Hector Francisco Gaytan Osuna

Expediente 1330/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1330/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Hector Francisco Gaytan Osuna
  • Secretario de Finanzas del Estado de Tamaulipas, Cd. Victoria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio DJI-220221-0817, que remite el Director Jurídico de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual informa los actos realizados al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. En atención a ello, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, manifieste lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento que da la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término indicado, este órgano de control constitucional se pronunciará respecto del citado cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en autos. Apoya lo dicho, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página 728, (registro 192631), de rubro: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que hasta esta fecha las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, no han dado cumplimiento al fallo protector dictado en autos, ni han informado el trámite que se encuentren realizando para tal fin. Por tanto, con apoyo en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de aquél en que queden legalmente notificadas de este proveído, informen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento dado al fallo protector, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de la Materia, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por Jaime Villarreal García, autorizado legal del quejoso, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...se declara que dicha sentencia que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Héctor Francisco Gaytán Osuna, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, y Directora General del Instituto Registral y Catastral el Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de aquél en que queden legalmente notificadas de este proveído, informen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento dado al fallo protector, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de la Materia, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. ...

  4. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1330/2019-1, promovido por Héctor Francisco Gaytán Osuna. El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 2 y 3), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con los informes justificados de las autoridades responsables. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómense en consideración los informes justificados al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a sus escritos inicial y ampliación de demanda (fojas 4 a 7 y 54 a 81); y con las documentales de las autoridades responsables Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, y Directora de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, exhibidas al rendir informe con justificación (foja 48 y 90 a 110). A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. Finalmente, en la etapa de alegatos, se da cuenta con el pedimento 748/2019 emitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 13 y 14); y con los vertidos por la parte quejosa en su escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte (foja 118). A lo que se acuerda: téngase por reproducidas las manifestaciones vertidas en el mismo, que serán tomadas en consideración oportunamente. Sin que exista promoción pendiente de acuerdo, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A V I S T O S para resolver los autos que integran el juicio de amparo 1330/2019-1; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Héctor Francisco Gaytán Osuna promovió juicio de amparo contra el Secretario de Finanzas del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de quien reclamó: "El silencio administrativo que ha recaído a mi escrito recibido por la autoridad responsable el 10 de octubre de 2019." SEGUNDO. Por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda con el número 1330/2019-1, se ordenó pedir informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita. El trece de enero del presente año, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo mediante la cual se incluyó a una diversa autoridad responsable y nuevos actos reclamados; en consecuencia, se solicitó su informe justificado, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en los términos que se anotaron en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver el presente juicio en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado lo constituye: La omisión de dar respuesta a la petición de cancelación de embargo. La negativa de cancelar el embargo sobre un bien inmueble propiedad del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea en contrario. En consecuencia, debe SOBRESEERSE en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, únicamente por lo que se refiere a dicha autoridad. No se soslaya la existencia del gravamen en favor de la Hacienda Pública, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, de once de julio de mil novecientos setenta y tres, dentro del expediente 31-1-5119 de la Tesorería General del Estado. Sin embargo, el acto inicialmente reclamado a dicha autoridad fue la omisión de dar respuesta al escrito de diez de octubre de dos mil diecinueve, en el que el quejoso solicitó levantar el gravamen aludido, pero a la fecha de presentación de la demanda aun no fenecía el término de tres meses que tiene la autoridad hacendaria para emitir respuesta conforme al artículo 39 del Código Fiscal del Estado; de ahí que deba tenerse por inexistente la omisión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 284 en la página 236, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, Sexta Época, (registro 