores-, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Pleno, Director de Planeación, Administración y Finanzas y, Secretario General, estas tres últimas del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como de la Comisión Transitoria Especial para la Elección de Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios Instructores en Materia Laboral de la aludida Entidad Federativa: La omisión de adscribirla como Juez. La inconstitucionalidad del artículo transitorio decimoquinto del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva; mismo, que fue publicado el uno de mayo de dos mil diecinueve. Su primer acto de aplicación, consignado en la convocatoria para el concurso abierto de oposición libre para integrar una lista de reserva de jueces de primera instancia en materia laboral, aprobada en la séptima sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de agosto de dos mil veintidós. La ejecución de esta última. Resulta pertinente precisar, que a pretensión de la parte quejosa consiste en tildar de inconstitucionales los actos reclamados bajo la premisa de que le asiste un derecho adquirido a fin de ser nombrada como Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, de conformidad al carácter reconocido el trece de marzo de dos mil quince en la segunda sesión extraordinaria del Pleno responsable, como vencedora del publicado -catorce de enero anterior- concurso abierto de oposición libre para acceder al aludido cargo jurisdiccional. Ello, como consecuencia tanto de la omisión genérica reclamada como con motivo a la exclusión implícita para ello contenida en la convocatoria controvertida, ya que indebidamente en esta última se invita a fin de nombrar Jueces de Primera Instancia en Materia Laboral, cuando la parte quejosa podría detentar tal nombramiento jurisdiccional al encontrarse en lista de reserva también como Juez de Primera Instancia. En tanto que se solicitó la medida cautelar para efecto de que: "suspensión". Es decir, solicita la medida suspensional para los efectos siguientes: Las autoridades responsables no apliquen en su esfera jurídica el numeral y convocatoria reclamada, así como sus consecuencias; esto es, no se expida el nombramiento de Jueces de Primera Instancia en Materia Laboral del Estado de Jalisco. Le sea otorgado este último nombramiento jurisdiccional. Pretensión de la parte quejosa, que fue advertible una vez analizada en su integridad la demanda de amparo. En primer término, debe decirse que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada se tomará en cuenta el contenido de la fracción X, del artículo 107 Constitucional, así como, los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a fin de que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de las autoridades responsables. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que exista la solicitud del quejoso (interés jurídico y afectación). 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3) El análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. 4) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En relación al efecto determinado bajo el anterior numero romano I), se NIEGA a la parte quejosa la concesión de la suspensión provisional, pues de hacerlo, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social. Lo anterior, en razón a que la petición de suspensión incumple con el imperativo previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la sociedad tienen especial interés en que no se interrumpa ni se limite el acceso a la justicia; entonces, de conceder la suspensión en los términos solicitados, permitiría dejar sin titular al órgano jurisdiccional correspondiente, paralizando con ello la impartición de justicia, y causando una afectación al interés social. Efectivamente, resulta relevante para la comunidad que la impartición de justicia, como actividad jurisdiccional encomendada al juzgador, se cumpla en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; y, en el caso, el perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, puesto que las funciones que realiza el titular de un órgano de impartición de justicia tiene como destinataria a la sociedad y, por ende, es a ésta a quien le importa que las actividades jurisdiccionales -por tratarse de una función propia de uno de los órganos del Estado- se realicen con estricto apego a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, lo que se vería mermado al dejar vacantes los lugares de Juez de Primera Instancia en Materia Laboral. En ese orden de ideas, resulta improcedente conceder la suspensión provisional; habida cuenta, que la actividad jurisdiccional constituye una función prioritaria para el Estado y, por ello, cualquier medida que obstaculice la administración e impartición de la justica, evidentemente causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público. Máxime que las molestias que pudiera sufrir la parte quejosa por la ejecución de los actos reclamados no están por encima de los intereses de la sociedad a quien le interesa que en el lugar que se requiera una mejor administración de justicia se destinen los recursos humanos para cumplir con esa función primordial del Estado. Las consideraciones precedentes encuentran sustento, por analogía en el razonamiento jurídico que ministran los criterios de rubro y texto: Respecto a los efectos pretendidos bajo el restante número romano II), se NIEGA a la parte quejosa, la suspensión provisional de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, procede