Héctor Francisco Guzmán Sánchez y Otros.
Expediente 21/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mariana Sánchez Vázquez
- Héctor Francisco Guzmán Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa manifestó su oposición a que se difundan sus datos personales, con fundamento en en los artículos 3, 104, 113 y 118 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene oponiéndose a la publicación de los mismos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte: 1. Que los plazos y términos suspendidos mediante circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron a partir del cuatro de los corrientes con base en el punto 5 de la citada circular SECNO/13/2021 de veintisiete de febrero del año en curso; en ese sentido, con fundamento en el artículo 2, fracciones I y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se ordena la reanudación del presente juicio en el punto en que quedó pausado. 2. Que la parte quejosa no desahogó el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veintisiete de enero del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado electrónicamente por *********, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39 y 40 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo. Una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, realícese la notificación correspondiente.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho y en su carácter de representante legal de sus menores hijos *********y ********* de apellidos ***********, calidad que acredita, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, con copia certificada de las actas de nacimiento 00293 y 02405 expedidas por el Oficial del Registro Civil de esta ciudad, contra actos del Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Agencia Especializada en Mandamientos Judiciales, con residente en esta localidad y otras autoridades, con apoyo en el punto 1 de la Circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 21/2021-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en la fracción II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones II, III y IV, de la ley de la materia, como se verá a continuación: A) La fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca a quién le reviste dicho carácter, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. En el caso concreto, la promovente del amparo en el capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado señaló ".Se desconoce y se reserva bajo su potestad."; empero, soslayó manifestarlo bajo protesta de decir verdad, y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión. Sin que obste a lo anterior la manifestación "bajo su potestad", ya que no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecida como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Tampoco es obstáculo la manifestación de protesta de decir verdad asentada de la siguiente manera: "...Ahora bien, y a efecto de dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 108 de la Ley de Amparo, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." En razón de que no es específica respecto del desconocimiento del nombre y domicilio del tercero interesado, que como requisito de la demanda exige la transcrita fracción II del numeral en comento. Lo anterior se corrobora con la manifestación específica de protesta de decir verdad, realizada respecto de los antecedentes de los actos reclamados en la demanda que se estudia, como lo establece la fracción V del referido precepto legal. B) La fracción III del numeral 108 de la legislación en comento estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" (.) "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlos, los lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite. En el caso concreto, la promovente señaló en su demanda de amparo como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a las siguientes: "1.- EL C. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN MANDAMIENTOS JUDICIALES. 2.- EL C. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL. 3.- LOS C. AGENTES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL." Sin embargo, es ambiguo el señalamiento de "LOS C. AGENTES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL." con residencia en esta ciudad, toda vez que omitió precisar cuántos y cuáles agentes de investigación criminal enuncia como responsables, lo cual imposibilita a este órgano jurisdiccional llamarlos a juicio ante la vaguedad de su designación y, como consecuencia, dejarlos en estado de indefensión. Por ello, es imprescindible que la promovente, ante los actos que reclama, determine con claridad a las autoridades que estima los emitieron y/o pretenden ejecutarlos, sin que pueda ser factible hacer el señalamiento o designación genérica que hizo, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga y, si tienen facultades para ejecutar los mandatos que se les reclama, lo podrían llevar adelante argumentando no haber sido señalada como responsable. Además, admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, ya que habría que esperar hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir, se tenga por no señalada a la autoridad. Se invoca por aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1556 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de dos mil cuatro, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita." C) La fracción IV del artículo 108 de ley de la materia establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es la norma general, acto u omisión que reclama de cada autoridad que señala como responsable. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado deba indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto Mariana Sánchez Vázquez manifestó en el proemio de la demanda de amparo que acude a esta instancia constitucional por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Héctor Francisco y Cristina Guadalupe, de apellidos Guzmán Sánchez. Sin embargo, en el capítulo atinente a los actos reclamados señaló: Que la orden de presentación y/o citación y/o localización y/o detención ministerial y/o retención ministerial y/o arraigo domiciliario, se emitieron en su contra. La clausura y/o aseguramiento y/o inmovilización, se ejecutó respecto del inmueble que renta ubicado en calle Paloma número 136, colonia Paseo Santa Rita de esta ciudad, De lo expuesto, no se puede establecer cuál es el acto u omisión que la promovente reclama en su carácter de representante legal de sus menores hijos Héctor Francisco y Cristina Guadalupe de apellidos Guzmán Sánchez, pues argumentó que los mandatos de captura se pretenden ejecutar en su contra y el aseguramiento se practicó respecto del inmueble que tiene en arrendamiento. Además, la suspensión de los actos reclamados únicamente la gestiona para el efecto de que no se le prive de su libertad con motivos de dichos mandatos; empero, ninguna manifestación vierte en torno a qué acto u omisión le afecta a los menores. Por ello, es necesario que señale el acto u omisión que reclama en representación de Héctor Francisco y Cristina Guadalupe de apellidos Guzmán Sánchez. Conclusivamente, con fundamento en el artículo 108, fracciones II, III y IV, en relación con el 114, fracción II y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes y aperturar el incidente de suspensión solicitado: Manifieste bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio del tercero interesado. Precise cuántos y cuáles agentes de investigación criminal con residencia en esta ciudad, enuncia como responsables. Señale cuál es el acto u omisión que reclama en su carácter de representante legal de sus menores hijos Héctor Francisco y Cristina Guadalupe de apellidos Guzmán Sánchez. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114, último párrafo, de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe señalar que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual la directa quejosa debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis de jurisprudencia 50/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Materia Común, Tomo I, libro 9 agosto de 2014, página 210, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, se tiene a la promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marcial Emiliano Gutiérrez Puga al contar con cédula profesional 9723794 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado. Tomando en consideración que solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Conforme a lo dispuesto por la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente. Téngasele manifestando su oposición a la publicación de sus datos personales. Una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, realícese la notificación correspondiente. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del invocado Acuerdo General 13/2020, se tiene a la promovente del amparo proporcionando la cuenta de correo electrónico lic.emiliano.gutierrez@gmail.com, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Se hace la precisión que el correo electrónico proporcionado no puede tenérsele como domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que dicho supuesto no está previsto en la Ley de Amparo y el correo al que alude el indicado Acuerdo General únicamente es para establecer contacto en caso de estimarse necesario. No obstante lo anterior, con fundamento en el numeral 1, fracción II, del citado Acuerdo General 13/2020, se le exhorta para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente procedimiento mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo establecido en los arábigos 6 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial Notifíquese por lista una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19.
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