917818), que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. En cambio, es cierto la negativa de cancelar el embargo fiscal referido con antelación, por así desprenderse de los informes justificados del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en referencia a su oficio DR-PE/003702/2019 de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 48 y 120 a 126), así como la Directora de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral, con sede en esta ciudad (fojas 87 a 89). Además, tal certeza se corrobora con las copias certificadas de las constancias respectivas que allegaron las citadas autoridades (fojas 48 y 90 a 110), que al sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 226, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro IUS 394182, que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En virtud de que no se advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. QUINTO. Es fundada la causa de pedir por lo motivos siguientes. El gravamen fiscal que agravia al quejoso es del año mil novecientos sesenta y uno, el cual subsiste sin justificación jurídica sobre la propiedad del bien raíz que la el quejoso adquirió por contrato de compraventa onerosa, mediante escritura 1664, elaborada por el notario público 320, licenciado Jorge Valeriano Meza Chapa, de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, al rechazar la petición de cancelar el embargo, en el oficio DR-PE/003702/2019 de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 48), expuso que si bien existió el juicio de amparo 467/2018-1 del índice de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, promovido por la propietaria anterior, en dicho procedimiento de control constitucional se dictó sobreseimiento, así que no es procedente la cancelación de embargo porque no le fue ordenado a ello en dicho amparo. Por su parte, la Directora de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral, con sede en esta ciudad, expone que acorde a los lineamientos que le marca el artículo 50 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, solo procede a inscribir sin enjuiciar las resoluciones administrativas o judiciales que le son enviadas para ello (fojas 87 a 89). De lo expuesto, es evidente que la autoridad hacendaria del Estado, no demostró la vigencia del embargo inmobiliario que agravia al actual propietario de la finca 215712 de esta ciudad. Cierto, la antigüedad de casi medio siglo del embargo en favor de la Hacienda Pública del Estado, efectuado por la Tesorería General del Estado antecedente histórico de la actual Secretaría de Finanzas, no fue respaldado con dato alguno del sistema de control de créditos, que justifique la subsistencia del gravamen cuestionado. Por ello, deviene jurídica y materialmente imposible que el quejoso acredite la inconstitucionalidad del citado embargo, dado que ni siquiera la autoridad acreditó la existencia y conservación de las actuaciones en mérito de las cuales persiste la afectación que se reclama. Es aplicable por identidad de razón, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 1093, registro 195293, de contenido: "ACTUACIONES PROCESALES, LA AUTORIDAD ES LA ÚNICA RESPONSABLE DE SU EXISTENCIA Y CONSERVACIÓN.- Si la Junta desestima el incidente de nulidad de actuaciones, básicamente por no haber acreditado la incidentista, la fecha en que se practicó la diligencia de notificación y emplazamiento, ni con quién se entendió la misma; tal consideración es ilegal, porque si el expediente original se extravió y debido a ello la Junta ordenó la reposición de autos y dentro de las actuaciones exhibidas no obran las diligencias correspondientes, ello no puede ser imputable a la agraviada, pues tales diligencias constituyen actuaciones procesales de cuya existencia y conservación, la única responsable es la Junta." De ahí que si las responsables no acreditaron la vigencia de los posibles créditos fiscales que motivaron el embargo y la subsistencia del mismo, el acto de molestia que persiste en la propiedad del quejoso crece de fundamentación y motivación legal. Apoya lo así estimado, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI, página 1334, que dice lo siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO.- Dos son las condiciones que deben concurrir para la procedencia del amparo: que el quejoso no compruebe las violaciones que reclama, y la autoridad responsable pruebe que no ha violado garantía constitucional alguna; por lo que, cuando el quejoso impugna la legalidad de los actos de la autoridad responsable y demuestra la existencia de ellos, es a dicha autoridad a quien toca demostrar la legalidad de esos actos y no al quejoso la prueba de lo contrario, ya que resultaría físicamente imposible rendir prueba sobre lo que no existe; y como conforme a derecho, el que niega no está obligado a probar, es claro que, si la autoridad responsable no rinde prueba alguna, procede conceder el amparo contra el acto que se reclama." Luego, debe concederse la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, deje insubsistente el embargo referido en esta sentencia practicado por la otrora Tesorería General del Estado, y por su parte la Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, proceda a la cancelación de la inscripción del gravamen en favor de la Hacienda Pública que pesa sobre la finca 215712 de esta ciudad, propiedad del quejoso. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juico promovido por Héctor Francisco Gaytán Osuna, respecto del acto reclamado y autoridad precisados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Francisco Gaytán Osuna, en contra de los actos, autoridades y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma FAUSTINO GUTIERREZ PEREZ, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

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