Hector Francisco Gutierrez Moya

Expediente 233/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
233/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Hector Francisco Gutierrez Moya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA VII "... En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente sería destruible, después de tres años. Sin embargo, en términos de lo dispuesto en el capítulo del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente ES DEPURABLE, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 233/2022 promovido por Héctor Francisco Gutiérrez Moya, contra actos de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca (en su denominación correcta); y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un procedimiento de naturaleza administrativa, seguido ante una autoridad de esa índole con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Autoridad responsable Actos reclamados Sub Representación Local Del Instituto Nacional De Migración en Oaxaca (en su denominación correcta). Privación de la libertad (detención). Orden de deportación. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la deportación. Es inexistente la orden de deportación reclamada a la autoridad responsable, ya que al rendir su informe justificado la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados y por lo que hace a la deportación precisó: "SE NIEGA toda vez que el procedimiento administrativo migratorio instaurado al directo quejoso se encuentra pendiente de resolución; lo anterior hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio constitucional que se contesta, por tal motivo todos los actos reclamados resultan inexistentes". De lo anterior, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda -uno de marzo del año en curso- la autoridad responsable no emitió ninguna orden de deportación contra el quejoso, por lo que resulta inexistente dicha orden. Sin que la parte quejosa aportara ningún medio de convicción para desvirtuar tal negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DE LA ORDEN DE DEPORTACIÓN. CUARTO. Existencia de un acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable consistente en la orden de privación de la libertad del quejoso (detención). Lo anterior, porque aunque la autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia de dicho acto, realizó argumentos para sostener la legalidad de la privación de la libertad del quejoso, relativos a que ello derivó de una revisión migratoria, en la que el quejoso fue rescatado al viajar a bordo de un autobús de la línea TLA, en el punto de revisión de la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, Oaxaca, y al no acreditar su estancia regular en el país, se le alojó en la estancia provisional migratoria, con sede en Oaxaca, con el carácter de presentado en términos de la Ley de Migración. Lo que se corrobora con las constancias remitidas como apoyo a su informe justificado, las cuales son merecedoras de valor probatorio pleno acorde a lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto de privación de la libertad (detención) que se le atribuye. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del contenido literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha causal de improcedencia se actualizará cuando, además de que la autoridad responsable deje insubsistentes los actos reclamados, con ello también sean destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, de una manera tal, que no exista huella de la invasión de la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Así lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración 2a./J.59/99, con número de registro 193758, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Conforme a la citada jurisprudencia, el juicio de amparo será improcedente cuando se hubiese dejado insubsistente el acto o actos reclamados, y las violaciones también hayan quedado insubsistentes, como si el amparo se hubiese concedido. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado (registro 4429), a las que se reitera, se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°, se advierte que la responsable con fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -uno de marzo de dos mil veintidós-, ordenó la salida inmediata de la Estación Migratoria de Oaxaca del aquí quejoso de nacionalidad Cubana Héctor Francisco Gutiérrez Moya, no obstante estar sujeto a procedimiento administrativo migratorio. Y lo sujetó a firmar a las trece horas los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en las oficinas de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, a partir del día cinco de marzo de dos mil veintidós, lugar en el que se encuentra la Estación Migratoria en la que se ordenó su alojamiento; y en esa misma fecha -cuatro de marzo de dos mil veintidós- notificó tal determinación al quejoso; circunstancias que revelan que en el caso, cesó total e incondicionalmente los efectos del acto combatido privación de la libertad (detención). En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que se destruyeron los efectos de la detención reclamada de forma total e incondicional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa. Sin que sea obstáculo para sostener la presente determinación el hecho de que la autoridad responsable informara mediante oficio INM/OROAX/DAJ/351/2022, que se giró alerta migratoria a nombre del quejoso, por la evasión del control migratorio, en virtud de que éste incumplió con las obligaciones decretadas para que surtiera efectos la suspensión de plano concedida a su favor (registro 4428). Ya que tal actuación no modifica la cesación de efectos de la privación de la libertad (detención) reclamada por el quejoso, aunado a que la continuación del procedimiento migratorio que se le instruye, no es materia de la litis del presente juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en cuanto a tal acto. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por el quejoso, en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ... contra actos de la Sub Representación Local Del Instituto Nacional De Migración en Oaxaca (en su denominación correcta), por las razones apuntadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios firmados por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, mediante los cuales, en el primero, en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de marzo del actual, informa que debido a que se dejó sin efectos la suspensión de plano en los términos precisados en el citado acuerdo, mediante oficio de diez de marzo del año en curso, se giró alerta migratoria a nombre del directo quejoso Héctor Francisco Gutiérrez Moya, por la evasión de control migratorio; como lo acredita con la copia certificada del oficio de mérito. Informe justificado Por otra parte, en atención al oficio restante, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad responsable rindiendo su informe justificado. Dese vista a las partes por un plazo de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Pruebas Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad las documentales que anexa a los oficios de cuenta, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 5°, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando a la citada autoridad, los correos electrónicos y los números telefónicos que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de veinticuatro horas concedido a la parte quejosa, para que se pronunciara sobre el incumplimiento de las medidas de seguridad decretadas para que surtiera efectos la suspensión de plano a su favor, y en su caso, se presentara en las oficinas de la Sub Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, para la continuación del procedimiento administrativo que se le instruye, sin que acreditara el cumplimiento a dicho requerimiento. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto inicial, por lo que queda sin efectos la suspensión de plano otorgada a su favor, de modo que será bajo el cuidado de la autoridad migratoria que tenga lugar el seguimiento de la misma. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable; asimismo, requiérasele para que dentro del plazo de tres días informe las medidas adoptadas respecto a la presente determinación en que se dejó sin efectos la suspensión de plano. Por otra parte, en atención a que de la certificación de cuenta también se advierte que aún transcurre el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.

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