Héctor García Ponce
Expediente 250/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2022
Partes del expediente
- Héctor García Ponce
Actuaciones
- Principal
L.Toluca, Estado de México; once de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el oficio procedente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, a través del cual, informa que aceptó la competencia declinada por este órgano de control constitucional. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el expediente como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso J), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptibles de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; por tanto, carece de relevancia documental. Notifíquese. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe. npc
- Principal
L.Toluca, Estado de México; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de remitido por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en representación del Coordinador del Área Médica de dicho centro carcelario, por medio del cual solicita se le haga de conocimiento el tipo de documentales que este juzgado requiere a efecto de dar cumplimiento al fallo protector. Al respecto, se informa a la autoridad oficiante que deberá estarse a lo acordado en auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se requirió el cumplimiento al fallo protector en atención a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 172/2021. No obstante, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la autoridad responsable, para que en el término de tres días remita las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector, es decir, realice lo siguiente: "a) Ordenen el cese inmediato de cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en relación con Mario Alfonso Rodríguez Vargas o Carlos Alberto Castillo Vargas, es decir: b) Implementen los mecanismos adecuados para asegurar que Mario Alfonso Rodríguez Vargas o Carlos Alberto Castillo Vargas, no sea objeto de tortura o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, c) Realicen una supervisión directa y constante, a efecto de verificar el respeto a los derechos humanos de Mario Alfonso Rodríguez Vargas o Carlos Alberto Castillo Vargas, en relación con los actos alegados.". Constancias en las cuales deberá acreditar los mecanismos adecuados para asegurar que Mario Alfonso Rodríguez Vargas o Carlos Alberto Castillo Vargas, no sea objeto de tortura o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se limita a justificar que no le es posible mantener una supervisión directa y constante al quejoso, dado el poco personal con que cuenta, sin que acredite ni los mecanismos adecuados ni la implementación de algunas medidas para realizar una supervisión directa y constante, a efecto de verificar los derechos humanos de Mario Alfonso Rodríguez Vargas o Carlos Alberto Castillo Vargas, que fueron los efectos de la concesión de amparo que ya constituyen cosa juzgada. APERCIBIMIENTO Asimismo, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad en su calidad de superior jerárquico una multa de ciento cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo en relación con el 258 del citado ordenamiento legal, por renuencia en el cumplimiento a la sentencia. Sin perjuicio de lo anterior, también se les apercibe que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. REMISIÓN DE INFORMACIÓN Para ello, se le informa que a través del correo electrónico institucional 7jdo2ctoajf.mesa2@correo.cjf.gob.mx; confirmando al número (01) 722 236 05 00, extensión 2483. Finalmente, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que en caso de no dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 267 de la Ley de la materia, el titular de dicha potestad podrá ser acreedor a una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese.
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