Héctor García Espinoza

Expediente 874/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
874/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Héctor García Espinoza
  • Todas las Partes
  • No existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para la devolución del billete de depósito número N910421, expedido a su favor por el Banco del Bienestar S.N.C., por la cantidad de $600.00 M.N. (seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), el cual exhibió a efecto de garantizar la suspensión provisional que le fuera concedida en los autos del incidente de suspensión derivado de este juicio; lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, de conformidad con el precepto legal en cita. Notifíquese, y por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado a la parte quejosa

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para la devolución del billete de depósito número N910421, expedido a su favor por el Banco del Bienestar S.N.C., por la cantidad de $600.00 M.N. (seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), el cual exhibió a efecto de garantizar la suspensión provisional que le fuera concedida en los autos del incidente de suspensión derivado de este juicio; lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, de conformidad con el precepto legal en cita. Notifíquese, y por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado a la parte quejosa

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...TERCERO. Inexistencia de Autoridad. Por proveído de veintidós de febrero del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las autoridades responsables 2. Fiscal adscrito al Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional Zona Centro Distrito Judicial número XVI, con residencia en Córdoba, Veracruz y 1. Fiscal adscrito al Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional Zona Centro Distrito Judicial Número XV, con residencia en Orizaba, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1o, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que, de ser ciertos, los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: - La orden de aprehensión y/o detención y/o presentación y su ejecución. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 3. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Comandancia Regional Zona CentroCórdoba y 4. Comandante Actualmente Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz; así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, y por los motivos ahí expuestos

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el término concedido a la parte quejosa mediante proveídos de veinticinco de octubre y veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la inexistencia de las autoridades responsables 2. Fiscal adscrito al Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional Zona Centro Distrito Judicial número XVI, con residencia en Córdoba, Veracruz y 1. Fiscal adscrito al Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional Zona Centro Distrito Judicial Número XV, con residencia en Orizaba, Veracruz, apercibida que en caso de que no hiciera manifestación alguna en el término concedido para ello se tendrían por inexistentes. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento a los requerimientos realizados por acuerdos de veinticinco de octubre y veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento contenido en éstos y con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la Ley de Amparo, así como 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se tienen como inexistentes a las autoridades responsables citadas en el párrafo que antecede

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