referir el artículo 147 de la Ley de Amparo, que precisa que en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos; atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; y que el órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. De la ejecutoria que dio origen al criterio jurisprudencial transcrito, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, en esencia: *) Qué se debe entender por preservar o conservar la materia del juicio de amparo en lo principal. *) La relación entre la concesión de la suspensión y el estudio de fondo del juicio de amparo, en lo referente a conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. *) Para comprender en su integridad la expresión "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", establecida en el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe entenderse esa oración en conjunto con el resultado del juicio de amparo en lo principal, esto es, la sentencia. *) Así, delimitó que es incorrecto considerar que el entendimiento del enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio" implica que el órgano jurisdiccional evite, a toda costa, que exista identidad entre los efectos de la suspensión y el de una sentencia favorable a los intereses de la quejosa. *) Que bajo ese entendimiento, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora; por lo que por regla general será incorrecto sostener que se deberá negar la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. *) Se sostiene lo anterior porque considerar que debe negarse la suspensión para conservar la materia del juicio supone, de manera implícita, considerar que el fondo debe prevalecer sobre la suspensión, lo cual es inexacto porque, como se sostuvo, la medida cautelar tiene la finalidad de generar las condiciones para salvaguardar los derechos en disputa. *) Considerando que la suspensión del acto reclamado y el fondo del asunto tienen la misma importancia para efectos de la protección de los derechos humanos, por lo que por regla general no debe sostenerse que se privilegia una figura sobre la otra, es decir, negar la suspensión para preservar la materia del juicio. *) Así, delimitó que la regla general es que la suspensión del acto reclamado es un beneficio transitorio, aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, pues, se insiste, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. *) Finalmente, destacó que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Y, en el caso concreto, como se observa de lo expuesto el acto reclamado consiste en una omisión; es decir se trata de actos de naturaleza omisiva, y conforme a sus particularidades, los efectos que se pretenden alcanzar, con la suspensión del acto -que se realice-, coincide con lo que intenta conseguir con una eventual sentencia amparadora y ello dejaría sin materia el juicio principal; y de concederse para ello, no sería posible retrotraer los efectos transitorios del otorgamiento de la medida exigida. Es así, porque en el caso de que la parte quejosa obtenga resolución adversa a sus intereses -en caso de existir una negativa de la protección constitucional, o un sobreseimiento en el juicio principal-, en la especie, ya no existiría posibilidad de retrotraer o revocar los efectos de la medida cautelar, lo que debe ser, como se vio, un beneficio transitorio. Por eso, en caso de otorgar la suspensión de que se trata, se estaría obsequiando una medida que verdaderamente dejaría sin materia al juicio de amparo del cual deviene esta incidencia; se insiste, no con motivo de que los efectos que se pretenden alcanzar coincidan con lo que se intenta conseguir con una eventual sentencia amparadora, sino porque en el caso concreto no sería posible retrotraer los efectos transitorios del otorgamiento de la medida exigida, y se dotaría a la medida cautelar de efectos plenos y no provisionales. En mérito de lo anterior, como se adelantó, lo que procede es NEGAR la suspensión provisional. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a su solicitud tanto por la consulta del expediente electrónico como por la práctica de notificaciones por dicha vía; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona a la o el Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia y la o el Actuario adscrito para que practique las notificaciones de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte lo solicitó expresamente. Asimismo, expídasele un tanto de copias certificadas del presente auto de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, previa toma de razón que de su recibo dejen en autos; lo anterior, aún y cuando se actualice el supuesto de que se hayan solicitado dos o más, ya que la expedición de más de un tanto de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la solicitud debió acompañarse de las razones por las cuales se requirió tal expedición. Lo anterior con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 20/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2014287, de rubro: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO". Se precisa, que las copias que solicita serán a su costa, toda vez que del artículo invocado en el párrafo anterior, faculta a las partes a solicitar las copias que deseen erogando el costo de las mismas. Se exhorta al resto de las partes, para que si les es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se emitan se publicarán sin supresión de datos.

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