Héctor Gabriel Guillén García
Expediente 281/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/08/2016
Partes del expediente
- Héctor Gabriel Guillén García
- Procurador General de Justicia en el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de uno de agosto de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. Devuélvase al Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, las copias certificadas del expediente 74/2013 (en dos tomos), de su registro, siete anexos relacionados con la averiguación previa FESP/246/2012 y, treinta y cinco anexos que derivan del anexo seis relacionados con la causa penal mencionada en líneas precedentes, que fueron remitidas por la citada autoridad, en apoyo a su informe con justificación.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de uno de agosto de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. Devuélvase al Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, las copias certificadas del expediente 74/2013 (en dos tomos), de su registro, siete anexos relacionados con la averiguación previa FESP/246/2012 y, treinta y cinco anexos que derivan del anexo seis relacionados con la causa penal mencionada en líneas precedentes, que fueron remitidas por la citada autoridad, en apoyo a su informe con justificación.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 11308 (fojas 197 a 248), la autoridad responsable: Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: "[.] La orden de ilegal privación de mi libertad, detención y/o aprehensión que puede existir en mi contra, por delito que desconozco que se me imputa, al constituir actos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucional. [.]" Ahora bien, mediante resolución de nueve de marzo de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, la cual causó ejecutoria con la confirmación de la superioridad, mediante sesión de treinta de junio de dos mil dieciséis, en la que por una parte se sobreseyó y, por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] al ser fundados los conceptos de violación, debe concederse el amparo al quejoso, para que el juez penal responsable, deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada, y vuelva a pronunciarse, dejando intocado lo que no es materia de esta protección, atento a lo aquí considerado". ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 11308 (fojas 197 a 248), la autoridad responsable: Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de quince de julio del presente año (fojas 198 a 248), emitido dentro de la causa penal 74/2013 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable: Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante resolución de quince de julio del año en curso, emitido dentro de la causa penal 74/2013 de su índice, dejó insubsistente y sin ningún valor probatorio el auto de incoación de dos de abril de dos mil trece, por lo que hace al aquí quejoso. Asimismo, en acatamiento a lo ordenado por la ejecutoria de amparo, negó la orden de búsqueda y aprehensión del quejoso Héctor Gabriel Guillén García, como probable responsable de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, previsto por el artículo 417, fracción IV (hipótesis de: se abstenga de conocer las que le competen), y sancionado en último párrafo del citado artículo; en relación con los artículos 414, la hipótesis de comisión citada en el artículo 11 (comisión por omisión); la calidad de garante de conformidad con el artículo 12, fracción V (la Ley); respecto a la realización lo establecido en el artículo 14, fracción II (permanente o continuo: cuando su consumación se prolonga en el tiempo); artículo 15, segundo párrafo (obra con dolo directo el que sabe lo que hace y quiere hacerlo), artículo 19, fracción III (como coautores materiales los que lo realicen conjuntamente con otros), 24 (hipótesis de: concurso ideal); peculado, previsto por el artículo 429 y sancionado por el precepto 430, párrafo in fine, en relación con los numerales 414, en relación a lo establecido en el artículo 10 (el delito sólo puede cometerse por acción.), respecto a su realización, lo establecido en el normativo 14, fracción II (permanente o continuo: cuando su consumación se prolonga en el tiempo); artículo 15, segundo párrafo (obra con dolo directo el que sabe lo que hace y quiere hacerlo), 24 (hipótesis de: concurso ideal); y asociación delictuosa, previsto y sancionado por el artículo 370, en relación con el artículo 414 y a lo establecido en el precepto 10 (el delito sólo puede cometerse por acción.), respecto su realización, lo establecido en el normativo 14, fracción II (permanente o continuo: cuando su consumación se prolonga en el tiempo); artículo 15, segundo párrafo (obra con dolo directo el que sabe lo que hace y quiere hacerlo), 24 (hipótesis de: concurso ideal); todos del Código Penal para el Estado de Chiapas vigente en la época de los hechos, cometidos en agravio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Sociedad. En la nueva determinación tomó en consideración lo estipulado en la sentencia de amparo de nueve de marzo de dos mil dieciséis, en la que se estableció que no se acreditaban los elementos del cuerpo de los ilícitos: ejercicio ilegal del servicio público, peculado y asociación delictuosa, por lo que negó la orden solicitada por el fiscal. Lo anterior por las siguientes consideraciones: Respecto al delito de ejercicio ilegal del servicio público, el juez fue omiso en establecer las obras específicas en que intervino el quejoso Héctor Gabriel Guillén García y las facultades específicas que ejerció. Por lo que hace el ilícito de peculado, no se acreditó que el quejoso Héctor Gabriel Guillén García, haya tenido a su disposición los bienes pertenecientes al Estado, y por tanto, esté en aptitud de distraerlos de su objeto, esto es, que dispusiera de los recursos monetarios. En relación al antisocial de asociación delictuosa, que se le imputa al quejoso, la autoridad responsable no tuvo por acreditados los elementos corporales del referido ilícito, ya que no es suficiente una auditoría de una o pocas obras, en la que se advierta falta de documentos justificatorios en todo el proceso de ejercicio del gasto público, para sustentar que todos los intervinientes actuaran con ese propósito de mutuo acuerdo. De ahí que al haber emitido la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, la nueva resolución de quince de julio del año en curso, dentro de la causa penal 74/2013 de su índice, en la que no tuvo por acreditados los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, peculado y asociación delictuosa, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTICIA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 11308 (fojas 197 a 248), la autoridad responsable: Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los
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